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El fin de año acarrea malestar: los bolsillos están flacos y la mirada retrospectiva por el año transcurrido está lleno de sinsabores. Fueron largos meses de pandemia y debacle económica que debieron soportar. Pero debajo de la alfombra se oculta uno de los actores que contribuye a este malestar repleto de impunidad y sueldos obscenos: la corporación judicial.
El escape de las elecciones
Sabemos que Frigerio va a abandonar la banca de diputado en medio del río para intentar alcanzar la Gobernación en 2023. Sabemos que Cresto le mintió a la militancia del PJ al no asumir el cargo de Diputado para el que hizo campaña largos meses. Sabemos que Galimberti abandonó a sus convecinos a mitad de camino, renunciando al cargo de Intendente para tratar de subir un escalón en el juego de la política.

Frente a esto y tantas otras actitudes, los enojos de los ciudadanos con la política han mostrado altos niveles de intolerancia, por momentos cercanos al “que se vayan todos”. Pero con un inconformismo que, por ahora, parece calmarse con las urnas. La salida electoral parece el chivo expiatorio, la válvula de escape de una democracia que acumula deudas pendientes pero se reinventa a la luz de los simulacros electorales. Habrá que estar atento para saber cuánto más resiste la paciencia de la gente frente a los privilegios de la política, los sueldos elevados, las fiestas en plena pandemia y las promesas incumplidas.
El poder real
Sin embargo, uno de los actores centrales del fracaso democrático se mantiene al margen de la agenda pública: el Poder Judicial. Ese poder que liberó sin demoras a políticos corruptos como Amado Boudou, José López, Carlos Zanini, Julio De Vido, los empresarios del poder Cristóbal López, Fabian De Souza, o Lázaro Báez. Ese mismo Poder Judicial que se niega a investigar al poder político en Entre Ríos. O que, cuando lo investiga, como ocurre en estos meses con algunas de las causas que afronta el exgobernador Urribarri, la corporación judicial se abroquela para intimidar a los que osan investigar.

¿Saben los entrerrianos que el Procurador General de Entre Ríos percibe un sueldo bruto que roza el millón de pesos al mes? ¿Alguien puede considerar razonable que un funcionario judicial pueda cobrar 30 veces más que un jubilado? ¿Cómo hacer para confiar en un poder del Estado cuyos miembros no rinden cuentas, no brindan entrevistas, no explican sus fallos y viven con sueldos grotescos en un país con 50% de pobres?
Fuera de la agenda
El pacto de la política con el Poder Judicial es el eje del problema democrático. Y sin embargo, la agenda mediática no logra instalar el tema. Porque el poder que ha concentrado la Justicia amedrenta a periodistas y medios con formas refinadas y, por momentos, invisibles. Porque la negativa permanente a rendir cuentas, ha hecho que buena parte del periodismo desista de sus intentos por obtener información de lo que acontece en los pasillos de los Tribunales. Porque la remuneración que perciben jueces y fiscales hace que sus vidas transcurran en barrios cerrados y con hábitos y lugares de esparcimiento que escapan a la plebe, que mira desde afuera con la ñata contra el vidrio.

El tema necesita volver al centro de la agenda de debate público. Echar luz al Poder Judicial se vuelve tan urgente como imprescindible. Lo que está en juego no son sólo los privilegios, sino el balance de poderes que necesita el esquema democrático. Un balance que no conozca de pactos de silencio, de causas archivadas, de fiscales que eligen la comodidad de no intervenir frente a la obscenidad de la corrupción.

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