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En Entre Ríos, los corruptos pagan para no ir a la cárcel. Una vez más, el poder político y su contraparte del poder empresario se salen con la suya. Ahora, cuatro empresarios corruptos pagarán una suerte de “multa” de 2,5 millones de pesos cada uno y así evitar la cárcel. Un modelo de justicia que claramente administra de forma desigual el reparto de penas para pobres y millonarios.
Corruptos, pero libres
Cuatro empresarios que admitieron cobrar sobreprecios en las contrataciones de la famosa Cumbrecita del Mercosur no irán a la cárcel a pesar de reconocer la comisión del delito. Se trata de Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú, todos beneficiarios de los principales contratos de la Cumbre de Presidentes del Mercosur que organizó Sergio Urribarri en sus tiempos de Gobernador.

En apenas dos días que duró el evento, se gastaron más de 200 millones de pesos con evidentes sobreprecios que favorecieron a los empresarios amigos del poder. Esos mismos empresarios propusieron pagar y suspender el juicio que los tenía como principales acusados por el cobro de sobreprecios en las contrataciones de la Cumbrecita.
La Justicia tiene precio
A diferencia de lo que cualquier ciudadano de a pie pudiera pensar, en Entre Ríos la corporación judicial tiene un tarifario con el que le pone precio a la libertad.

Mientras es esperable que un corrupto confeso vaya a la cárcel, el poder judicial entrerriano fijó en $2,5 millones el precio de la libertad para cada uno de los cuatro empresarios que admitieron cobrar muy por encima de los valores reales muchos de los servicios y contrataciones de la Cumbre del Mercosur que se realizó en Entre Ríos. De ese modo, acordaron la suspensión del juicio a prueba y el pago de una reparación total de $10 millones. Fin del asunto. Todos libres y contentos.
Los corruptos de siempre
Como ya publicó El Entre Ríos en diversas notas periodísticas, la trama de la Cumbrecita del Mercosur evidenciaba un mecanismo preparado para beneficiar a los empresarios más cercanos al poder en tiempos de Urribarri. Allí estaba el empresario Miguel Marizza (Caballi Construcciones), tristemente célebre en Concepción del Uruguay por su intento de convertir a la ciudad en la capital del juego y las tragamonedas en medio de un negociado inmobiliario, frustrado gracias a las denuncias periodísticas y la movilización ciudadana. Marizza no sólo fue beneficiario de los principales contratos de la Cumbrecita, sino que formó parte de una suerte de directorio que se conformó en aquel entonces para administrar los millonarios contratos del evento. También la pena cayó sobre Néstor Iván Szczech, de la contratista de obra pública Szczech & Szczech, al igual que el empresario Daniel Hereñú (OICSA), también denunciado por sobreprecios en obras públicas en otras ciudades entrerrianas. La lista se completa con Rubén Grasso, otro de los integrantes de la Patria Contratista provincial que disfruta de los repartos y privilegios de la Cámara Argentina de la Construcción con jugosos contratos para su firma Cemyc.
Plata sí, cárcel no
El promotor de esta propuesta fue el abogado defensor de todos los empresarios corruptos, Miguel Ángel Cullen, también partícipe de la defensa en las causas contra Sergio Urribarri. El acuerdo propuesto fue avalado por el fiscal Juan Malvasio y aprobado por la jueza de garantías Marina Barbagelata. De ese modo, los empresarios pagarán apenas una partecita de los más de $45 millones que cobraron y podrán transitar libres y sin problemas para seguir disfrutando de sus fortunas mal habidas.

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