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Una larga lista de organizaciones que trabajan de forma mancomunada en el impulso de políticas de transparencia y mecanismos de control sobre las acciones de los Gobiernos presentaron varias impugnaciones al candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para ocupar la Dirección de la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Un postulante cuestionado
En un documento que compartieron las entidades de la sociedad civil aseguran que es muy importante el rol de la Agencia Nacional de Acceso a la Información, ya que tiene la misión de controlar la transparencia en la administración pública. Por eso advierten que la postulación del candidato del Gobierno Nacional, Gustavo Fuertes, no reúne los requisitos para el cargo y advierten que “esto amenaza la transparencia del gobierno y la adecuada protección del derecho a saber” que tienen los ciudadanos.

Las impugnaciones se formalizaron desde organizaciones como ACIJ, Poder Ciudadano, Directorio Legislativo, FUNDEPS, Democracia en Red, y la organización entrerriana Datos Concepción que ha sido impulsora de la creación de ordenanzas de Acceso a la Información Pública en Municipios de la provincia, así como los impulsores del proyecto “Sueldos Transparentes” que exhibe en un portal la remuneración de los funcionarios, jueces y legisladores de Entre Ríos.

Las entidades señalan que “la postulación por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros no fue acompañada de una fundamentación respecto a las razones que motivaron esta candidatura ni sobre las valoraciones por las que consideran que el candidato es una persona idónea para el cargo”. Sus antecedentes no muestran trabajo en temas de transparencia, Gobierno Abierto o Acceso a la Información, por lo que las organizaciones aseguran que el postulante no presenta las credenciales adecuadas para el cargo.
La importancia del Acceso a la información
La Agencia de Acceso a la Información Pública es el órgano que tiene a su cargo velar y asegurar la transparencia del Poder Ejecutivo y las instituciones que se encuentran bajo su órbita. Alcanza a organismos de la administración pública centralizada, organismos descentralizados, empresas del Estado, empresas concesionarias de servicios públicos, universidades, partidos políticos, entre otros. Es el organismo que debe dar respuesta ante el pedido de cualquier periodista o ciudadano que quiera conocer información que el Estado no ha transparentado hasta el momento, y debe velar por que cada funcionario responda en tiempo y forma a estas solicitudes.

La agencia de Acceso a la Información Pública es además quien resuelve los reclamos por denegación de información de las diferentes autoridades y controla que los distintos organismos publiquen información completa y actualizada en sus sitios web. Es decir, no sólo tiene un rol activo cuando se ejerce una solicitud, sino que debe operar como un dinamizador de la transparencia activa, promoviendo que el Estado publique de forma frecuente información relevante para los ciudadanos. A estas funciones de la Agencia de Acceso a la Información también se suma su rol clave en la protección de datos personales y asegurar que se respete el derecho a la privacidad.
La Audiencia Pública
Todos estos planteos serán expuestos el próximo 23 de marzo cuando tenga lugar la audiencia pública en la que el candidato del Gobierno expondrá en torno a las impugnaciones presentadas y responderá preguntas de la ciudadanía. Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) hicieron pública su impugnación al candidato del Gobierno, que presenta una larga lista de credenciales en Defensa del Consumidor, pero nada de antecedentes en políticas de transparencia, apertura de datos o acceso a la información. Allí ACIJ advierte que “es necesario que la máxima autoridad de esta oficina sea una persona con una destacada trayectoria en la materia, que refleje la idoneidad que la ley exige para el cargo y su compromiso con la temática y con el requerido ejercicio autónomo de su rol. Sin embargo, del análisis de los antecedentes del candidato Gustavo Juan Fuertes, observamos que no satisface los requisitos que la ley establece para ocupar el cargo, en tanto no cuenta con experiencia y antecedentes que justifiquen su nombramiento”. Con un extenso fundamento, el pedido de las organizaciones aspira a que la Audiencia Pública sirva para poner freno a la designación dado que “la candidatura propuesta no reúne las condiciones para el cargo y que, por ende, el Poder Ejecutivo no debe avanzar en su designación”.
Campaña en Redes Sociales
Para estos días previos al 23 de marzo las organizaciones han lanzado una campaña pública en redes sociales para visibilizar el tema con el uso del hashtag #AccesoALaInformación en la que buscan alertar de esta grave situación para asegurar que la Agencia de Acceso a la Información Pública cuente con una autoridad acorde a sus necesidades. Desde Entre Ríos, la iniciativa está siendo impulsada por el equipo de Datos Concepción que forma parte tanto de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto como del colectivo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de transparencia y acceso a la información.
Fuente: El Entre Ríos

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