La explicación que desde esa empresa se da para fundar esa decisión, referida a la reorientación de sus inversiones sudamericanas, tiene que ver con la tendencia claramente observable en los mencionados países de involucrarse en un claro y profundo compromiso con la transición energética.
A la hora de dar ejemplos contrastantes, que vienen a ser uno de los motivos –el otro es la regulación de las tarifas, el cual se traduce en su virtual congelamiento- se hace referencia a la circunstancia que esa empresa de capitales italianos “tendrá instalados a fin de año 1200 colectivos eléctricos en Santiago y 1500 en Bogotá. En San Pablo, el objetivo es llegar a 1000 buses en los próximos meses… mientras en la Argentina estamos todavía luchando para que nos dejen entrar un cargador eléctrico”.
Detrás de esa explicación, que debe considerarse consistente, existe, sin embargo, otra que es la fundamental, aunque se la menciona casi como al pasar, cual es “la falta de reglas claras, la imposibilidad de hacer previsiones sobre bases ciertas que es su resultado, todo lo cual se lo ve enmarcado en un “estado de emergencia!, que aparenta se volverá eterno, ya que el mismo se lo ve ya prolongado por dos décadas.
Un párrafo aparte, y hasta digno de ser remarcado, es el que hace referencia a la morosidad observable en nuestra administración pública, dando la empresa muestras de una elegante sutileza, al advertir que “las no decisiones también tienen sus consecuencias”.
Saltando de esa situación a otra que en apariencia es completamente distinta, nos encontramos, con el hecho de que sigue en nuestra provincia la incertidumbre acerca de si habrá elecciones primarias, si se desdoblarán las elecciones generales, anticipándolas a las nacionales, ya como se lo ha anunciado en otras provincias; a la vez que independiente de ello, se utilizará en las elecciones provinciales la boleta única.
Una decisión que da la impresión que nuestro gobernador no deja de rumiar, y que en el fondo resulta válido considerar que, en parte al menos, es responsabilidad fáctica suya ese estado de aparente incertidumbre. De la cual, el nombrado pretende desvincularse, intentando colocar ese fardo en las espaldas de sus legisladores provinciales y aun en barreras constitucionales. Mientras existe la sospecha que ya se han tomado las respectivas decisiones en la materia, las que se guardan “in pectore”, hasta que llegue el momento oportuno para darlas a conocer.
Es que no puede pasarse por alto la respuesta dada a un periodista por nuestro mandatario, al ser interrogado recientemente sobre el tema. Cuando se lo escuchó afirmar que “la Constitución de la Provincia de Entre Ríos establece que quien fija la fecha de elecciones es la Legislatura. No es el gobernador el que fija la fecha de elecciones”. Atento a lo cual, frente a una respuesta mezquinamente correcta, es una lástima que ese periodista no hubiera insistido con otra inquisición, preguntándole esta vez acerca de cuál es la posición personal del gobernador acerca de una cuestión que no es menor.
Máxime, cuando al ser interrogado acerca de la instrumentación de la boleta única, como mecanismo a utilizar en las elecciones provinciales, no había habido de su parte vacilación alguna, al momento de destacar que “cada quien tendrá su opinión sobre el sistema electoral, yo tengo la mía y la he planteado muchas veces”. Añadiendo que “es más, en el 2018 presenté un proyecto de ley de reforma electoral integral y propuse que se instrumente la boleta única de papel”. Dado lo cual, resulta lamentable, y hasta imperdonable, que considerando la posición de indudable liderazgo que ocupa –la que en algunas ocasiones parece que fuera con pesar, por el humilde recato que muestra y que es de toda justicia reconocer- no se hubiera puesto al frente de una campaña encaminada a persuadir a los legisladores que rechazan o manifiestan dudas acerca de las bondades manifiestas de esa innovación, máxime cuando existen ya experiencias exitosas, resultados de su empleo en otras provincias.
Luego de lo cual pareció adoptar la postura del “ni”, frente a continuar, suspender o eliminar las elecciones primarias para la selección de candidatos por parte de partidos o coaliciones –conocidos entre nosotros familiarmente como PASO- al señalar que “es un tema que yo no lo tengo en la agenda”.
En cambio, nada le impidió ser terminante al pronunciarse en favor de suprimir las elecciones intermedias para la elección de diputados; omitiendo la referencia a que para lograrlo se hace necesaria la reforma de la Constitución Nacional. Ello, en cuanto la misma señala en su artículo 50 que “los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles; pero la Sala se renovará por mitad cada bienio”.
Con todo lo aquí señalado, cabe llegar a la conclusión que, en nuestro país en los ámbitos o sectores más alejados entre sí, atento sus objetos, funciones o competencia, se hacen presente las mismas constantes; las que en nuestro caso no son lamentablemente otra cosa que graves falencias.
Es que, cuando al titular esta nota editorial hacíamos referencia al muy actual decir “en su momento se verá”, no se hace otra cosa que formular de otra manera ese “vamos viendo”, que algunos, consideran como una frase utilizada por altos personeros del gobierno nacional, al momento de intentar explicar su estrategia.
Algo que no significa otra cosa que vivir mal enfrascado en “el día a día”, ignorando la existencia del futuro. El que se vuelve más imprevisible de lo que ya es de por sí, al no contarse con reglas claras y hechas para durar de una forma que se acerque lo más posible a lo permanente, y que vienen a brindar el marco necesario para intentar “el saber a qué atenerse”.
Es que en esas circunstancias es imposible no solo proyectar nada, sino también siquiera tratar de anticiparse a los acontecimientos. De lo que es un ejemplo vívido el hecho que al menos en el conurbano capitalino, nadie puede estar seguro de lo que le puede suceder al salir de su casa o al volver a ella, en contraste de la previsión extrema que es dable encontrar en la Constitución de los Estados Unidos, la que en uno de sus artículos establece que “las elecciones para presidente de Estados Unidos se realizan cada cuatro años, el primer martes después del primer lunes de noviembre”.
