Es que obviamente, aunque se trata de acontecimientos de magnitudes abismalmente distintas, de cualquier manera podrían aplicarse esas palabras al convenio celebrado recientemente entre la Comisión Administradora del Río Uruguay, la Municipalidad de San José y la Escuela Normal Superior de Villa Elisa. Yendo hacia atrás, como la mejor forma de seguir avanzando, debe recordarse que la municipalidad mencionada, impulsó la creación y puso en funcionamiento una un programa a través del cual se cursa una tecnicatura en enología y fruticultura.
Ahora por el convenio al que se hace referencia se abre la posibilidad de que docentes y alumnos de esos cursos, puedan viajar a Paysandú, con el objeto de desarrollar prácticas de aprendizaje e investigación, sin abonar peaje alguno por el paso del puente que une a Colon con Uruguay, con el objeto referido y en ambas direcciones.
Aunque ello no se encuentra suficientemente explicitado en la gacetilla de la que disponemos, debe tenerse por descontado que igual franquicia están en condiciones de utilizar los sanduceros que se trasladen a San José con idénticos propósitos. Dejando de lado las verborrágicas manifestaciones que lo adornan, debemos explicar por qué damos a lo sucedido tanta importancia. Es que, si bien no puede desconocerse el provecho que significó para los vecinos de las dos orillas del río la construcción del puente señalado, la verdad es que una “integración” verdadera en todos los aspectos de la vida cotidiana de ambos vecindarios, no estuvo a la altura de las expectativas que en los momentos de la finalización de la obra existían.
Ello a nuestro parecer -dejamos constancia que lo anterior y lo que sigue es materia opinable- si bien quedó de esa manera superada de una manera definitiva para la separación física, la exigencia del pago de peaje para su utilización por parte de ambas comunidades vecinas significó la instalación de una barrera virtual de un espesor relativamente distinto en circunstancias diferentes entre esas comunidades.
De donde viene a resultar claro que el convenio a que venimos haciendo mención constituye una pequeña y hasta ínfima rajadura en esa barrera virtual. Es que las mismas razones que resultan válidamente atendidas por esa comisión administradora, pueden también ser de una manera igual válidamente invocadas por otra gran cantidad de vecinos, a los que no se les puede de una manera razonable negarles la igualdad de trato, que no es que por otra parte en nuestros dos países tiene jerarquía institucional.
Un criterio que ha sido largamente sostenido desde estas columnas en forma editorial, desde hace ya mucho tiempo atrás, y que encuentra en ese convenio un refuerzo invalorable a su fundamentación. Porque trayendo a colación los mismos argumentos que sustentan lo acordado en este caso, sirven para arremeter a la barrera que, salvo por ese pequeño orificio, permanece en pie.
Y como se sabe, seguimos yendo por más. Insistiendo en ser tratados de la misma manera que ocurre en las ciudades fronterizas de Uruguay y Brasil, separadas nada más que por una calle. Ya que al fin y al cabo no es significativa la diferencia entre un puente y una calle, a los efectos que aquí dejamos planteados.
