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El pasado domingo, tuvimos la oportunidad de insertar en nuestra plataforma digital, una nota de la que era autor Luciano Borcard, periodista vinculado a este medio. Sin que nos detengamos a establecer sus méritos, por comprendernos aquello que, en el mundo judicial, se conoce como “las generales de ley”, nos parece de interés volver sobre el meollo de la misma. El cual, según nuestra interpretación se encuentra en dos circunstancias puntuales.

La primera es que un concurso convocado por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) hace de esto más de cinco años atrás, la participación estaba limitada a hijos de empleados del organismo en todas sus dependencias -incluidas las que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario-, dado lo cual quedaba excluido cualquiera que no cumpliera este requisito.

La segunda es que, ante la circunstancia no se permitiera participar en el mencionado concurso, a un interesado en hacerlo que no reunía la exigencia indicada, referida a ser hijo de un integrante del organismo, el mismo efectuó una presentación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), acerca de la cual, este Instituto acaba de pronunciarse. En ese dictamen se señala que con ese argumento se pretende justificar, en nombre de la idoneidad y la transparencia el hecho de formar castas familiares en los organismos estatales. (En el dictamen se hace equivocadamente una referencia a la “transparencia” junto a la “la “idoneidad”; ya que la transparencia, no juega ningún rol en la cuestión).

Es por eso que también el dictamen referido, resulta acertado cuando advierte que “es un requisito totalmente arbitrario, sin ningún tipo de justificación funcional, dejar afuera a postulantes por su familia de nacimiento”. O sea, no ser hijo de alguien que trabaje para ATER. Ya que el Estado tiene obligaciones de evitar la discriminación en todos los ámbitos y de promover, por el contrario, la inclusión de los grupos que históricamente han sido segregados de los empleos formales”. No puede dejar de señalarse que la lectura de esos argumentos resultaría gratificante, si en el ámbito de los hechos –como también suele suceder en otros sectores de la realidad- en que evidentemente se nos ve marchar en sentido contrario.

Es que a lo largo del tiempo se ha asistido como una grave corruptela, dada la cual la “idoneidad en el acceso a los cargos públicos” es una práctica constitucionalmente instituida, ha quedado derrumbada en los hechos por la priorización que se hace de prácticas en las que un “nepotismo ampliado” ya que no solo se trata de “ubicar”, por no decir “ acomodar” a los parientes directos, incluyendo a los de él o la cónyuge y sus respectivos parientes, sino que se lo ha ampliado a los amigos y los familiares de los amigos”. Se trata de una situación que no es de hoy – y que no se hace presente en nuestro caso, dado que no es parte de la explotación de la “cantera política”, está prevista en muchos acuerdos paritarios, por presiones sindicales- pero que se la ha visto consolidarse y extenderse, de una manera cada vez más acelerada en las últimas décadas.

Es así como ahora se hace presente en muchos casos, una práctica que viene a cerrar el círculo, cuál es la de los fraudes que se incurren en el caso de cargos concursados, producto de diversas e inescrupulosas artimañas. Una circunstancia que ha llevado a que se observe con mayor frecuencia hacer referencia entre nosotros a la existencia de “castas” –no en el sentido tradicional del término, el cual pone el acento el acento en ”estratos sociales que no se mezclan con los demás”; sino en el mismo sentido con el que se habla de “familias”, de “roscas” o de “núcleos oligárquicos”- aludiendo a grupos cuyos miembros por encima de las diferencias de todo tipo que puedan existir entre sus miembros, se los va aparecer unidos cuando se hace necesario actuar en defensa de sus privilegios.

Y la aceleración señalada de esa corruptela tiene entre sus causas. aunque ella no sea la única, la forma en que se han obturado los canales de movilidad social, lo cual nos solo nos ha llevado a un mero estancamiento, sino que, como resultado de nuestro prolongado estado de crisis, se está en estos momentos convirtiendo en una “situación de movilidad descendente”. Consecuencia de ello la cual no solo vemos incrementar el número de pobres, sino que ha comenzado a "engullir" a nuestra clase media. Consecuencia de lo cual estamos asistiendo a la peor de las “nivelaciones”. La que puede llevarnos a terminar a todos en la pobreza; ya que la nivelación producto de la movilización social ascendente, viene acompañada por la valorización del trabajo y del esfuerzo y la necesidad de reconocer el mérito, como ingredientes disruptivos en nuestro proceso de decadencia.

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