Los días 3 y 4 de Febrero tuvo lugar una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga, un evento que no para de crecer gracias al esfuerzo de la entidad organizadora, la Peña La Tortuga Alegre; el respaldo de organismos públicos municipales, provinciales y nacionales; y el acompañamiento de los amantes de la pesca.
La mayoría de los visitantes que disfrutaron del torneo en el Camping La Tortuga Alegre desconocen que la posesión y administración de ese paradisíaco lugar, ubicado escasos metros aguas abajo de la Represa de Salto Grande, es motivo de una disputa jurídica y política que, al menos hasta hoy, el Estado no ha podido -o no ha querido- resolver.
No hay dudas de que el Lote 9 donde está ubicada La Tortuga Alegre pertenece al Estado provincial y que, en virtud del decreto 1198 del 28 de marzo de 2007, firmado por Jorge Busti y Sergio Urribarri, la CODESAL (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande) es responsable de su administración.
Desde entonces y hasta que Mazurier fue desplazado del cargo, la Corporación administró el camping. Pero todo cambió cuando su reemplazante, José Carlos Ostrosky, intentó tomar posesión y se lo impidieron.
Estado impotente
El día de máxima tensión para la Codesal gestionada por Ostrosky fue el 10 de marzo de 2016."Ese jueves -confió un funcionario de la CODESAL a ElEntreRíos- nos apersonamos en La Tortuga Alegre para tomar posesión. Pero nos encontramos con que el lugar estaba siendo ocupado por personas que decían ser parte del personal de la gestión anterior en el organismo. No hicimos ningún tipo de acción legal sino que comunicamos lo ocurrido al organismo respectivo y se hizo una presentación en la Comisaría Novena, con jurisdicción en la zona, dejando constancia que el abogado de la Codesal se constituyó en el predio y al encontrarlo ocupado e impedírsele el ingreso se retiró".
- ¿Qué ocurrió desde Marzo de 2016 hasta hoy?
- No pasó nada más. Lo que hizo la Codesal, por orden de José Ostrosky, fue solicitar a la provincia la autorización para hacer un proceso licitatorio para concesionar el predio.
- ¿Se pudo avanzar en ese proceso licitatorio?
- Los pliegos están siendo todavía tratados en Paraná. No se han podido publicar en virtud de que, obviamente, la ocupación irregular continúa.
- ¿A qué instancia superior del gobierno provincial informaron sobre la ocupación?
- El Tribunal de Cuentas pidió un informe por los presuntos cobros irregulares de entradas en el lugar. Codesal contestó que no tenía posesión y adjuntó una copia de la exposición en la Comisaría Novena, aclarando que en el organismo se desconocía qué tipo de posesión tenían del lugar los que están ocupándolo. Al parecer, hubo una nota enviada por una pseudo cooperativa de personal que está ahí y que, hasta que se apruebe la licitación, va a seguir.
- En el plano jurídico, ¿hay alguna duda de que la Tortuga Alegre depende de la provincia y lo que allí pase o deje de pasar es su responsabilidad?
- No hay dudas. La provincia es propietaria del lugar. La Codesal le pidió al director del registro público de la propiedad de Concordia que se expida sobre el llamado Lote 9 y respondió que pertenece al Superior Gobierno de Entre Ríos, bajo administración de Codesal desde el año 2007 con el decreto 1198, que dispuso la ampliación de los terrenos pertenecientes a Codesal aguas abajo de la represa, sumando los lotes 9, 10 y 1.
- ¿El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, sabe de esta ocupación irregular?
- De manera extraoficial se le hizo saber y admitió que Fiscalía de Estado es la que tiene facultades para actuar y poner fin a esta situación irregular, tramitar el desalojo y la recuperación del predio.
Apenas 48 horas atrás, el gobierno de Entre Ríos designó al nuevo presidente de la CODESAL, el Contador Edgardo Oneto, sucesor de Ostrosky, que tendrá el desafío de procurar destrabar esta situación irregular y recuperar para el organismo que preside y para el Estado provincial el pleno ejercicio de su responsabilidad sobre el Camping.
Tickets sin CUIT
En el mes de Junio de 2016, un informe periodístico reveló que en el camping La Tortuga Alegre particulares cobraban entrada utilizando el CUIT del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos.Leer más: Particulares facturan con el CUIT del Ministerio de Gobierno
Salvo el CUIT del ministerio que por entonces conducía Mauro Urribarri, en esos pequeños papelitos que aún mostraban el isologo de la CODESAL todo era trucho. La dirección de correo electrónico "not exist" y el número de celular 0345 156 258877 jamás contestaba.
Semanas después de aquel informe publicado por El Entre Ríos, el Tribunal de Cuentas pidió una rendición de las entradas que se percibían en el lugar y la Codesal se excusó porque no había podido tomar posesión.
En la actualidad los tickets muestran otra fisonomía.
Vale decir que en un camping que es propiedad del Estado reina la más absoluta informalidad, sin que se cumpla una sola ley comercial ni fiscal.
Debajo del importe, hay una leyenda que parece destinada a aclarar, aunque de manera confusa, que el sitio es administrado por privados, a los que NO identifica. Dice así: "El canon de ingreso sirve para pagar energía, transporte, gas y los gastos de mantenimiento del camping incluyendo corte de pasto, retiro de basura, limpieza de sanitarios y no son recursos públicos si no privados".
La Tortuga, en la justicia
Cuando en el año 2007 el decreto de Busti y Urribarri dispuso ampliar la jurisdicción de la CODESAL, de manera tal que también abarcara al Lote 9, o sea, el camping La Tortuga Alegre, quien presidía por entonces el organismo, Luis Mazurier, no dudó un segundo en ejercer el flamante poder que le habían otorgado.A diferencia de su sucesor, José Carlos Ostrosky, que intentó tomar posesión en 2016 y al encontrar resistencia se retiró y apenas si atinó a dejar constancia en la policía de lo que le había sucedido, Mazurier se hizo acompañar por 15 efectivos policiales y de Prefectura para irrumpir en el predio, sacar a la Peña La Tortuga Alegre que lo administraba, y de allí en más ejercer pleno poder de administración.
En esa causa, donde también se lo acusa por haberse quedado con el Hotel Ayuí por medio de testaferros, Mazurier está imputado por cuatro delitos: peculado, administración fraudulenta, abuso de poder y omisión de deberes de funcionario público.
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En síntesis, la Fiscalía responsabiliza a Mazurier por cuatro hechos:
1.- haberse apoderado del dinero cobrado en la Tortuga Alegre, desde el 1 de marzo 2005 y hasta el 18 de febrero de 2016.
2.- haberse apoderado del dinero cobrado en el Complejo Termal Perilago de Salto Grande, que engloba a las termas de Ayuí y de Punta Viracho.
3.- "con el claro propósito de facilitar la apropiación de los fondos que ingresaban en el organismo estatal bajo su responsabilidad, haber incumplido la obligación de inscribir en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la Corporación del Desarrollo de Salto Grande (CO.DE.SAL)".
4.- haberse apropiado indebidamente del hotel Ayuí. Para la Fiscalía, Mazurier omitió "deliberadamente asumir desde la CODESAL la administración del HOTEL AYUÍ, conforme se estableciera en el convenio celebrado entre la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos", y se aprovechó de tal circunstancia, abusando de su función, para apoderarse "ilegítimamente de todos los montos percibidos fruto del alquiler de las habitaciones de dicho hotel, conducta que llevó adelante por intermedio de Cintia del Rosario Mengeon, quien gerenciaba el hotel, y Alberto Jesús Villanueva, quien oficiaba de presta nombre".
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