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El juicio ante un tribunal oral federal que se supone se iniciará el martes

Como todos sabemos nos estamos refiriendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que adoptó dos decisiones consecutivas que pusieron a la opinión pública en ascuas acerca de si el mismo iba a ser suspendido o no.

Por Rocinante

La situación ha tenido amplia difusión, pero independientemente de ello, para poder intentar una valoración del comportamiento de la mayoría de nuestro máximo tribunal al respecto, considero oportuno comenzar por precisar el contexto en el cual se adoptaron esas decisiones, recogiendo en forma sucinta en que los medios de prensa capitalinos relataron lo ocurrido.
Lo que cabe señalar en relación al juicio en sí
La causa Vialidad, como se la conoce, es un proceso en el que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras públicas viales de las empresas de Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista. Las obras que están bajo sospecha son, sobre un total de 88 obras llevadas a cabo en Santa Cruz en el periodo 2004-2015, 52 las investigadas por un monto de 46.000 millones de pesos.

A la ex presidenta se la acusa de liderar la asociación ilícita que se encargó del direccionamiento de los contratos de obras públicas hacia Báez, circunstancias que por sus características el fiscal de la causa los ha considerado espurios y fuente de un enriquecimiento ilícito de magnitudes escandalosas.

Los acusados en la en la causa son trece. Además de la expresidenta se encuentran involucrado, entre otros el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez, Santiago Kirchner (primo de Néstor Kirchner); el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.
Las decisiones de la Corte que significaron un ir y venir
El pasado martes, y de manera sorpresiva, la Corte le pidió al TOF2 todo el expediente de la obra de Vialidad para analizar los recursos de queja de las defensas. Eran nueve en total, dos de los cuales correspondían a la ex presidenta, algo que fue interpretado correctamente por el tribunal interviniente en el juicio como una virtual paralización del trámite, y por ende de la iniciación de esa etapa de la causa que es el juicio a los procesados, dado que es de toda obviedad, que no puede proseguirse el trámite sin contar con el expediente.

A su vez en la mañana del pasado jueves a través de un comunicado la Corte buscó aclarar que nada de lo que estaba haciendo era para garantizar la impunidad de la ex presidenta y confirmó que solo fotocopiará el expediente y lo devolverá en tiempo y forma para que todo siga su curso.
La reacción que provocó la decisión tribunalicia del martes pasado
La decisión de ese día, según fuera interpretada por diversos analistas políticos y sectores de la opinión pública de una manera plausible, significaba la virtual parálisis del inicio del juicio oral. Todo el arco político salió a criticar la resolución que se leyó como una decisión del máximo tribunal de garantizar la impunidad, al mismo tiempo que hubo oposición avalada del fiscal de la causa de uno de los dos miembros del tribunal en funciones (el otro estaba con licencia) a elevar el expediente a la Corte Suprema, y la postura contraria asumida por la procuración de nuestro máximo tribunal. A todo esto se sumaron la reaparición de cacerolazos y la convocatoria a un acto de repudio a la decisión primera del tribunal por intermedio de las redes sociales.

No está demás señalar que el fallo tuvo cuatro votos a favor y una abstención del presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz, quien se abstuvo de votar porque consideró que el tribunal no debía intervenir hasta que no hubiera una sentencia.
Los argumentos de los críticos a la decisión del martes
Por las razones que más abajo expondré, desde ya debo señalar que, en realidad, la valoración negativa que merecen esas dos decisiones de nuestro máximo tribunal no pasan por la suposición de que la primera de ellas no fue otra cosa que una movida (así de una manera que debe considerarse descomedida la califica un diario capitalino al ocuparse del tema) destinada a impedir que a la ex Presidenta y sus ex amigos atrasen su paso por el banquillo de los acusados.

Es que aventurarse a sostener el acierto de un aserto de este tipo, evidentemente soslaya la mesura y discreción que exige el tratamiento de estas cuestiones, ya que lo que de esa manera se pone en cuestión no otra cosa que la misma permanencia en sus cargos de los magistrados que adoptaron esa decisión, ya que en determinadas circunstancias hasta cabe disimular los errores incurridos al fallar, pero lo que nunca puede admitirse, en la medida en que ello significa el desmoronamiento de toda la estructura institucional, es siquiera sospechar que esos magistrados han dejado de ser imparciales. Ya que de ser así, sería como ver como un castillo de naipes terminar derrumbándose sobre una mesa.

Cierto es que la manera en que los magistrados se manejaron en esta situación muestra hasta qué punto exhibieron una inaudita y burda torpeza.

Y que a ese respecto debe atenderse a una circunstancia que considero fundamental, que si bien es mencionada por diversas fuentes, lo es como al pasar, sin detenerse a su análisis. Se trata del hecho de que, de no haber fallecido uno de los integrantes del tribunal a cuyo cargo está la realización del juicio oral que me ocupa, el juicio que se inicia el martes próximo se hubiera iniciado en febrero. Y de ser así nuestro máximo tribunal no hubiera estado en condiciones de pedir la remisión del expediente de la causa, no sólo por el hecho que el juicio se habría iniciado, sino porque hasta esa primera suspensión en febrero por las causas apuntadas ni siquiera se supone que se les hubiera podido ocurrir a sus integrantes requerirlo.

Todo ello añadido a la desprolijidad que significa la difusión desde un organismo interno de la misma Corte, del borrador incompleto (¡!) de la declaración con la decisión aclaratoria del pasado jueves (la pregunta: lo que se dijo el jueves, ¿no pudo, anticipando conjeturales efectos de su decisión, incluirlo en la primera declaración ).
La Suprema Corte pendula. Pero ¿qué es lo que la hace pendular
No voy a incurrir aquí en el agravio de considerar que en su caso para explicar ese accionar se den circunstancias más frecuentes de lo que sería admisible y hasta tolerable en el caso de los tribunales inferiores, por causas y motivos varios, que no viene al caso mencionar, aún el caso que se lo ve al mismo juez dictar sentencias que se contradicen entre sí.

Pero de cualquier manera puede darse el caso de ver a los más altos magistrados caer en la tentación de, al interpretar la Constitución, ir más allá o más acá de lo que sus normas dicen, por esa convicción sincera, aunque equivocada, de que las normas constitucionales dicen lo que los jueces entiende que dicen.

O caer en otra corruptela aún más peligrosa, que es a la que me refiero, en la que los mismos magistrados en sus decisiones se anticipan a efectuar interpretaciones de esas mismas normas que en realidad las dejan de lado en función de una atmósfera especial que perciben en la sociedad o, lo que es más grave, aún van y vienen como consecuencia de las idas y vueltas de una opinión pública que en los tiempos que corren sabemos es no solo volátil sino también errática.

Puedo estar equivocado, pero tengo la impresión de que, en alguna medida al menos, influyó en el caso que nos ocupa en el dictado de la segunda decisión aclaratoria, el aviso difuso de una probable movilización popular que iba contra las implicancias conjeturales de la primera decisión.

Se asiste así de una manera que se supone no explicitada, que está entre nosotros una preocupante posición mucho más elaborada, por la que el de la Justicia deja de ser un Poder de Estado, para pasar a ser nada más que un servicio, y precisamente un servicio de justicia.

Una concepción que puede quizás pretender que afirma que la voz del pueblo es la voz de Dios, sin tener en cuenta que el pueblo puede errar y equivocarse, aunque es mi convicción de que lo hace en menos ocasiones de las que las mentes más escépticas lo dan a entender.

Es por eso que en un régimen jurídico como es el nuestro, que gira en torno al eje de una Constitución rígida considerada como la ley suprema de la Nación, al Poder Judicial no solo se le hace necesario auscultar la voz del pueblo en cada momento, pero sin dejar de tener en cuenta que es la ley la que le fija el parámetro dentro del cual debe moverse.
La confianza en la justicia está en relación, entre otras cosas, con que sea previsible
Comienzo este apartado recogiendo las reflexiones de un autorizado profesor quien señala que en definitiva, la desconfianza en la Justicia forma parte de la percepción más general de que todo el entramado institucional de separación de poderes y, más concretamente, de concepción de la Justicia como Poder del Estado que vigila y controla al Gobierno, ha fallado y no funciona ni como control ni como contrapoder ni como fuente de certezas jurídicas y, por ende, de seguridad jurídica para los ciudadanos, porque está maniatada por lo que se conoce como los grupos con pretensiones hegemónicas.

Y las certezas jurídicas a que en ese texto se hace referencia no significan otra cosa que los habitantes de todo país, como es el caso también del nuestro, vivan con la tranquilidad de que da el poder confiar en la justicia, porque esta es previsible, y le da a todos la posibilidad de saber a qué atenerse y a los profesionales del derecho la posibilidad de hacer pronósticos que se aproximan lo más posible a la convicción de certeza.

Mientras tanto, y volviendo a que lo medular del texto hace referencia a una justicia pendular debe aclararse que es en gran medida hacerlo en el caso de una justicia de un peligroso humor cambiante. De allí que haya hecho referencia a la amenaza que significa para todos, inclusive para los propios magistrados, una justicia que de continuar así en cualquier momento comienza a bambolearse.
Fuente: El Entre Ríos Edición Impresa

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