Para empezar, si se la analiza con detenimiento, porque nadie puede dejar de intuir en una sociedad con una estructura institucional hiperpresidencialista -mejor ni ponernos a pensar los casos nada inusuales en los que aquélla “se desestructura”- existe la inclinación generalizada de que “cuando se nos habla de gobierno”, entendamos que estamos haciendo referencia a la figura del mandamás “ejecutivo”, en sus diversos escalones que van desde el nivel presidencial al de los alcaldes, a lo sumo acordándonos de sus colaboradores más íntimos, entre los que como suele suceder ocupa un lugar expectable su mujer o quien en otros tiempos se entendía que era el marido.
De allí que de esa forma se hace presente un no del todo injustificado olvido a quienes tienen como función legislar y controlar a aquellos y a los jueces, a los que en estas últimas décadas se los ve “flaqueando”, por no utilizar un calificativo más duro, en la asunción de sus responsabilidades, los concejales incluidos. Y en lo que a los jueces respecta, se los tiene como poder independiente olvidado, cuando no vilipendiado hasta extremos inimaginables que lo llevan a presentarse casi como un engendro maligno, en el caso de mirar con simpatía a la autoridad ejecutiva se los llena de encomios.
Todo lo hasta acá señalado, para dejar en claro que contra lo que se cree “el gobierno es uno solo y está integrado por tres poderes y no solo por el Ejecutivo”. Pero se trataba de eso, aunque no deja de ser útil destacarlo, sino, que al expresarnos en la forma señalada, estamos aludiendo a la circunstancia que “a todos los niveles de gobierno, o sea el nacional, el provincial y el municipal, se los debe ver actuando de consuno”, por lo que debe incluso asumir las obligaciones de los otros, cuando estos últimos se desentienden de sus responsabilidades, cualquiera sea la causa que ello ocurra.
Y esta larga introducción está enderezada a destacar de una manera significativa la decisión del intendente de San José, ya completada, de atender con personal propio al bacheo de la ruta provincial 26.
Queremos creer que esa decisión -que guarda una extraña similitud con el corte de un nudo gordiano- sea imitada por las autoridades municipales colonenses. Todo ello mientras el gobierno provincial cumple con las suyas en la mayor parte de su trayecto destruido, en el tramo que debería ir no desde el Arroyo del Doctor hasta unirse con la Autovía Artigas, cruzando el puente sobre el Perucho Verne, sino hasta los inicios de lo que debería ser un “bay pass” -al que una vez nos referimos economizando inversión, es posible hacer mucho antes de llegar a completar el tramo, para vincularse con la ruta 14. Algo que ya podría estar consumado, si en su momento la entonces empresa contratista de la obra hubiera comenzado a efectuar sus trabajos en dirección inversa a lo que lo hizo.
Claro está que comportamientos como el que nos ocupa deben ser la excepción, ya que sería preocupante ver al gobierno provincial alivianándose de sus responsabilidades “tercerizándolas” en las municipalidades. Y en ese sentido, en lo que consideramos una “contribución constructiva”, recomendaríamos a las autoridades provinciales viales, que acuerden con el gobernador Bordet, cuya sensatez es notoria, ni anunciar ni comenzar nuevas obras viales, mientras no ponga en condiciones las rutas nacionales existentes, como es el caso de prácticamente todas las del Departamento Colón, incluyendo -lo que es lo más grave- aquéllas de habilitación más reciente.
No nos atrevemos a terminar diciendo que no es inadmisible que por esa circunstancia “se siga matando gente”, pero al menos se nos deba admitir que señalemos que esas rutas en su actual estado, existen posibilidades ciertas de que ello llegue a suceder.
