Los tribunales de Comodoro Py
Los que conocen los edificios de los tribunales de justicia de la capital argentina saben que el emblemático edificio de la zona portuaria, ubicado a la altura 2002 de Comodoro Py, es muy distinto a los demás.Por Rocinante
Hay luz, espacio, y está en buenas condiciones edilicias. La gente se conoce entre sí, no hay filas en los juzgados, y el trato a los abogados es personalizado. Cada vez que se camina por esos amplios pasillos se nos presenta la sensación que así deberían ser todos los tribunales.
Sin embargo, la contracara de esas buenas impresiones es que se trata de un lugar clave para la generación de desigualdad y pobreza, y que es especialmente relevante para los negocios oscuros que se producen afuera de las paredes de Py. Es en ese edificio donde se cocina la impunidad que necesita el poder para beneficiarse indebidamente sin ser sancionado, ni tener que pagar costos por sus actos ilícitos.
Las bajas tasas de persecución de los crímenes económicos son consecuencia de lo que ocurre en el interior de esta mole arquitectónica construida en 1952 y que antes albergaba a la Dirección Nacional de Vialidad, aunque luego las privatizaciones de la década del ’90 lo dejaron demasiado grande para esas funciones. Las paradojas del destino: ese edificio que tenía por objetivo ser parte de una Ciudad Judicial, ideada por Menem y Barra, es el que aún decide que las investigaciones de corrupción avancen a paso de hombre, incluidas las que involucran al nombrado ex presidente.
Aquí suele verse a los abogados –en su mayoría varones, desde ya– conversando animadamente con jueces o funcionarios que deben decidir en las causas. Al verlo, recordamos a aquél juez que comentaba que un estudio grande de abogados organizaba partidos de fútbol con empleados judiciales. Es que la regla de la Corte que prohíbe el “alegato de oreja” no ha llegado a Py.
Son muchas las reglas que no llegan a este lugar. Aquí no rige la obligatoriedad de que todas las audiencias de la Cámara sean orales y filmadas, ni se va a implementar el Código de procedimientos nuevo que quita poder a los jueces federales, y los plazos máximos para las investigaciones son letra muerta. El principio constitucional de igualdad ante la ley es algo decorativo en Py: hay casos que avanzan y otros no, y cuando preguntamos por qué, recibimos miradas de condena hacia nuestra ingenuidad y nos explican que los pasillos de la justicia federal suenan al son de los vientos políticos.
Pero no podemos generalizar, y debemos decir también que hay excepciones. Hay gente que trabaja allí que es muy capaz, honesta y bien intencionada. Gente que cree que el Poder Judicial debe ocupar un rol clave en la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, no son mayoría, y no son quienes concentran el poder dentro del edificio.
La que acabo de transcribir es parte de un informe del Observatorio de Justicia contra la corrupción y la impunidad.
La auditoría contratada por el Consejo de la Magistratura de la Nación acerca de la labor de esos tribunales
Se trata de un informe de la auditoría de 434 páginas con el detalle, caso por caso, del trámite de los expedientes desde 1996 hasta 2016 en cada uno de los 12 juzgados de Comodoro, que contratado por el mencionado Consejo se acaba de dar a publicidad.En la conferencia de prensa en la que el Presidente del organismo, el abogado Miguel Piedecasas, lo presentó; señaló que sobreseimiento, falta de mérito, archivo y prescripciones, fueron los principales destinos de las causas de corrupción en la Justicia Federal que involucraron a presidentes, ministros, empresarios y otras personalidades durante los últimos 20 años. Agregando que solo el 8% de los expedientes más sensibles para la vida institucional del país en las últimas décadas llegaron a juicio oral, la instancia que define si un acusado es culpable o inocente. O lo que es lo mismo, según el referido vocero: menos de 100 casos de corrupción llegaron a juicio oral sobre los 1151 expedientes concluidos que revisaron los auditores del Consejo.
Los expedientes pisados en esos juzgados
En el segundo capítulo del informe de auditoría, que si bien está centrado en las causas concluidas, hace un análisis de los expedientes pisados, es decir de aquellos que valiéndose de diversas tretas algunos jueces llevaron a dormirlos, de manera que su tramitación se extendió hasta, en casos excepcionales, un lapso mayor a la década.Los más señalados por esas anomalías fueron los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide, Luis Rodríguez y Ariel Lijo, cuya actuación es la que más reflejaría lo que se describe como el impacto de la judicialización de la política en esos juzgados.
Es así como del informe surge que en lo que tiene que ver con los delitos complejos vinculados con la corrupción, en los tribunales de Comodoro Py existe más de una decena de casos que superan los 15 años sin que se haya cerrado su instrucción.
Mientras tanto la auditoría del Consejo, al centrarse en las causas cuya tramitación duró entre seis y diez años, se ocupó de varios juzgados. Así del N° 4, que a cargo del juez Lijo desde 2004, encabeza la lista con 14 expedientes.
Como contrapartida el informe da cuenta de la cantidad de causas complejas concluidas como si se tratara de una comida rápida. En especial, se señala el caso del juzgado N° 9 a cargo del juez Rodríguez que concluyó el 77% de los expedientes que recibió en menos de tres años. De donde lo demasiado rápido puede llegar a ser tan sospechoso como lo demasiado rápido.
La necesaria implementación de mecanismos de seguimiento, control y evaluación de desempeño en la administración pública
Al efectuar la relación precedente mi verdadero propósito no era hacer referencia a la situación de la justicia, focalizada en lo que cabría considerar el núcleo duro del estado de la descomposición judicial, presente también de una manera preocupante en juzgados con competencia en causas vinculadas con el narcotráfico.No porque esa situación no sea alarmante y una prueba extrema de la acción de verdadera demolición que se ha venido ejerciendo sobre el Estado y sus diversos poderes y órganos, ello a todos sus niveles, a lo largo de los años, sino porque la dirección a que apunto es otra.
De lo que aquí se trata es de rescatar la realización por vez primera de una auditoría tanto general como pormenorizada sobre el funcionamiento de una parte acotada de un sector administrativo fundamental como es el de la administración de justicia.
Es que debería (o por lo menos es lo que deseo que en ello se vea) verse en la realización de esa auditoría la inauguración de un mecanismo, que de una manera sistemática, generalizada, continua y permanente permita el seguimiento, control y evaluación de desempeño en la administración pública. Y ello no solo por parte de los niveles jerárquicos de la administración pública, sino también por parte de cada administrado.
La evaluación del desempeño, primero. Debe al respecto tenerse en cuenta que la idoneidad es una de las escasas, por no decir la única, limitación, que en un Estado de Derecho es admisible frente al principio de igualdad de trato. Y de allí que el acceso a los cargos públicos (a cualquier cargo) sin un concurso previo de antecedentes y oposición es una desviación a esa exigencia de idoneidad. De esa manera no solo se conspira contra un eficaz funcionamiento de la administración, sino que se da la corruptela presente en la transformación de los cargos vacantes o a crearse en el estado, en un botín del oficialismo de turno.
Pero con la idoneidad solo no basta, por cuanto es tan solo una exigencia para el acceso. Ya que la misma se transforma, una vez que se ha accedido a un cargo, en otra exigencia que esta vez resulta una carga permanente, cual es la cuidada corrección del desempeño.
Ya que como lo enseñan los autores especializados para que a una organización la administren eficazmente, se requiere examinar la manera en que cumplen con cada una de las funciones administrativas. Por tanto, si en todo tipo de actividad administrativa, educativa o de servicios, entre otras, se han de lograr los planes y objetivos con eficacia y eficiencia, es necesario diseñar e implantar procedimientos para evaluar el desempeño y mejorar así el recurso humano de la organización.
Es por eso que la evaluación del desempeño, es una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa de la organización. Con base en los tipos de problemas identificados, la evaluación del desempeño nos sirve en la determinación y en el desarrollo de una política adecuada a las necesidades de la organización.
Algo que parece obvio de toda obviedad. Pero no lo es. Para corroborarlo basta con recordar cualquiera de los padecimientos que sufrimos a diario como consecuencia de las malas prácticas de empleados y funcionarios, la mayoría de ellas, consecuencia de la ignorancia pedante de quien tiene que evacuar una consulta o canalizar correctamente un trámite. Sin ir más lejos, eso es lo que pasa cuando se ve un expediente describiendo una circunferencia que lo lleva al punto de partida sin que haya habido respuesta alguna, porque en los pasos sucesivos no quien contara con los conocimientos indispensables para encarrilarlo en la forma debida.
Una de las maneras básicas de evaluar el rendimiento de la administración está dada por llevar a cabo el seguimiento de los procesos de la administración, tanto por parte de los funcionarios respecto a sus empleados, como de los administrados respecto a la actividad administrativa.
Seguramente a ninguno de mis lectores amigos no ha dejado de ocurrirle que, preocupado por la suerte imprevisible de un trámite, se haya topado, al inquirir acerca de su estado, con un verdadero muro de silencio apenas suavizado por la de cualquier manera hosca letanía ya sea de que no se cuenta con el expediente a mano, o con la explicación que nada explica que aquel está para resolver, todo ello sin ninguna indicación del cuándo. Lo mismo sucede con el superior respecto a los empleados a su cargo, ya de no contar con los implementos y la metodología con los que poder efectuar el seguimiento de la labor de estos (y obviamente, entre tantas obviedades que no se tienen en cuenta, el utilizarlos) no estaría aquél en condiciones de impedir que el proceso resulte fogoneado. ¿Quién no conoce así de un legajo que se dice traspapelado sin estarlo?
Las posibilidades actuales de una auditoría general y continuada
El mundo digital en el que estamos inmersos, como compensación a tantas facetas negativas, nos brinda, en una de sus compensaciones, la posibilidad de establecer la idoneidad de los concursantes para un cargo, así como también las tramitaciones administrativas estén según el caso disponibles ya únicamente para los interesados en los casos que se requiera el resguardo de la confidencialidad o de la privacidad y, de no ser así al alcance de todos.Es decir que nunca como ahora se puede hacer presente la transparencia, ese estado de cosas a la vez tan necesario y tan esquivo.
