Los cambios, que prometen transparentar el sistema actual, deberán plantearse en la Legislatura que de una clara heterogeneidad luego de las elecciones de 2015, atraviesa ahora un nuevo debate que podría modificar la representación de las fuerzas.
Ese conglomerado de legisladores, más allá de las pertenencias políticas, debe resolver de cara hacia 2019 la geometría electoral del partido que representa y en medio de ese cálculo está nada menos que la concepción de una nueva norma que tiene como cara visible la boleta única pero que aspira de fondo, a varios otros puntos más.
De todos modos el camino para alcanzar ese cambio no parece tan recto. O al menos tan simple. No se trata sólo de levantar la mano en una dirección u en otra. La reforma que apuntala la provincia y que impulsó originalmente la Nación, tiene algunos pasos previos a revisar en la provincia.
Para el caso, tanto radicales como peronistas no han mencionado públicamente cuál será el criterio que se defenderá frente a la polémica pero constitucional cláusula de gobernabilidad que algunos observan con sospecha.
De hecho, la diputada de Cambiemos, Ayelén Acosta, reparó en tal cuestión y anticipó que de su puño nacerá un proyecto que apunta a zanjar esa ecuación tan favorable para el gobernador, prevista en los artículos 91 y 236 de la carta provincial y que para evitarla deberá someterse a esa fina cirugía.
Retomando la idea de Acosta, la pregunta en cuestión es si ese cambio será el único y estará determinado en forma exclusiva por el núcleo pétreo de las modificaciones a introducir o si demandarán los espacios políticos, o sus representantes, signos más profundos como los de modificar los plazos de los mandatos, cuestión sobre la cual se vuelve recurrentemente y que quedó como un souvenir de la rivalidad entre Busti y Urribarri, plasmada en la Constitución.
Interesante es el planteo de una reforma constitucional tan sobre la hora de un año electoral, porque de hecho sería inviable superponer la campaña con una convención constituyente aunque no se reúna más que para saldar esa específica cuestión.
El punto sería, como en la Legislatura, la relación de fuerzas. Bajo la perspectiva de que las últimas elecciones le han sido muy favorables a Cambiemos, no sería erróneo pensar una convención con mayoría propia, pero la decisión del Congreso radical también podría traspolarse a ese espacio con lo que se cumpliría la premisa matemática de que todo aquello que no suma, resta.
Igualmente, suena hasta utópico que el diseño de una reforma se ajuste a un tópico que ningún candidato a futuro gobernador estaría dispuesto a ceder.
La cláusula de la gobernabilidad o el mismo sistema D´Hont ha sido tildado por muchos como injusto porque lesiona a las minorías o, para decirlo de otro modo, atenta contra el derecho que tienen de estar representados en tanto tener igual condición.
En esa misma dirección fue escrita la ley Castrillón, tal el apellido de su autor y ahora presidente del Superior Tribunal de Justicia local.
La norma, que propios y extraños se han empeñado en derogar, pero con poca convicción o apoyo, cercena la posibilidad de representación de las minorías, una cuestión que como el peronismo, también tiene pendiente de solucionar el radicalismo.
La paradoja es que los mentores de la ley Castrillón son ahora las expresiones minoritarias que antes quisieron callar y que curiosamente, necesitan ahora el espacio que antes no facilitaron
La reforma hasta ahora es clara en cuanto a la intención de transparentar el proceso y tornarlo más ágil, y traducir con mayor fidelidad el estado de opinión pública y sus preferencias en el poder. Resta saber si la batería de ideas que acompañará este proceso tendrá esa carga virtuosa o si, impregnada por el fragor electoral, se perderá en la alquimia de lo que pudo ser y no ha sido.
