El planteo de la Justicia llegó a Diputados y fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el peronista Diego Lara, que pudo con agudeza y soltura remover con varios argumentos al juez de la corte local, Carlos Chiara Díaz, y que ahora deberá liderar la discusión cuando se trate el expediente del presidente de la Cámara, que debe enfrentar algunas causas en la Justicia.
El pedido de la Justicia requiere ahora un paso más del diputado Lara: Que convoque a comisión, lo que no ha sucedido hasta este jueves a pesar de que el pedido de la Justicia llegó el martes.
La composición de la comisión no deja margen a la oposición, por lo que el tema quedará en manos del oficialismo, que hasta acá nunca ha votado desafueros a los propios, y el caso más reciente es la ex presidente del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, que pudo sortear sin frustración la complicidad de los excesivos viáticos de los que hacen uso en el palacio judicial.
Este jueves, el ex gobernador Urribarri recibió una mala noticia. El empresario publicitario Jesús José María Bustamante fue condenado, en un juicio abreviado, a dos años y ocho meses de prisión condicional, por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública.
La condena le llegó luego de que confesara haber sido beneficiado con contratos y pautas publicitarias que el ex gobernador Urribarri y el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, direccionaban a favor de Juan Pablo Aguilera y que públicamente se conoció como la causa “la vaca”, todos comprometidos en la causa sobre la cual la semana que viene se resolverá la elevación a juicio.
Bustamante, ante la Justicia y en el marco del juicio abreviado que acordó, reveló que formaba parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera, el cuñado de Urribarri, con lo que ocasionó un perjuicio de casi tres millones de pesos a la provincia que forman parte de una maniobra que alcanzó los 12 millones.
La condena que impuso hoy el juez Bonzazzola establece además “el pago de una multa de 90.000 pesos -en cuotas de 15 mil pesos-, la realización de trabajos comunitarios durante un plazo de tres años, a razón de 96 horas por año, como “abstenerse de realizar actos molestos a testigos de la causa”, y como parte del acuerdo de juicio abreviado se decretó el levantamiento del embargo preventivo dispuesto por la justicia el 2 de febrero último”, detalló luego del pronunciamiento el portal Análisis Digital.
La denuncia por la que se lo investigó a Bustamante es la que se difundió en medios como la “causa de la vaca”, que se originó a partir de una denuncia del ex diputado radical Jorge D'agostino, ahora presidente del Comité Nacional contra la Tortura, que advirtió la maniobra fraudulenta con fondos públicos que significaron para la provincia un gasto de 24 millones de pesos, de los cuales 12 se pagaron en modo irregular.
La semana que viene el juez Eduardo Ruhl deberá resolver si eleva a juicio esta causa en la que están imputados, además de Urribarri y Aguilera, otras tantas personas que fueron parte de la maniobra de peculado.
El pronunciamiento se va a dar en una semana en la que la Justicia tuvo un lugar de privilegio: La sentencia al cura pedófilo Ilarraz le devolvió cierto aire fresco a la hora de condenar a los culpables y devolverle credibilidad a las víctimas.
También va a producirse esta semana, en medio de la expectativa política por la elevación a juicio de la causa Urribarri, la definición de la recusación al juez federal Leandro Ríos, en el marco de la investigación y la citación al intendente radical Sergio Varisco, que deberá declarar el martes ante la Justicia luego de los allanamientos que se hicieron en domicilios particulares y en el municipio, asociados a una causa por narcotráfico.
La investigación, que deriva del resonante caso de la narcoavioneta, tiene finales múltiples pero, auspiciosamente, exhibe la igualdad ante la ley y el funcionamiento de un poder como hace años no sucedía.
Las resoluciones de la Justicia deberán estar a la altura de la circunstancias en cada uno de los casos. Se espera que la Legislatura también.
