Mucha gente, azuzada por periodistas de los medios de comunicación tradicionales y por opinadores en las redes sociales, reclaman cada tanto por mejoras en las prestaciones jubilatorias. Lo hacen como si el monto de las jubilaciones y pensiones pudiera ser definido de manera caprichosa por los gobiernos, culpables eternos de su magrura, que suponen fruto unívoco de su mezquindad e insensibilidad social. Es sencillo dilapidar recursos teóricos sin asumir responsabilidad alguna sobre ellos, y es complejo asignar recursos reales cuando los mismos son escasos y se debe responder por su uso.
Cuando se dice que un sistema previsional es de reparto, se indica que en él los recursos disponibles para atender las prestaciones son distribuidos por su administrador. En tiempos que hoy parecen remotos, los aportes de la masa de trabajadores aportantes alcanzaban para que su distribución atendiera todas las necesidades del sistema previsional. Con el paso del tiempo, el aumento de la longevidad, que no fue acompañado por un ajuste proporcional en la edad para jubilarse, produjo el resultado que cabía esperar: dejaron de ser suficientes los aportes de los contribuyentes al sistema previsional para atender todas las prestaciones. Fue necesario que éstas cayeran en términos reales, en un primer momento. Más tarde, ni siquiera ese ajuste alcanzó, por lo que el sistema comenzó a demandar aportes del fisco en general para sostenerse. Recursos que deberían destinarse a otros usos, como la infraestructura vial o los salarios de los trabajadores del sector público.
La cosa ya venía bastante mal, y empeoró cuando un gobierno innatamente populista decidió aumentar el número de prestatarios, con independencia de los años de aportes al sistema que habían acumulado, y luego cuando otro gobierno, que no parecía populista pero sufrió un ataque temporal de populismo, decidió reparar históricamente los haberes jubilatorios otorgándoles un aumento permanente, financiado con un ingreso no recurrente, generado por un blanqueo de capitales.
Este encadenamiento de problemas estructurales, falta de reacción gubernamental y populismo va llevando a que la cosa en algún momento no dará para más: ignorar los avances de la medicina para prolongar la vida ha sido demasiado costoso, y demanda a los gritos un arreglo. En Entre Ríos, la cosa no dio para más. Por eso, esta semana se aprobó en la legislatura entrerriana la ley 11.302, que busca corregir años de descalabro en el sistema previsional con medidas razonabilísimas, inentendiblemente postergadas, como llevar la edad de jubilación al patrón nacional, y con otras medidas menos razonables, pero entendibles, como el aumento de los aportes y contribuciones de asalariados y empresas al sistema previsional, para evitar su colapso. El pato de la boda siempre lo pagan los mismos, nunca los culpables del despilfarro anterior.
Pedir al mismo tiempo que no aumenten la edad de jubilación ni los aportes al sistema, o que se ajusten al alza las prestaciones, es un imposible que solo existe en los discursos de los demagogos. El sistema de reparto recibe un número finito de recursos, y no más que esos, para repartir.
Entre 1994 y 2008, un sistema de capitalización coexistió con el sistema de reparto. En tal sistema, los trabajadores registrados contribuían a una cuenta individual, con la que se esperaba que sostendrían la mayor parte de sus prestaciones futuras. La transición del sistema de reparto al sistema mixto generó, como se esperaba, un desfinanciamiento temporal del sistema jubilatorio de reparto. Nos quedamos sin saber si ese agujero se corregiría con el tiempo, como los cálculos actuariales suponían, pues las cuentas individuales fueron expropiadas sin indemnización alguna durante el primer mandato de Cristina Kirchner.
No sólo en Argentina, sino en todo el mundo, los sistemas previsionales están en crisis. El crecimiento poblacional y el envejecimiento paulatino de la población hacen que no cierren las cuentas: la misma cantidad de aportes al sistema no pueden cubrir las prestaciones para más gente durante más tiempo. Se puede aumentar el tamaño de los aportes o la edad de jubilación. Apremiado por la hereje necesidad, la provincia hizo ambos. De no hacerlo, solo hubiera quedado bajar las prestaciones.
