Luego del estupor que causó la muerte de una anciana asesinada a golpes, el diputado nacional Julio Solanas (FpV) reaccionó con un proyecto de ley que propone un sistema de protección para adultos mayores. La violencia contra los mayores es una problemática específica y requiere de un tratamiento acorde, es necesario plantear abordajes que atiendan a causas simultáneas para dar respuestas específicas, explicó Solanas en un circunloquio que encaja en cualquier franja etaria y en el que obvió mencionar el problema de fondo: La inseguridad que ataca con la misma saña a los viejos, a los jóvenes y a los del medio. ¿No es acaso igual de específica la violencia y su problema cuando lastima, golpea o asesina en otras edades y condiciones?
La propuesta del diputado, que de liderar el grupo Talleres para oponerse a la postulación de Sergio Urribarri, mutó a oficialista, es una mise en scéne que no va al fondo del problema, sólo lo segmenta por edades. ¿Tendríamos que tener un proyecto de ley entonces que proteja por un lado la niñez, por otro a los adolescentes y así, sucesivamente, hasta la vejez?. O, bucear en las causas, y pedirle al Estado que tome cartas en el asunto porque los ciudadanos no podemos conformarnos con ponernos a favor o en contra de Ivo Cutzarida y agotarnos en esa discusión en la que volvemos a enfrentarnos, víctimas contra víctimas, ante la mirada distraída de los gobernantes.
En la Legislatura provincial, Enrique Cresto, el senador de Concordia, tomó el mismo atajo. Propuso, a través de un proyecto de ley, que el Instituto del Seguro, una de las empresas del Estado, sea garante de los alquileres. Entiende el joven legislador, que con esta propuesta se ataca al corazón de un problema: porque muchas veces los propietarios exigen un sin número de garantías muy altas y muchos entrerrianos recurren a la compra de garantías que se ofrecen en medios públicos con costos altísimos e inaccesibles, los que a su vez, generan un mercado dudoso de grupos muchas veces fraudulentos", dijo el senador que no analiza, en cambio, que la dificultad es el acceso a la vivienda y a la tierra con complicidad de la burbuja inmobiliaria que cobra precios exorbitantes como desentendiéndose de los sueldos pisados del empleado público y de varios otros segmentos.
El texto, como era previsible, fue saludado por la Cámara Inmobiliaria: Los profesionales del sector estamos absolutamente de acuerdo en avanzar con esta iniciativa que pondrá a la provincia en la vanguardia en materia de garantías de alquiler, dijeron, sin ruborizarse, mientras dejaban el problema en manos del Estado y se aseguraban el negocio, aún sin responder por qué el sueño de la casa propia es cada vez más inaccesible y por qué son socios en el acuerdo de alquileres tan caros.
Este jueves, el Senado declaró la emergencia sanitaria por la falta de anestesistas. La iniciativa establece a la prestación del servicio médico de anestesiología como servicio público esencial y como especialidad crítica, y crea un Registro Público de Médicos Anestesistas, siendo obligatorio el empadronamiento de todos los profesionales que desempeñan la actividad en la provincia. También se faculta Salud a convocar a los profesionales que desempeñan la especialidad en el sector privado a prestar el servicio público esencial en hospitales y centros sanitarios, pero se aclara que los profesionales percibirán, por cada intervención que realicen, los honorarios establecidos para cada práctica en el nomenclador previsto por el Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper). Faltó preguntarnos por qué los anestesistas no están. ¿Qué falla en la salud pública que no los tenemos? ¿Alcanza la decisión de ir por ellos o hay que indagar en las razones que provocan esta carencia?
La reforma tributaria de diciembre también fue un parche con el que el gobierno intentó remediar el reclamo policial. Puso, entonces, en los hombros de todos, la responsabilidad de cumplir con la promesa salarial de Urribarri que hasta ahora no se ha podido concretar. Las paritarias aún inconclusas, no son un elogio al diálogo, sino a la falta de respuestas, aún a poco de cumplirse un año de la sanción del impuestazo. Esa ley, ahora reformulada para eximir a la industria del pago de Ingresos Brutos, tampoco atendió el problema de fondo: Cuánto es lo que se recauda y en qué lo gasta el Estado.
La semana entrante, el miércoles 15, el Ejecutivo debe presentar ante la Legislatura el proyecto de ley de Presupuesto para el 2015. Para los estatales no habrá esperanza. Lo anticipó este jueves el vicegobernador, José Cáceres: Crear expectativas dijo sería irresponsable y echó por tierra el reclamo gremial que está atado a la tributaria y a la amistad que guardan con el gobierno los sindicatos de los estatales. Esta vez el parche nos dejó impuestos más caros, para sueldos más bajos.
En el Senado, fueron muchos los que adelantaron que para la ley de leyes no hay voto a libro cerrado y tampoco mano alzada para obras sin financiamiento. De todos modos, los votos, están. Sobre eso no hay dudas. La cuestión pasa por el año electoral; por los legisladores que deben poner el pecho o un parche, si el gobierno no pone nada.
