El pasado 10 de julio, una Corte de Apelaciones de Nueva York dio la razón a los demandantes en un pleito que Petersen Energía Inversora SAU y Petersen Energía SAU (en conjunto, “Petersen”) iniciaron contra la República Argentina y contra YPF, a causa del perjuicio que argumentan que les provocó la Ley de Expropiación, el 3 de mayo de 2012, del 51% de las acciones de YPF que eran de propiedad de Repsol.
Argentina e YPF argumentaban que el juicio debía ser remitido a los juzgados del país, pero en primera y segunda instancia los jueces neoyorquinos determinaron que corresponde dirimir el asunto en aquellas cortes, con competencia en razón de que las acciones de YPF tenían y aún tienen cotización en la Bolsa de Nueva York y que el acto de expropiación tuvo, por ende, efectos en los EE.UU.
La sentencia dice que no se cumplió con lo establecido en los estatutos de YPF para un caso de cambio de control. Respecto de Argentina, dice que no cumplió en lanzar una oferta de adquisición al resto de los accionistas luego de tomar el 51% de las acciones. Respecto de YPF, que no sólo no forzó tal oferta de adquisición sino que permitió a un accionista que contravino los estatutos votara en una Asamblea de Accionistas que designó autoridades.
¿Cómo empezó esta historia? En 2008, Petersen (controlada en los papeles por la familia Eskenazi) adquirió el 14,9% de YPF por US$2235 millones. Poco después, Petersen lanzó una oferta pública de adquisición del resto de las acciones (fuera de Repsol, que acordó no participar, apenas 0.6% de las acciones estaban en el mercado). En 2011, Petersen compró otro 10% del capital por US$1300 millones y llegó a detentar 25,46% del capital, que recibieron en garantía las acciones de YPF compradas.
Los préstamos serían repagados con el flujo de dividendos de YPF, para lo cual se fijó un dividendo mínimo de 90% de las ganancias anuales.
La llegada de Petersen a YPF no estuvo exenta de sospechas. Antes de este desembarco, el Estado había congelado los precios de la nafta, ahorcando a YPF. Pero apenas Petersen entró en el accionariado, los precios de la nafta comenzaron a dispararse. Así generaría ganancias para pagar dividendos y que Petersen pudiera repagar los préstamos.
Entre 2007 y 2011, YPF invirtió US$8883 millones, pagó dividendos por US$6738 millones y tomó deuda por US$2517 millones. Endeudarse para pagar dividendos huele demasiado a vaciamiento, no sólo implícitamente aceptado sino incluso promovido por el Gobierno en aquel entonces.
Cuando en mayo de 2012 el Congreso y la Presidente aplaudieron la expropiación, omitieron sus implicancias legales. El 22 de abril de 2012, esta columna advertía sobre la “infinidad de sentencias en tribunales extranjeros que algún Gobierno futuro deberá saldar”.
Y acá llegamos. Petersen no pudo pagar sus deudas y sus acciones fueron ejecutadas por los acreedores. El único activo que le quedó a esa cáscara fue este reclamo contra el Estado argentino y contra YPF. Eskenazi, al parecer, no se animó a seguirlo, pero no se privó de venderlo al fondo Prospect Investments LLC (¿quiénes serán sus inversores?) por €15,1 millones. Prospect fue financiado, a la vez, por una firma especialista en batallas legales: Burford Capital. Entre diciembre de 2016 y junio de 2017, Burford vendió 25% de su préstamo por US$106 millones (ya recuperó cinco veces lo invertido), valuando el reclamo en más de US$400 millones (20 veces su costo).
El reclamo, se dice, es por US$3000 millones. Un monto calculado a partir de la indemnización de US$4800 millones (casi el doble de lo que hoy vale YPF) que el Gobierno nacional y popular pagó en 2014 a Repsol. Pero eso no es todo: detrás de Petersen/Burford hay otros accionistas listos para litigar.
Si se comprobara que hubo irregularidades en la llegada de Petersen a YPF, podría cuestionarse la validez del reclamo, obtenido de manera ilegal. Claro que no se puede contar con que, si hubo un acuerdo espurio entre el Gobierno, Eskenazi y Repsol, las partes lo admitan.
El problema de Argentina y de YPF emerge del incumplimiento del Estatuto reformado para la privatización de 1993, de la venta a Eskenazi en 2008 y de la expropiación de 2012. Todos actos realizados por gobiernos que, aunque parezcan distintos, eran del mismo partido. Todos actos que, aunque pasen los años, aún generan costos para todos los argentinos.
