En la misma mañana en que el intendente de Concordia, Francisco Azcué, anunció desde las redes sociales que había elevado a Tribunales los resultados de una auditoría a la gestión anterior, para que se investigue la posible comisión de delitos, por mesa de entrada del Ministerio Público Fiscal ingresó otro escrito, firmado por un abogado y exconcejal del PJ, mediante el cual solicita a que se pongan bajo la lupa acciones del actual gobierno municipal, por un presunto “circuito irregular de adquisición de alimentos” que estaría –dice el texto- “reñido con la normativa de contratación del estado municipal”.
La presentación ante la Fiscalía lleva la firma de Daniel Cedro, abogado, militante peronista y exconcejal. En concreto, solicita que sea formalmente investigada la entrega anticipada de mercadería por parte de los empresarios Partarrié –padre e hijo-, a pedido de la Municipalidad, “bajo promesas de la adjudicación futura de una licitación” que finalmente no se hizo realidad.
Cedro se hace eco de sendos pedidos de revocatoria que ambos empresarios elevaron al Intendente Francisco Azcué a través de su abogado defensor, el Dr. Andrés Arias, diciendo haberse sentido “estafados”, porque no solo se los excluyó del listado de proveedores del municipio sin que mediaran –a su entender- justificativos legalmente válidos, sino que –relatan los Partarrié-, previo a ello, se les habría pedido mercadería como adelanto por la inminente adjudicación de una licitación, luego se dio marcha atrás con dicha adjudicación, sin que se le devolviera ni la mercancía ya entregada ni su equivalente en dinero.
En un escrito de 9 carillas, el exconcejal peronista afirma que “la incógnita de esa supuesta entrega ‘adelantada’ es si realmente fue hecha al Municipio de Concordia; y aún en caso que lo fuera, resulta por lo menos ‘raro’ que se haya imputado esa entrega a una licitación que no habría sido todavía concedida o perfeccionada por el instrumento administrativo correspondiente. En ese caso, esa entrega de mercadería ¿a qué licitación fue imputada? O ¿Cómo se dio ingreso a esa mercadería al Municipio?, ¿en qué carácter?”, se pregunta Cedro.
A su entender, “cualquiera de las hipótesis posibles que se puedan elucubrar” sería –dice Cedro- “reñida con la legalidad, y en modo alguno se podrían justificar en el actuar de la administración pública”.
Califica más adelante a lo sucedido como un “procedimiento marginal o paralelo de contratación” que “genera dudas respecto al ingreso de los bienes al municipio o en su caso la forma de pago de los mismos que pueden derivar en un perjuicio al erario municipal”. Y especula con un eventual “actuar irregular de los funcionarios municipales que habrían requerido bienes o mercaderías bajo promesas de la adjudicación futura de una licitación”.
La presentación en la que Cedro pide a la Justicia que investigue hace notar que “el propio proveedor se considera damnificado por una ‘ardid’ (conforme lo expone en el recurso publicado) de los funcionarios municipales que lo llevaron a realizar la entrega de la mercadería; lo cual da indicios de un hecho ilegal”, concluye el exconcejal.
Cedro especula acerca de una probable “calificación legal” de lo sucedido: “advertimos que los hechos pueden configurar un amplio abanico de conductas presuntamente delictivas que van desde el cohecho y tráfico de influencia (promesa de una adjudicación futura), malversación de caudales públicos (en el caso que la mercadería no haya ingresado al municipio), incluso el delito exacciones Ilegales (en tanto no era exigible la entrega de mercadería sin el instrumento administrativo correspondiente)”.
Por último, pide al Ministerio Público Fiscal que, a los fines de la investigación solicitada, proceda al “secuestro de los expedientes completos de licitaciones y compras directas de la Municipalidad de Concordia en los que tuvieron participación las firmas Ahora Voy S.R.L. y Paterrié Distribuciones”; el “secuestro de facturas y remitos de mercadería”; el “secuestro de los recursos de reconsideración o revocatoria” y “toda otra medida que el fiscal en turno considere adecuada para esclarecer los hechos”.
Fuente: El Entre Ríos