Las reformas políticas y judiciales son dos metas importantes aunque quedó pendiente para este año, al menos si se sujeta uno al discurso inaugural del período ordinario de sesiones, una definición sobre el sistema educativo cuya dirigencia gremial es aguda a la hora de pelear los salarios pero un tanto laxa al momento de la autocrítica.
Este jueves fracasó la primera de las reuniones en paritarias entre el gobierno y los maestros que están atados al 23, 5 que cerraron el 2017 y rechazaron el 16,3 que, pagaderos en tres tramos, les ofertó la provincia, sin cláusula gatillo. La conversación seguirá el próximo martes aunque Bordet ya anticipó que su vocación dialoguista es con los niños en las aulas con lo que dejó clara la posición del gobierno frente a un eventual escenario de paro.
La situación ya no es nueva para ninguno de los actores. De hecho, la huelga al inicio del año escolar es un triste clásico que se repite año tras año, sin que se vaya al corazón del problema que es la composición del salario con códigos que nunca pasan al básico lo que le vaticina un futuro vulnerable al maestro y el régimen de suplencias que, como dijo hace tiempo el gobernador, también ante la Asamblea Legislativa, permite cuatro docentes por pizarrón.
El ministro de Economía, Hugo Ballay, habló hoy sobre el espíritu de la oferta gubernamental que está sustentado sobre las reales posibilidades de pago y no sobre las hipotéticas proyecciones. Aunque puede ser un argumento solvente, claro está que a los gremios docentes no les basta esa intención y franqueza.
De todos modos, la inversión en educación, sostiene, según datos oficiales de 2015 a 38.375 docentes, que significan un 42,6% del total de los 89.881 empleados públicos que tiene la provincia. 18.684 trabajadores de la educación pertenecen a la planta permanente, mientras que 19.691 fueron clasificados como personal temporario que cobran del mismo bolsillo que el resto de los entrerrianos estatales.
La ecuación de Bordet no se complica sólo por el población docente, sino que sus números están apretados, en parte por las deudas que recibió y está pagando y a su vez por la superpoblación estatal que le absorbe buena parte de los pocos recursos que se generan en la provincia, gran parte de los que ya tienen un destino fijo.
Lo inesperado de las cuentas lo trajo el clima. Es que uno de los grandes aportantes a la provincia atraviesa en estos días, una de sus peores épocas y promete que la sequía que lo aqueja golpeará de lleno el futuro del campo pero también el presente de las cuentas públicas.
El gobernador no hizo oídos sordos al reclamo de las entidades del campo que le anticiparon que no quieren otra cosa que una declaración de emergencia y prórrogas en los pagos de los impuestos como en las cuotas de los créditos bancarios, a lo que prometió responder durante una reunión que se concretará en cosa de días.
El pedido del campo no hará otra cosa que ajustar más el corset del gobernador que ya está apretado para mejorar a los maestros y que tiene por delante a los gremios estatales que vienen por lo mismo: Más sueldo para sus afiliados.
De todos modos, el campo, al margen de la sequía todavía espera que las mieles del cambio impregnen sus números.
El gobernador ya ha hecho estas declaraciones de emergencia y esta vez no tendrá mucho margen para negarse, aunque atendiendo un reclamo justo, sabe resentirá los números que le resultan imprescindibles para arrancar este mes y fundamentalmente para sostener un año que, según rumorean en todos los pasillos, va ser finalmente electoral.
El problema del campo no se reducirá al impacto que tenga la sequía sobre una ecuación salarial de momento, sino que atravesará todo el esquema productivo, ya que el productor que no puede asumir los costos de la campaña que acaba de perder, tampoco podrá saldar deudas pendientes y habrá que ver que margen le queda para enfrentar el desafío de una nueva inversión, sin una perspectiva clara.
Marzo promete ser un mes caliente y de discusiones ya dadas pero que nuevamente hay que reflotar. La novedad estará dada en la estrategia con la que se solucionen los conflictos en una etapa en la que el Estado y los gremios se han transformado ante la percepción ciudadana que está desmembrando cuánto hay de justicia en la lucha si la conquista depende de los impuestos.
