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Inscripción que llevarán autos oficiales de ER
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El funcionario usó un vehículo oficial como si fuera propio para un viaje particular. Chocó y lo descubrieron. Será despedido. El caso sienta un precedente importante que eleva los niveles de exigencia sobre el funcionariado. Además, equipos de tecnología preparan una plataforma para denuncias ciudadanas de casos similares.
Viajar “gratis”
Oscar Balla, Secretario de Trabajo de Entre Ríos, intentó viajar gratis junto a sus amigos para participar de un encuentro de fútbol de veteranos en Mendoza. Y las irregularidades fueron varias: pidió viáticos oficiales para ese viaje; se llevó una camioneta oficial; no fue con el chofer que es el único autorizado a conducir el vehículo y, por si fuera poco, chocó en el camino provocando graves daños a la camioneta. La historia del caso del Secretario de Trabajo marca un antecedente importante en las decisiones políticas de la provincia de Entre Ríos. A pesar de los intentos de explicación del funcionario (que adujo haber pedido viáticos para un viaje oficial de dudosa existencia), la Ministra de Gobierno Rosario Romero le requirió la renuncia y anticipó su inminente separación del cargo.

Como en tantas otras ocasiones, se trata de uno más de los innumerables casos en que funcionarios e incluso empleados estatales utilizan los vehículos oficiales para viajes particulares. Los usos van desde una escapada de fin de semana a espaldas de la administración pública hasta usos a la vista de todos paseando con la familia los fines de semana. Eso sí, los arreglos del auto, el combustible y la amortización por el paso del tiempo, la pagamos entre todos.
Tolerancia cero
Hasta ahora, estas acciones generalmente no recibían ninguna pena. No se labraban sumarios administrativos; nadie recibía una sanción y no se radicaban denuncias judiciales por abuso de autoridad como hubiera correspondido en todos estos casos.

Sin embargo, el cambio de época que atraviesa la política ha elevado los niveles de exigencia ciudadana hacia el comportamiento de los funcionarios. Hoy son los propios vecinos los que alertan de estos casos de abuso de autoridad en las redes sociales y los medios de comunicación. Y por primera vez en mucho tiempo, la política ha reaccionado eyectando del Gobierno al funcionario en cuestión. A eso se suma la decisión, acelerada esta semana, de identificar a todos los vehículos con una insignia oficial que permita distinguir rápidamente cuando se trata de un auto que pagamos entre todos los contribuyentes.
Tecnología mata avivadas
El desarrollo de tecnología vinculada a medios de transporte puede aportar soluciones simples y rápidas para este tipo de situaciones. Los GPS permiten monitorear en tiempo real dónde está ubicado cada vehículo, qué distancia recorrió y cuánto combustible consumió. Desde una única computadora se podrían monitorear la totalidad de los autos y vehículos oficiales, e incluso generar reportes fáciles de analizar que permitan no sólo controlar el uso de esos bienes del Estado sino también generar acciones que permitan hacer más eficiente el gasto.

Mientras estas decisiones se procesan al interior de los Gobiernos, desde algunos equipos de tecnología ya trabajan en crear iniciativas de participación ciudadana que pongan freno a estas formas de abuso de parte de algunos funcionarios. En el equipo de desarrollo de Datos Concepción preparan una plataforma web de denuncias para que los vecinos tengan acceso a la lista completa de vehículos oficiales de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y en una acción simple y anónima puedan reportar alguna irregularidad en el uso de un auto, camioneta o camión que pertenezca al Gobierno local. Si realmente hay voluntad política para avanzar con estos mecanismos de control y sancionar a quienes hagan un mal uso de los autos oficiales, esta herramienta online será un insumo fundamental para iniciar la investigación administrativa y constatar cada denuncia de los vecinos.

El funcionario que usó un auto oficial para un viaje particular será expulsado de la gestión Bordet. Y eso sienta un precedente importante que eleva la vara de los controles públicos sobre el uso de los bienes del Estado.
Fuente: El Entre Ríos Edición Impresa

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