En la semana se repitió en varios medios nacionales, en alusión al ataque al ómnibus de Boca Juniors la semana pasada, que el Código Penal no considera que las piedras son un arma hasta tanto no son arrojadas. Por ende, cualquiera que acarreara las piedras que rompieron los vidrios del ómnibus no hubiera podido ser detenido, ni se hubieran podido incautar sus piedras, hasta tanto las mismas fueran arrojadas, y con tal acto se convirtieran, mágicamente, en armas.
Estos tecnicismos son aquellos de los cuales, entonces, cabría suponer que se valen los jueces que liberan a quienes son arrestados durante los enfrentamientos del tipo de los cuales se produjeron una semana atrás en Nuñez, y a tantos otros delincuentes y manifestantes violentos que circulan a diario en Buenos Aires.
El presidente Macri mostró indignación con la rápida liberación de los 30 detenidos durante esos enfrentamientos. “No entiendo”, y “Una vez más la violencia ha ganado un espacio”, dijo.
No es en los tecnicismos donde se define qué es legal y qué no lo es; eso ya está claro en la ley
Casi a modo de excusa vaya a saber de quién, circuló en las redes sociales un vídeo con la llegada del ómnibus del Manchester City al estadio del Liverpool. Era saludado con decenas de vasos de cerveza y botellas de agua mineral, pese a la numerosa presencia policial. Pasa en todos lados, habrá intentado transmitir quien lo circuló. Sólo que hay una gran diferencia: nadie arrojó una piedra ni objeto alguno que pudiera dañar la integridad de los jugadores del equipo rival. ¿Por qué? Inmediatamente sería encarcelado y luego condenado a varios años en la cárcel.
El problema, entonces, está en el rigor con el que se aplica la ley. No es en los tecnicismos donde se define qué es legal y qué no lo es; eso ya está claro en la ley. Lo que falta es consistencia en su aplicación.
Muchas cosas han cambiado para bien en los tres años de presidencia de Macri. Pero el canto a la normalidad que se entonaba allá por 2015 se quedó corto en cuestiones ajenas a lo económico. La impunidad, que parecía haber encontrado un corte con las causas seguidas a encumbrados dirigentes del gobierno anterior, siguió firmemente enraizada para quienes cometen delitos más mundanos.
A diario vemos minorías todopoderosas, algunas más inocentes, otras de tinte francamente delictivo, que en el afán de hacer visibles sus reclamos se permiten avasallar los derechos de la mayoría amparados en una única razón: no hay voluntad (o coraje) político para que hacer cumplir la ley que defiende esos derechos mayoritarios. En esto, nada cambió: estamos como hace tres años.
No es normal lo que pasa en las calles de Buenos Aires, o en algunos casos en los accesos a la ciudad. No es un tema que parezca, quizás, relevante en el partido de Colón, pero sin duda lo influye de maneras que no parecen directamente ligadas: la falta de respeto a la autoridad se repite aquí y allá, como también se repite la indolencia de los jueces por hacer su parte en eso de recomponer el orden.
Es momento, también aquí, de calzarse los pantalones, perder el miedo y volver a que sea la ley la que manda en las calles
Está de moda, aunque no siempre sea usado con buenas intenciones, el verbo empoderar. Se ha empoderado a los revoltosos en desmedro del poder de las fuerzas de seguridad para hacer prevalecer el orden.
Cuando quede claro que apedrear a un policía, o enfrentarlo poniendo en riesgo la integridad física de miles de personas, o arrojar bombas molotov con un mortero, o cortar una calle por la fuerza, o intentar impedir una sesión legislativa, son delitos merecedores de una severa represión en el acto y de una severa pena posterior en las cortes, entonces podremos esperar que el orden, y no el barullo en el que estamos inmersos, vuelva a ser lo cotidiano.
¿Cómo vamos a reclamar de los jueces que no decidan como lo hacen, si las propias fuerzas de seguridad, a cargo del Ejecutivo y por voluntad de éste, acaban por obrar de esa forma, cuidando más a quienes transgreden la ley que a quienes son afectados por las transgresiones?
En tanto delincuentes y mafiosos sigan impunes, y sean los jueces y los miembros de las fuerzas de seguridad quienes más se exponen a una pena durante un tumulto o por causa de un fallo contrario a los intereses de las minorías, seguiremos viviendo en peligro. En Brasil y otros países de la región, la ola del orden volvió y ganó elecciones. Es momento, también aquí, de calzarse los pantalones, perder el miedo y volver a que sea la ley la que manda en las calles.
