La semana pasada, trascendió que el Ministerio de Salud de Entre Ríos dispuso la suspensión por 30 días, sin goce de sueldos, del médico Eduardo Fabián Badaracco, profesional de guardia del hospital “Delicia Concepción Masvernat” de Concordia.
La sanción se aplicó por un caso que había ocurrido en marzo de 2021, cuando el mencionado médico era el director del Centro de Salud “Martina B. de Caminal” y ordenó, a la médica Georgina Brambilla, cesar con la aplicación del Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el mencionado Centro Asistencial, continuando solo con la Consejería”.
Según los detalles contenidos en el decreto del Poder Ejecutivo N°2.544, del 19 de septiembre último, la orden que impartió el médico Badaracco “impidió la realización de IVE/ILE durante los meses de marzo a mayo de 2021 en el ámbito del Centro de Salud Martina B. de Caminal, violando la Ley 27.610”.
Solidaridad con Badaracco
Este martes, la Asociación Civil Pastores Unidos de Concordia envió una carta a El Entre Ríos para expresar, “con profundo respeto y firme convicción, nuestra solidaridad con el doctor Badaracco y con todos los profesionales, técnicos y trabajadores de la salud que, guiados por sus principios éticos, morales y espirituales, ejercen el derecho constitucional y legal a la objeción de conciencia”.“Rechazamos toda sanción que desconozca este derecho fundamental, consagrado en la Constitución Nacional (arts. 14 y 19), en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.), como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 18) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 12), así como en la Ley 27.610 (art. 10), que reconoce expresamente la objeción de conciencia individual de los profesionales de la salud”, dijeron en contraria oposición a lo que resolvió la cartera de Salud provincial.
Piden que reviertan la decisión
Marcaron, en un documento que lleva la firma de los pastores Marcelo Ramón Miño, Darío David Buffet y Daniel Ozuna, presidente, vice y responsable de relaciones institucionales de APUC, que “la sanción impuesta no sólo vulnera derechos, sino que se constituye en un mensaje intimidatorio y de miedo hacia todo aquel que pretenda ejercer su libertad de Conciencia, generando un clima de coacción incompatible con un Estado democrático de derecho”.“Apelamos no solo al director de la institución, sino también a las autoridades superiores que lo designaron, para que reviertan esta decisión injusta y arbitraria”, solicitaron y, poco antes de finalizar, reiteraron que “la libertad de conciencia es un derecho inalienable en toda sociedad democrática, y su violación es una amenaza no solo para un médico, sino para toda la ciudadanía”.
Fuente: El Entre Ríos.