El Concejo Deliberante de Concordia aprobó este jueves la ordenanza que declara la emergencia ambiental en la ciudad. La medida habilita al Departamento Ejecutivo a implementar un nuevo esquema de recolección de residuos mediante la concesión de un sector del servicio a manos privadas.
Minutos después de la sesión, las partes salieron a decir lo suyo. Mientras que el bloque de Juntos por Entre Ríos defendió la iniciativa como una solución necesaria para un sistema "agotado", el Justicialismo denunció una maniobra planificada para favorecer contrataciones directas sin transparencia.
El argumento oficial: "Fortalecer la gestión y preservar la salud"
Desde el bloque oficialista, el concejal Felipe Sastre fue el encargado de fundamentar la postura del gobierno local. Según el edil, la decisión busca revertir años de falta de planificación en una ciudad que ha crecido notablemente."En primer lugar a la sociedad debe quedarle en claro que el objetivo de esta decisión del Ejecutivo es fortalecer la gestión de residuos que a lo largo de los años, debido al crecimiento de la ciudad y sin planificación, se fue transformando en un desafío ambiental, sanitario y hasta económico para la Municipalidad", remarcó Sastre.
El concejal subrayó que la declaración de emergencia brindará herramientas para ejecutar políticas que minimicen el impacto ambiental y permitan continuar con la erradicación de microbasurales. Además, enfatizó que la medida "se toma pensando en la gente para garantizar un servicio público que es esencial".
Clarificaciones sobre la concesión y el empleo
Ante las críticas por una posible privatización total, Sastre aclaró que se trata de una concesión parcial y que el Estado mantendrá el rol de contralor. "No se está privatizando. Como Estado vamos a estar siguiendo y controlando que se cumplan los mecanismos establecidos para que la recolección se haga en los términos que lo indique la concesión", afirmó, citando modelos mixtos exitosos en otras ciudades del país.Respecto a la situación de los empleados municipales afectados al área, el edil llevó tranquilidad al sector: "Nadie pierde su fuente laboral con esta decisión ya que los trabajadores van a ser reubicados en otras áreas de la Municipalidad, sin perder su capacidad económica ni siendo vulnerado ningún derecho".
La denuncia opositora: "Un negocio aceitado"
Por su parte, el Bloque de Concejales Justicialistas expresó un "profundo rechazo" a lo que consideran una degradación institucional del Concejo Deliberante. Los ediles peronistas cuestionaron que el proyecto fuera tratado sobre tablas y aprobado por la "mayoría automática" del oficialismo y sus aliados de La Libertad Avanza."Entendemos que la declaración de emergencia constituye un artilugio legal para eludir los mecanismos de control y transparencia, reemplazando el proceso de licitación pública por la contratación directa", dispararon desde la oposición a través de un comunicado titulado “Algo huele mal en Concordia”: ¿Emergencia ambiental o negocio?.
Cuestionamientos a la celeridad del proceso
El peronismo local calificó el proceso como un "esquema sincronizado". Según denunciaron, el operativo ya estaba en marcha antes de que se votara la norma en el recinto.• Presencia de camiones: Señalaron que la noche previa ingresaron a la ciudad cinco unidades de la empresa cordobesa Vitsa.
• Boletín Oficial: Marcaron que la ordenanza fue publicada y entró en vigencia apenas horas después de la sesión.
• Comunicación anticipada: Denunciaron que el comunicado oficial del Ejecutivo circuló antes de que finalizara la sesión legislativa.
"Todo indica que en las próximas horas se avanzará con la firma del contrato. Se trata de un esquema sincronizado que configura, sin lugar a dudas, un negocio aceitado", sentenciaron desde el bloque justicialista.
Próximos pasos y control
A pesar de las posturas enfrentadas, la emergencia ambiental ya es un hecho normativo en Concordia. El oficialismo aseguró que el proceso contará con la observación de una comisión especial de la que la oposición formará parte, buscando así dar respuesta a las demandas de transparencia.
Fuente: El Entre Ríos