Ignoro quién es el responsable del nombre, pero el mismo se utiliza con el objeto de designar a una operación que sería la principal , -porque hay otras- que ya estaría casi totalmente elaborada, en algunos despachos del “Instituto Patria” que dirige la ex presidenta Fernández, en la que, contra lo que muchos suponían, no se está contemplado la amnistía de todos los funcionarios, legisladores, empresarios, y operadores condenados o procesados por actos de corrupción cometidos durante la gestión de ella y su marido ex presidente. Ni tampoco el indulto de cada uno de ellos a través de un decreto.
Por Rocinante
Ni amnistía, ni indulto, sería precisamente la consigna de la Operación, en tanto y cuanto el intento es que todos los procesados y condenados a los que he hecho mención y a todo otro que se tenga por pasible de incriminación por ese tipo de delitos cometidos en el mismo periodo de tiempo. Es que conla Operación Tintorería, lo que se pretende es que las condenas y procesos vinculados con todos ellos sean considerados como actos judiciales inexistentes, en función de un mecanismo todavía apenas esbozado, dado lo cual se debe terminar de definir, encaminado a lograr que la justicia así lo declare.
En suma lo que se pretende es quetodos los así encasillados queden bien limpitos y prolijos, como sale la ropa enviada a la tintorería, y precisamente de allí saldría la explicación de la operación.
Lo que mientras tanto nada se dice, es de lo que fuentes esta vez opositoras denominanOperación Enchastramiento (aunque algunos más truculentos, aunque debe reconocerse como más cuidadosos en la utilización del lenguaje hablan de Operación Revancha Vengativa) en las que quedarían encuadrados todos los que de alguna manera tuvieron algún tipo de participación en la causas en los cuales aquellos fueron incriminados, de una forma que se considere los perjudicó, sea jueces, fiscales, testigos, peritos, denunciantes, querellantes, periodistas o toda persona que de una manera explícita y aun velada de cualquier manera contribuyeron al avance (en el proyecto se hablaría de armado)de esas causas. Algo que mientras tanto quedaría claro es que el tratamiento que recibirían los así encuadrados en ninguna forma significaría unadeclaración judicial de su inexistencia, como paso previo a una posterior desaparición, un tipo de acciones que contra las cuales estamos en la actualidad totalmente inmunizados.
Los entresijos que permiten develar la maniobra
La confirmación de que la relación precedente no tiene nada de antojadiza, queda patente en declaraciones de Eugenio Zaffaroni, jurisconsulto de nota a quien se lo conceptúa como el máximo especialista iberoamericano en derecho penal, y quien sería la persona a la que la ex presidenta habría encargado trazar los lineamientos principales, o sea la hoja de ruta de la aludida operación.Así al menos lo darían a entender declaraciones suyas, formuladas en el transcurso de una entrevista con El Destape Radio, cuando se manifestó en contra de indultos y amnistías, pero fue lo suficientemente claro al señalar que el Poder Judicial es bastante sensible a los cambios de gobierno, luego de lo cual fue a fondo, pidiendo hacer una ley de revisión por las causas de los presos políticos. Se lo ve titubear como alguien que no tiene todavía nada definido, cuando indica después que, llegado un gobierno de otro signo habrá que hacer unos parches en cuanto a la estructura del Poder Judicial en la medida que lo permita nuestra Constitución. Pero de cualquier manera lo que tiene claro es que de alguna manera habría que pensar un método revisor extraordinario en los casos en los que se ha visto arbitrariedad. Esta actividad procesal (la que despliegan los jueces por ejemplo en la causa de los cuadernos Gloria que tenemos es insólita(¡!!!) Aunque después, en otra ocasión pensando en voz alta opina que constitucionalmente hay formas. Creo que se podría hacer una ley de revisión extraordinaria ante una cámara y de ahí a la Corte. Habrá que pensar si vale la pena mantener la estructura de la Corte, si hay que cambiarla un poco. Son cosas institucionalmente que son posibles de hacer”.
El fundamento explicativo de la maniobra es en cambio contundente; estamos viviendo una clara persecución política, tenemos por primera vez en 30 años presos políticos. Pero de cualquier manera se muestra optimista, en cuanto dice que tengo grandes expectativas, creo que los pueblos pueden confundirse, pero no se suicidan, no es la primera vez que en América Latina hay una situación como la de hoy.
La Operación Tintorería puesta en cuestión
La postura jurídica de Zaffaroni a que hecho mención se ha visto cuestionada por juristas ubicados en la vereda frente a la suya.Así Daniel Sabsay, un reconocido constitucionalista, ha expresado al respecto que “el Operativo Tintorería representala intervención del Poder Legislativo sobre el Judicial. Una cosa es que haya un marco jurídico para futuras causas y otra es que se interfiera en ya en desarrollo o en las juzgadas, lo que sería gravísimo. Es inconstitucional, una locura. Es una forma más de absorber el poder judicial. Es un verdadero disparate hablar de presos políticos, cuando se está frente a causas por violaciones al derecho penal, causas que configuran la comisión de delitos contra la administración pública. No se puede arbitrariamente revestirlas como si fueran causas políticas. No es así. Eso ocurre cuando se mete presa a una persona por sus opiniones, pero no es el caso”.
En el mismo sentido se pronunció Guillermo Lipera, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, para quien no pueden“tomarse en serio los dichos de Zaffaroni. Me parece raro que lo haya dicho. Es una declaración para la tribuna porque sabe que estamos en campaña electoral, pero jurídicamente carece de sustento en una república. Solo tiene autorización para hacer eso el Poder Judicial. Ningún otro poder se puede inmiscuir. Sería claramente una invasión de un poder a otro. No es constitucional”.
Por su parte el presidente del bloque de la UCR y del interbloque Cambiemos, Mario Raúl Negri, advirtió que con “ideas” como la “ley de revisión extraordinaria” de los procesos a los que son sometidos ex funcionarios del gobierno anterior“se termina la justicia”.
El perfil de Eugenio Zaffaroni, autor intelectual de la operación
El nombrado, cuya versación jurídica sobre todo en materia de derecho penal es a la vez destacable e innegable, es alguien que por su actuar despierta odios y amores.Para ejemplo de estos, está el caso de un twitter de Osvaldo Galeano, un escritor uruguayo de fuste, en ocasión de que Zaffaroni fuera elegido miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Desde la otra orilla del río, me tomo la libertad de contarle que somos muchos los uruguayos que hemos recibido con sorpresa y alegría la noticia de la candidatura del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni a la Corte Suprema de la nación argentina. Con sorpresa, porque en este mundo y en estos tiempos son poco frecuentes las noticias de que la justicia existe. Con alegría, porque celebramos la posibilidad de que un hombre valiente, jurista de talento, pueda ocupar ese alto cargo que merece. Sin sorpresa ni alegría, en cambio, mi mujer y yo, que desde hace años conocemos a Zaffaroni, nos hemos enterado de los ataques que está recibiendo. Por lo general, las opiniones enemigas criminalizan su profesión de fe garantista, como si fuera delito exigir que la ley se cumpla para todos y no sólo para quienes puedan comprarla. Zaffaroni, dicen, es un peligro y piensan, que su designación podría ser el principio del fin para una Corte Suprema que aplica la suprema ley del embudo y que protege la impunidad, la corrupción y otras malas costumbres multiplicadas por el poder en estos últimos años).
En contraposición, los cuestionamientos que se resumen en un artículo firmado publicado en la revista Criterio (Año: 2011 Nro. 2374. Qué debe explicar Zaffaroni), en el que se lo destrata(la denuncia de La Alameda –organización que lucha contra la trata de personas– de que en seis departamentos de propiedad del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y prestigioso penalista Eugenio Raúl Zaffaroni, funcionan prostíbulos exige que el ministro explique si es partícipe del “comercio sexual” que allí se practica. Ello exige una explicación convincente como no lo fue, al menos para nosotros, la que el juez dio ante el Senado, cuando se debatió el pliego para su designación en la Corte, y se le objetara por parte del senador Rodolfo Terragno: Que desde 1969, durante el gobierno militar de entonces, fue juez de la Cámara de Apelaciones de la provincia de San Luis, para lo cual juró por el Estatuto de la “Revolución Argentina”; Que en 1976, en el último gobierno de facto, juró por el “Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional” cuando fue designado juez en lo criminal de sentencia en la Capital Federal; Que, en ese Juzgado ingresaron, entre 1976 y 1983, 128 hábeas corpus; 38 correspondían a infracciones policiales, 6 fueron desistidos; pero de los 84 restantes, cuando había detención, Zaffaroni solía disponer la libertad. En cambio, en los casos de desaparición de personas, en 27 casos rechazó la acción y remitió las actuaciones a la Cámara del Crimen de la Capital o al Juzgado de Instrucción competente de la provincia de Buenos Aires, para que se investigase la privación de la libertad. Que en 1980 Zaffaroni escribió el libro Derecho Penal Militar en el que sostuvo que en determinadas circunstancias, como ser un “hipotético estado de necesidad” en el que sucediera la “desaparición de cualquier autoridad o siendo incapaz la que resta”, un grupo militar podía “usurpar justificadamente la función pública “bando militar como ley material”, “bando militar como tipificador de delitos”, o “muerte por legítima defensa cuando el delincuente haga armas contra la autoridad”... A su vez, las Madres de Plaza de Mayo, presididas por Hebe de Bonafini, denunciaron por “conniventes y funcionales a los designios de los usurpadores” a 437 jueces que juraron por los “Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional” entre 1976 y 1980, como “represores del Poder Judicial”; en esa lista, publicada entonces en la página web de esa Asociación, figuraba en el puesto 435 Zaffaroni).
Pero independientemente de todo lo que puede decirse en su favor o en contra, debemos agradecerle una palabras que nos involucran a todos, incluso a él mismo, por más que las responsabilidades no sean todas iguales, cuando magistralmente describe nuestra coyuntura señalando quese acabó el Derecho en nuestro país. Parece que cada cual hace lo que quiere si tiene el poder de hacerlo.
A lo que se debe agregar que pocos como él supieron explicar los años obscuros de los setenta (En su descargo ante el Senado Zaffaroni dijo: “Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”, lo que en vez de ser un atenuante mejor pareció un agravante. Comparto [esto]con toda mi generación. [Yo]no era un militante político. Era un abogado, un juez, un funcionario. Lo tomábamos como una profesión. (…) Nací y me crié en medio de convulsiones políticas y de tipo institucional, como toda la gente de mi generación. Estábamos habituados a ver como normal lo que era anormal” (…) “Los que nacieron o se criaron en los últimos veinte años quizá no lo entiendan. Es una vivencia por la que asumo la responsabilidad, pero junto con toda mi generación.
Un juicio y un mea culpa que procura evidentemente ser colectivo, aunque él y muchos, si no todos, de los que lo acompañan parecen haberse olvidado.
