A última hora de un ajetreado lunes, el Concejal peronista Guillermo Satalía Méndez utilizó su cuenta en Facebook para reaccionar ante las cesantías de trabajadores de la Municipalidad de Concordia.

En los primeros párrafos, Satalía se centra en dos de las 130 personas afectadas por la falta de renovación contractual, que son colaboradoras de su equipo de trabajo en el Concejo Deliberante. Tras asegurar que ambas cumplían funciones reales, con horarios y tareas concretas, el edil disparó: el “único ‘criterio’ de desvinculación fue formar parte de un espacio político de la oposición”.

Más adelante, acusó al gobierno municipal de Francisco Azcué de haber incurrido en “improvisación, falta de tacto y ausencia total de sensibilidad”.

Aquí, su posteo completo:

¡Buenas noches! En las últimas horas, en el marco del ajuste impulsado por el Ejecutivo, fueron despedidas dos colaboradoras que se desempeñaban en mi equipo de trabajo como concejal del Concejo Deliberante de Concordia. Se trata de trabajadoras que cumplían funciones reales, con horarios y tareas concretas, y cuyo único “criterio” de desvinculación fue formar parte de un espacio político de la oposición.

Me tomé una horas para analizar las medidas del Ejecutivo y confirmar una sensación inicial: improvisación, falta de tacto y ausencia total de sensibilidad. Poner en duda que los trabajadores despedidos “no trabajaban” es una falacia más del relato oficial, utilizada para justificar decisiones que nada tienen que ver con la eficiencia y sí con el ajuste.

En política todo tiene su vuelta; los cargos no son eternos. Pero hay algo que no debería discutirse: el respeto por quienes trabajan. En lo personal, doy fe de que mis secretarias siempre trabajaron, cumplieron horarios y responsabilidades. Por eso, lo ocurrido no es otra cosa que un despido político, disfrazado de ordenamiento administrativo.

El ajuste, una vez más, empieza por el mismo lado: trabajadores y salarios. Se lo presenta como “eficiencia”, pero es una decisión política clara: trasladar el costo de la crisis a quienes sostienen día a día el funcionamiento del Estado.

La comunidad no deja de necesitar servicios porque se recorten contratos.

La salud, la educación, el control y la asistencia siguen siendo derechos, no gastos prescindibles. Despedir trabajadores es debilitar al Estado y avanzar hacia un modelo de exclusión.

Defender al trabajador municipal es defender un Estado presente y una sociedad más justa.

No hay eficiencia sin derechos, ni modernización con despidos.

Lo demás es filosofía de ajuste “eficiente” presentada como gestión moderna.