Considero que para entender bien lo que sigue, es necesario partir del hecho que me encuentro comprendido entre aquellos que desean que la gestión presidencial de Alberto Fernández resulte no solo exitosa, sino que lo sea hasta el mayor extremo inimaginable.
Por Rocinante
Soy consciente que esa no es la forma habitual de mirar las cosas a ambos lados de la grieta, cuando de cambiar el signo político de quienes están en el poder, ya desde antes de que asuman están, muchos de los que se van, bajo la forma de un pronóstico, están haciendo patente sus deseos más fervientes de que a los que llegan al gobierno les vaya lo peor posible, sin ponerse a reflexionar que de esa manera significa no importar que, a la postre, nos vaya mal a todos. Inclusive a quienes así tienen este tipo de deseos.
Algo que no debería extrañarnos, ya que existe un ingrediente inefable en el carácter de la mayoría de nosotros, que se lo ve expresado en el ámbito deportivo de una manera frecuente, cuando vemos a los hinchas de los dos equipos que, según se dice, cuentan con el mayor número de seguidores, cuales serían Boca y River, se los ve expresar públicamente el deseo y luego la alegría ante el deseo consumado, de la derrota del otro en la etapa final de un campeonato internacional, en el que uno de ellos enfrenta a un equipo extranjero.
Y si actitudes de este tipo son siempre indeseables, lo son más aun en momentos como los actuales en los que la situación nacional da cuenta de un estado de cosas, al que voces agoreras describen como casi terminal. Y que aunque lejos se esté de compartir ese diagnóstico, resulta claro que resultaría alarmante no ser conscientes de su gravedad.
Es por ello que las consideraciones que siguen, espero que nadie en todo lo que señala, pueda ver algo distinto que contribuciones honestas a prevenir desvíos o solicitar rectificaciones, en el accionar gubernamental en el plano institucional.
Ese enfoque a la vez significa que en lo que se dice de aquí en más dejaré de lado todas las especulaciones de todo tipo, e inclusive con distinto grado de verosimilitud, acerca de la existencia de un gobierno de doble comando, sino que a la vez me abstendré de efectuar cualquier mención a los pasos que da el gobierno actual en el plano económico social.
A la vez, no puedo dejar de señalar, que esta larga lista de explicaciones y precisiones, no resultarían necesarias si se diera el caso deseable de que viviéramos en un país en serio, el que no es palpablemente nuestro caso, en los que se dan muestras de una sensibilidad muchas veces obnubilada y a flor de piel, que de no andar a pie de plomo (y a veces haciéndolo así) son a la vez de fácil y exagerada reacción como total o cuando más parcialmente impermeables a cualquier postura en la que se vea una contradicción a su manera de ver las cosas.
De transgresiones institucionales innecesarias, pero onerosas
De esa manera vengo a aludir a acciones de carácter institucional, que en el mejor de los casos se encuentran a punto de traspasar los límites establecidos en las pautas institucionales; cuando no se tenía incluso desde el gobierno necesidad de llegar a esos extremos, que como hemos dicho, son por lo menos cuestionables, para poder alcanzar sus objetivos.Ese tipo de situaciones se hizo presente en el caso de la actuación de Daniel Scioli, en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, en la que se debía tratar las reformas al régimen jubilatorio de excepción, para los jueces y diplomáticos. No daré opinión alguna sobre esta cuestión, porque considero que no es esta la oportunidad de hacerlo. Solo me limitaré a señalar que los diputados del bloque de la coalición Cambiemos anticiparon su decisión de no dar quorum para que el cuerpo sesionara, por haberse la bancada oficialista negado a abrir la discusión de ese proyecto, y con ello la posibilidad de que se introdujeran cambios en el mismo, dado lo cual contra lo que son las buenas prácticas parlamentarias, exigían la aprobación del texto tal como había sido enviado el proyecto de ley, como había sido enviado por el Poder Ejecutivo a libro cerrado.
Debe permitírseme aquí una digresión para señalar que el único caso en la que cabría aprobar un proyecto de ley de esa forma, es decir sin dar la mínima oportunidad de debatirlo e inclusive de introducirle cambios, es en el caso que el mismo cuente con el apoyo unánime de los integrantes del cuerpo. Es que actuar de otra forma guarda un no lejano parecido con dictar una sentencia por parte de un juez, sin admitir la prueba que el acusado ofrece para defenderse. A ello debe agregar una duda que mantengo, acerca de si el abstenerse a contribuir a no dar quorum en una sesión de una cámara, es un procedimiento parlamentario frecuente, aunque mi postura es en principio, aunque en forma vacilante, a no tenerla por admisible (la solución no pasaría, como pasa con el régimen de las sociedades, que transcurrido un determina lapso desde la hora fijada para comenzar la sesión, el quorum se conforme con los legisladores presentes).
En tanto la cuestión en los hechos, estaba vinculada con la dificultad del oficialismo para conseguir el quorum exigido (la presencia de la mitad más uno de la totalidad de los diputados), ya que le hacía necesario contar con la presencia de un diputado más, para reunir el quorum. Y allí fue donde apareció Daniel Scioli, que votó a pesar de tener el acuerdo del senado para ser designado como embajador en Brasil y estar cumpliendo esas funciones.
La otra cuestión se produjo en el Senado de la Nación, en ocasión que ese cuerpo se reunió para prestar su acuerdo a la designación de quien ya en la Cámara de Diputados había conseguido la media sanción para esa designación. Se hizo presente aquí la cuestión de si ese proyecto con media sanción, había o no perdido su estado parlamentario, que exige que una iniciativa aprobada por una cámara deja de estar viva, es decir que se ha extinguido, cuando ha transcurrido determinado lapso. En el caso concreto, la cuestión pasaba por la manera de ser contado los días, ya que de ello dependía el estado en que se encontraba la propuesta. La Presidenta del Senado dio por válida su interpretación, sin consultar al cuerpo, y la sesión concluyó con la designación, después de quince años, del Defensor del Niño. Omito, por las mismas razones indicadas más arriba, aludir a la postura de fondo de los cuestionadores.
Los hechos relatados, pueden considerarse como anecdóticos, ya que en uno y otro caso, más a la corta que a la larga, el oficialismo se hubiera salido con la suya. En el caso de la Cámara de Diputados, porque el reemplazante de Scioli era del mismo signo político, y una vez incorporado al cuerpo, hubiera contribuido a formar el quorum y que el proyecto de ley referido obtuviera media sanción. En el caso del Senado no había ninguna razón para hacer prevalecer la opinión de la Presidenta en una cuestión de interpretación que sometida a la consideración del cuerpo hubiera sido resuelta en la misma forma.
Pero lo que les quita el carácter de anecdótico, es la circunstancia del peligro cierto de que este tipo de acciones lleguen a ser consideradas por la opinión pública como que quienes gobiernan tienen la inclinación a ser nada cuidadosos, en el respeto a los formalismos institucionales, y por ende dispuestos a actuar sin freno. Todo ello cuando en materia institucional el respeto a las formas, constituyen una exigencia inescindible del contenido del acto.
La designación para ocupar funciones públicas relevantes de personas prontuariadas o sus abogados
Al respecto me limitaré a apuntar al hecho en sí, sin mencionar nombres. Ya que me ciño a mi objetivo señalado desde el comienzo, que no se trata aquí de personalizar con nadie (la excepción fue el caso de Scioli porque no encontrara otra alternativa), sino apuntar a una situación que resulta de gravedad institucional manifiesta.No se trata de hacer valer aquí el principio de la presunción de inocencia, sino de remitirse a la exigencia de contar con la ficha limpia como requisito imprescindible de elegibilidad, como lo introdujo en su momento Lula da Silva en el Brasil.
Es que sin contar el costo que paga el actual gobierno tanto en el interior del país como afuera, por hacer trepar a esos cargos a personajes totalmente desconceptuados en la opinión pública, no se puede pasar por alto el deterioro institucional, en cuanto contribuye a su desprestigio, este tipo de nombramientos. Viene a cuento la fábula aquella de que el emperador Calígula nombró como cónsul, uno de los más prestigiosos cargos todavía en la Roma imperial, a su caballo favorito. Es que no se trata de que el actual oficialismo carezca de hombres y mujeres probas, de capacidad y formación sobresaliente y de vocación por el bien público entre los cuales pueda elegir al momento de la designar funcionarios. Es que como en el caso precedente, actuando de esa manera y sin que eventualmente no sea ella su intención, se da la impresión en la opinión pública de una convicción discepoliana de que todo es igual, nada es mejor…
En medio de una sociedad en la que aparecen intentos claros de enseñorear la doctrina del lawfare
Pero, ¿todo es realmente igual? ¿Es cierto que nada es mejor? De ser así habría que concluir que a la postre todo está perdido. De donde esa afirmación pesimista hasta un fatalismo inevitable, se hace presente en diversas formas, en quienes tienen mala conciencia, de una manera implícita pero siempre en apariencia tranquilizadora.La primera de ellas se la encuentra en el amoral. Es decir por no conocer o aceptar ninguna regla considera su forma de actuar siempre, y aunque no lo sea a la luz de la moral y del derecho como inobjetable. La segunda, es ya un mecanismo deliberado de defensa, ya que partiendo del reconocimiento de su propia conducta como contraria a las reglas, la justifica señalando que a la larga o a la corta todos vienen a comportarse de la misma manera. La tercera, que es un mecanismo pleno y explícito de defensa, reside en considerase libre de culpa, pecado y delito, y atribuir el hecho que así sea considerado a una maniobra malévola en la que actúan jueces venales en coordinación con medios de prensa perversos.
Es aquí donde nos encontramos en presencia de la doctrina del lawfare, la que como ya lo hemos tenido ocasión de señalar, ha sido entronizada por un actual gobernador provincial como doctrina oficial para pretender justificar tanto lo injustificable como lo válida y razonablemente cuestionable a la hora de efectuar designaciones.
Paso a transcribir literalmente, lo que señala una enciclopedia a su respecto. El término inglés lawfare, cuya traducción habitual al español es imprecisamente realizada como guerra jurídica o guerra judicial, es una expresión inglesa cuyo uso se ha generalizado a partir de la primera década del siglo XXI, para referirse al uso abusivo de los procedimientos legales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, con el fin de provocar repudio popular contra un oponente. La palabra es una contracción gramatical de las palabras "law" (ley) y "warfare" (expedición bélica).
Texto del que aquí solo quiero destacar que puede ser utilizado como una estrategia defensiva u ofensiva, cuando se está ante una que participe de ambos objetivos. Entre nosotros, a miembros de anteriores gobiernos y que han vuelto ahora al candelero lo hemos visto y lo estamos viendo utilizados en las dos formas.
Y acaba de abrirse el intento de conformar un escudo defensivo sobre esa base, por parte de un grupo de senadoras nacionales que han presentado un proyecto de ley por el cual al enumerar nueve condiciones que hacen posible la nulidad de un procesamiento en el caso especufico de un funcionario imputado de un acto de posible corrupción, cuando la publicidad de esa circunstancia por parte de uno o más medios de comunicación masiva, pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución.
En suma de esa manera, se cercenaría la libertad de prensa y los funcionarios investigados en causas de corrupción quedarían blindados, todo al mismo tiempo y en un solo envase.
