Un profano extra planetario –esto último, como forma de decir que permanece totalmente ajeno a nuestra realidad- diría que la primera y principal tarea de un diputado o senador sería la de “legislar”. O sea, la de ocuparse a través de la presentación de proyectos de ley, de asuntos que atañen al “común”. A lo que, dentro de ese ámbito, se añadiría el tratamiento minucioso de las iniciativas que en esa materia reciban del Poder Ejecutivo. Mientras que, a decir verdad, de lo primero, poco y nada; aún si incluimos entre las iniciativas a los “proyectos de resolución”, viviendo como vivimos en el mundo de los “decretos ley de necesidad y urgencia”. Queda entonces, asignar una importancia equivalente – o inclusive superior a la anterior, “la de preguntar”. Que es formalmente el ejercicio de su rol de control, y que se plasma en su caso en “pedidos de informes” sobre cuestiones varias que hacen al quehacer del Poder Ejecutivo.
Esa ha sido tradicionalmente, la que cabría haber sido la primera vía a través de la que se estaba en condiciones de lograr “el acceso a la información”. Algo que para responder, la administración pública se mostraba –y se sigue mostrando-por lo general esquiva. Y que hizo que, con resultados matizados, se lograra la institucionalización -en forma generalizada- del “derecho de acceso a la información” acerca de la gestión estatal. Derecho, que al menos en teoría -dada la suerte diversa que corren los pedidos que se efectúan- es una potestad al alcance de todos. Pero, el cual en lo que respecta a su ejercicio por todos presenta, de entrada no más una dificultad, cual es la de contar con un conocimiento mínimo acerca de lo que es requerir información.
Y es aquí donde se hace presente la posición privilegiada que tienen los legisladores, de estar en condiciones de preguntar públicamente, aunque mas no sea de una manera informal. Ya que su “público preguntar” cuando no es de por sí una forma de informar, tiene la virtud de despertar la curiosidad pública en el hombre de a pie –lo que somos la enorme mayoría de nosotros- en lo que hace a acciones gubernamentales. En ese sentido, el actual diputado nacional por nuestra provincia Pedro Jorge Galimberti - ex intendente de Chajarí y actual precandidato a gobernador- se muestra un virtuoso de este género. Así, la última pregunta suya. La misma consiste, en como se explica el súbito interés de “nacionalizar” a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales con sede en Paraná de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Un pedido de explicación, que va más allá del hecho que ello significa el virtual “descabezamiento” de esa Universidad, en tanto esa Facultad es, según se dice, “la de mayor envergadura y con mayor población estudiantil de las cuatro unidades académicas que componen la Uader” y que inclusive se supone que va a servir de punta de lanza para la creación en nuestra provincia de una compañera de la UNER. Por nuestra parte, y fundada en un rosario de largas experiencias, compartimos la tesis, ello ocurre como consecuencia que esa Universidad “hace agua”, por lo menos en “materia de fondos” indispensables para su funcionamiento. Y que en consecuencia vendría a repetirse en un nivel más alto, ese rosario de experiencias, al que aludimos.
Es la vinculada con el ardid, no siempre deliberado, que se hace presente cuando en una comunidad, a un grupo de vecinos se los ve, creando una asociación civil cuya finalidad es la de responder a una necesidad pública insatisfecha. Aunque más tarde o más temprano, una vez puesta en marcha la iniciativa en forma satisfactoria, se haga lo imposible –y generalmente con éxito- para que el Estado, en algunos de sus niveles, se haga cargo de su funcionamiento. Es aquí donde se hace presente ese mecanismo diabólico que representa una sociedad civil que tantas veces trata de mantener vivos sus proyectos en ejecución, enfrentado por un Estado, el cual viene a asfixiarlo de distintas maneras.
