Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
En el cierre del año, el gobernador Gustavo Bordet envió instrucciones precisas a los legisladores del oficialismo para que aprueben de forma express una norma que modifica los criterios de contratación de publicidad oficial. El proyecto se votó en tiempo récord en ambas Cámaras y ya se transformó en ley. Las razones del apuro: quedar cubierto del accionar de la justicia ante posibles irregularidades en la contratación directa de publicidad oficial, un tema que le costó la condena a Sergio Urribarri.
El paraguas de Bordet
En sus últimos meses al mando, el gobernador de Entre Ríos parece haber iniciado el ordenamiento para garantizar que la salida del poder no le genere sobresaltos ni preocupaciones luego de terminar su mandato.

En esa senda, Bordet dio dos pasos muy importantes. Sin embargo, entre el Mundial de Fútbol y el momento del año, pasaron casi desapercibidos para gran parte de los entrerrianos.

El primer paso fue promover el recambio de dos de los miembros del Superior Tribunal de Justicia para designar a los nuevos integrantes. Desde que asuman, los nuevos jueces del máximo tribunal judicial le deberán un favor importante a Bordet.

A su vez, Bordet tomó debida nota de la condena a Sergio Urribarri por la megacausa que involucra el manejo de fondos públicos de forma discrecional en el reparto de publicidad oficial y otras irregularidades. E intenta subsanar cualquier escollo antes de perder poder con esta llamativa modificación de la ley de pauta oficial.
Los cambios en la contratación de publicidad
El intento de Bordet por quedar a resguardo del brazo de la justicia cuando ya no sea gobernador dio un paso muy significativo al lograr la modificación de la Ley de Publicidad Oficial. Una de las causas por las cuales Sergio Urribarri fue condenado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos fue justamente la arbitrariedad y los vínculos estrechos con unos pocos proveedores de publicidad oficial, incluyendo a las firmas de su cuñado, Juan Pablo Aguilera.

Esto despertó una luz de alerta en el gobierno entrerriano, que ahora logró la modificación del inciso de la Ley de Contabilidad Pública, habilitando de este modo la contratación directa de publicidad, ya no como caso excepcional, sino casi como una norma. El texto del nuevo marco jurídico habilita al gobierno a la contratación directa de la publicidad oficial, mediante libre elección por negociación directa de los proveedores.

De este modo, el nuevo espíritu de la ley marca que la contratación directa es parte de los “permisos” con que cuenta el gobierno de turno. Todo lo contrario de lo que indican las normas internacionales sobre transparencia y rendición de cuentas.
Un problema sin voluntad de solución
Entre las voces disidentes, los legisladores de Juntos por el Cambio hicieron notar la gravedad del caso: el senador Rubén Dal Molín (JxC Federación), dijo que “la ley que se pretende modificar, en la actualidad habilita el método de contratación directa por vía de excepción, pero es eso, una excepción que hoy subvertimos y convertimos en una regla. Va a permitir una contratación directa, desapareciendo el espíritu que debe primar en el Estado en el marco de sus contrataciones, que no es más que brindar posibilidades a todos y contratar la mejor oferta”.

A pesar de las críticas y de la alternancia de partidos que ha tenido Entre Ríos, ninguna fuerza política ha querido avanzar en una ley que regule el reparto de publicidad oficial. De este modo, los gobiernos de turno manejan de forma discrecional la lista de medios de comunicación en los que contratan publicidad, así como las tarifas que fijan para cada medio. El problema parece tener la venia de los potenciales gobernantes que, llamativamente, no se han expresado para condenar este cambio que atropella los principios básicos de la transparencia en el Estado. El próximo gobernador de Entre Ríos tendrá plenas facultades para manejar a discreción la publicidad oficial y, a través de este mecanismo, premiar y castigar a medios más y menos críticos de la administración de gobierno.
Fuente: El Entre Ríos

Enviá tu comentario