La página oficial del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) dice que los “objetivos” del fondo son invertir en proyectos de infraestructura, preservar el valor y la rentabilidad de la cartera, actuar con transparencia en la interacción con el sistema financiero, priorizar el desarrollo del capital humano del FGS, y ordenar los sistemas y procesos del FGS, en tanto que la “misión” del Fondo consiste en que los recursos administrados podrán ser utilizados para pagar los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino y hacer frente a los compromisos asumidos en la Ley 27.260 de Reparación Histórica. “Podrán” es distinto a “deberán”.
Queda bastante claro que el FGS es un fondo sin asignación específica. Sus recursos suman, según el informe de julio de 2026, unos $126 billones de pesos (millones de millones), el equivalente a unos USD 80 mil millones. A primera vista, luce como un botín precioso, pero en una mirada detallada, se descubre que el 79% de los recursos están invertidos en bonos emitidos por el estado nacional o por algún organismo dependiente de él. Usarlo podría llevar a que el Tesoro deba buscar otra fuente improbable para refinanciar al vencimiento los títulos que hoy se refinancian de manera automática. Una crisis de deuda, y sus inimaginables derivaciones, no quedaría lejos.
A poco de que el ministro Luis Caputo hiciera el anuncio de que el FGS comenzaría a licitar plazos fijos ajustables por inflación, a corto y largo plazo, en pesos, algunos expertos empezaron a preguntarse si estaba bien que se usara el dinero de los jubilados de esa manera. Una pregunta que, como indica la página web del FGS, parte de una premisa que no es cierta. Que el origen de los fondos haya estado en las cuentas de capitalización individuales de futuros jubilados que fueron expropiados sin indemnización alguna es otra cosa. Hasta 2008 es cierto que ese era el dinero de los jubilados (futuros). De ahí en más, se convirtió en una fuente de financiamiento para el sector público nacional.
La iniciativa de licitar plazos fijos a largo plazo tiene por finalidad reactivar el mercado hipotecario. Los bancos argumentan, no sin razón, que no pueden extender la cartera de préstamos a largo plazo si se fondean a corto plazo, pues el daño patrimonial potencial podría ser devastador.
Quienes se quejan de que se va a usar “la plata de los jubilados” también se quejan de que no hay crédito hipotecario y de que la actividad de la construcción está estancada. Hacer de la queja un deporte nacional no tiene sentido, y menos cuando para hacerla se recurre a eslóganes que venden bien, pero están teñidos de falsedad. Si el FGS fuera el “dinero de los jubilados”, los jubilados estarían jorobados: el Fondo no cubre ni dos años de pagos al valor actual de las prestaciones.
Los $2 billones que licitará el FGS son apenas 1,6% de su cartera. Que use ese dinero, en tal proporción, para recibir una remuneración atada a la tasa de inflación parece una inversión razonable. No se puede protestar porque se diversifica la cartera de inversión, y no protestar porque el 79% esté en bonos del estado, o porque el Fondo tiene posiciones excesivamente grandes dentro del capital de muchas empresas. Eso es mucho más riesgoso para el objetivo de preservación y rentabilidad el Fondo.
Por si no quedó claro: no es el dinero de los jubilados. Ni de los presentes, ni de los futuros.
