En tanto, dada la “bronca” incontenida que refleja el contenido de esa misiva; antes de seguir adelante, consideramos de interés proceder a transcribir algunos párrafos de la misma, no solo por la inquietud que en ellos se pone de manifiesto, sino porque esa circunstancia viene a dar cuenta de cuál es el verdadero sentido de que se persista en entablar un diálogo, en cuyo transcurso los reclamos de este tipo, tantas veces, quedan sin respuesta.
En su carta, la entidad referida “no anda con chiquitas”, ya que en apariencia no pretende otra cosa que el gobernador “disuelva completamente la Dirección Provincial de Vialidad, porque la repartición no hace su trabajo y no sabemos a qué destina los recursos que dice invertir, porque en los caminos estamos seguros que no”.
Pero tal como sabemos, los estados de ánimo que hacen presa a una persona o un grupo de ellas, cuando aquellos son de tal entidad que provocan una suerte de ceguera, algo que explicaría la rapidez con la cual en el contenido de la carta aparece la contradicción, respecto a aquello que se acaba de mencionar en ella misma.
Algo que no podía ser de otra manera, ante la circunstancia que de ajustarse a la verdad, el hecho que nuestro ente vial provincial no se ocupa de hacer bien sus deberes, de desaparecer el mismo necesariamente otro tendría que venir a llenar su lugar.
De allí que no resulta extraño que, casi al mismo tiempo que se pide la disolución del organismo, se solicita la creación de otro, “serio y responsable, formado por técnicos y profesionales capacitados y comprometidos con su trabajo, con directivos idóneos que justifiquen, con resultados, los sueldos que les pagamos”.
De donde, la pregunta que a esta altura introducimos, dejando todavía sin respuesta la inicial, es si no es mejor, antes que solicitar la disolución de un organismo para, al mismo tiempo crear otro en su reemplazo, contentarnos con solicitar una reorganización profunda y radical del existente, de manera que el mismo comience a funcionar como debiera.
Algo que suponemos es la intención velada de la solicitud, nada más que planteada de ese modo contundente, con el único propósito de provocar un mayor impacto mediático; el que de esa manera “de rebote” llegue al gobernador, juntamente con el pedido a él dirigido mediante esa misiva.
Es que no le faltan razones, y de las buenas, a la quejosa autoría de la carta, ya que estas vienen a dar cuenta de un estado de cosas que no solo se vive en las zonas rurales de Nogoyá, sino que se repite al menos en la mayoría de los restantes departamentos de nuestra provincia.
Atento al hecho que quienes viven o trabajan en nuestros campos, no podrán menos que sentir íntimamente que esa Sociedad Rural habla también de ellos; cuando ve escrito lo siguiente: “Somos productores, la mayoría de nosotros vive en el campo donde trabaja, tenemos entre 30 y casi 80 años, y junto a nuestras familias sentimos que representamos el presente y el futuro de nuestra actividad, que generación tras generación transitamos los caminos rurales del departamento y podemos decir que somos testigos vivos de la progresiva degradación estructural y grosera falta de mantenimiento que sufren los mismos”.
Debe quedar claro que no es necesario contarles a los vecinos de otros lares de la campiña entrerriana, porque han vivido en carne propia todo lo que en la carta se relata. Cuando en ella se señala que “hace unos 20 ó 30 años contábamos con varios ripios en los caminos troncales, ripios que hoy han desaparecido; puentes Bailey que fueron colocados provisoriamente y hoy se caen a pedazos, porque eran justamente eso, provisorios; alcantarillas rotas o tapadas que hacen que el agua circule por la calle, socavándola”.
Nada sobra que nadie sepa en lo que es la substancia del reclamo, aunque se debe admitir que hay una cosa que falta, cual es la referencia a la falta de control de la Dirección Provincial de Vialidad a la manera que empresas contratistas llevan a cabo la construcción de los caminos a ellas encargados; falta de control que se hace evidente, al estar comprobado que muchos de ellos empiezan a romperse casi al mismo tiempo en que la obra se entrega “terminada”, como hemos insistido en denunciarlo con una suerte con gusto a nada, que esperamos no se repita en el caso del reclamo de esa Sociedad Rural, en lo que ella tiene de razonable.
Pero volvamos a centrarnos en los interrogantes iniciales, de los que solo en apariencia nos hemos apartado. Nos preguntábamos ya en el título mismo, a quién y por qué le envía cartas Juan Pueblo, entendiendo por éste a todos y cada uno de los que aquí vivimos y los grupos que conformamos; dado que también es una parte de aquel, esa entre enojada y desesperada Sociedad Rural.
Los tiempos cambian y cambian los nombres. Existieron en su momento, con similares características a esa carta, conocidos documentos designados como “memorial” o “memorial de agravios”. Se trataba de documentos en los cuales se respetaban todas las formalidades imaginables, y en los que en un tono pausado y que esforzaba en mostrarse objetivo y persuasivo, se ponían de manifiesto reclamos a las autoridades.
Ejemplos celebérrimos de ellos los encontramos en “La representación de los hacendados” que dirigiera Mariano Moreno al Virrey Cisneros, en días previos a nuestra independencia, aunque no lleva ese nombre, y el que precisamente con ese nombre dirigiera Camilo Tores y Tenorio (¿tendrá algún vínculo con nuestro casi contemporáneo sacerdote guerrillero de esa misma tierra y con el mismo nombre?) en la representación del muy ilustre Cabildo de Santa Fe a la Suprema Junta Central de España en 1809, en los prolegómenos de la declaración de independencia de Nueva Granada.
Existió y todavía existe el empleo de las “cartas abiertas”. Como son aquellas que permiten ser leídas por una amplia audiencia, pero que están dirigidas generalmente a un alto funcionario o un grupo de ellos, cuando no a la sociedad entera como depositaria de la soberanía. Entre las famosas de este tipo, se encuentran “J'accuse” ("Yo acuso") de Émile Zola sobre el Caso Dreyfus, y la que dirigiera el escritor compatriota Rodolfo Walsh, casi al borde de su muerte, a la Junta Militar del proceso iniciado en 1976.
El aflojamiento de las reglas, la democratización de los usos y costumbres, la cortedad e incluso la incorrección temida o temeraria al momento de escribir ha hecho que ahora se hable de “cartas públicas”, las que de un tiempo a esta parte han comenzado a entremezclarse con los tuits y otras parafernalias que conviven en el universo digital.
Pero nos gustaría referirnos, para concluir, a una categoría de cartas que en su momento así lo eran, que los votantes de una circunscripción dirigían a “su” representante en la Cámara de Representes de los Estados Unidos, expresándole una queja -la que podía ser tanto por actos suyos o por su cómoda pereza-, denunciando situaciones que debían ser atendidas, o efectuando reclamos o solicitudes que hacían al común. Las que eran escrupulosamente respondidas y atendidas, por lo demás que el esfuerzo que ellas ponían en movimiento pudiere llegar a tener una suerte esquiva.
De donde cabría suponer que es a ellos, en forma prioritaria, a quienes deberían los integrantes de esa multitud que integran -y que nos incluye- a Juan Pueblo dirigir las suyas, ya que el mismo entre sus funciones cuenta no solo la de legislar, sino de ser procurador de los intereses e inquietudes que hacen al bien común, comenzando por el de sus representados considerados en forma global, yendo más allá de limitarse el rol de gestor de simples mandas particulares, de quienes acceden a ellos con ese objeto.
Queremos suponer que las cosas podrían cambiar si así actuáramos. Dado que en la actualidad son muchos los que piensan que “nuestros representantes se representan solo a sí mismos”. Algo que puede no ser verdad, aunque muchas veces lo parece.
