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Lo que sigue es una conclusión, inicialmente no buscada de manera deliberada, del hecho que los dos Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de esta ciudad, se han mudado del edificio donde funcionaban desde hace más de medio siglo, mientras los espacios que dejan vacíos pasan a ser ocupados por el Juzgado del Trabajo, de reciente creación, y seguirán funcionando en el mismo edificio tanto el Juzgado Penal de Garantías, como la Unidad Fiscal de Colón y la Defensoría de Menores de este departamento judicial.

Según ha trascendido, existe cierto malestar en el ámbito de los juzgados obligados a mudarse, ya que la pregunta que aparece en formar repetida, es si no hubiera sido más sencillo ubicar el flamante juzgado en materia laboral en el edificio de calle 12 de Abril donde aquéllos tribunales funcionaban; evitando de esa manera tanto los altos costos como el cuidadoso trabajo y la gran responsabilidad que significa el traslado de camionadas de expedientes.

Al mismo tiempo que en los mismos ámbitos se señala que de avanzar, como se ha hecho, en el traslado indicado, no hubiera sido mejor, a la hora de las mudanzas, llevar el Juzgado de Familia al espacio que los Juzgados de Primera Instancia dejaban libres, teniendo en cuenta que de esa manera pasaba a ser, este último, “lindero” a las oficinas de la Defensoría de Menores, un organismo de continuado contacto con ese juzgado.

Por nuestra parte no queremos entrar a opinar en un tema cuyas facetas y trasfondo no están a nuestro alcance, máxime que seguimos convencidos de lo difícil que resulta encontrar, aunque más no sea una dosis de sentido común, en muchísimas decisiones adoptadas por la administración pública. Y en este caso es pertinente que se trata de una actuación de esta naturaleza, ya que nos enfrentamos a un acto de administración y no de carácter judicial en el sentido estricto de la palabra.

Pero partiendo del hecho que el edificio actual de tribunales es el único de propiedad estatal, y el que por ende no lo alquila y que tanto el Juzgado de Familia como el Juzgado de Paz funcionan con anterioridad a la situación que nos ocupa también ellos en locales alquilados, todo nos lleva a pensar si lo más sensato no hubiera sido pensar, desde mucho antes de ahora, en otra solución más adecuada.

Es que no solo el monto que el gobierno paga en concepto de alquileres de inmuebles en nuestra ciudad no se limita a los destinados al funcionamiento de los tribunales y dependencias anexas, sino que a ello deben sumarse otras reparticiones públicas de la provincia que funcionan también en inmuebles locados, cual es el caso de la Dirección Departamental de Educación, la oficina local de Registro Civil, Ater (lo que en otros tiempos conocíamos como la Receptoría de Rentas), el Registro de la Propiedad Inmueble, y seguramente alguna otra oficina más que puede habernos quedado en el tintero.

Por otra parte, no solo se debe tener en cuenta la erogación que el Estado hace en el pago de alquileres. Estos son por lo general más altos que los alquileres medios que se pagan en plaza, teniendo en cuenta que existe una larga experiencia del gobierno como deudor moroso, a lo que se añade la falta del más mínimo mantenimiento que por lo general hacen de los locales que alquilan, sobre todo por las limitaciones presupuestarias en la materia, aunque no deja en más de una ocasión de estar presentes la despreocupación de los funcionarios responsables de cumplir con ese cometido. A ello debe agregarse el ir y venir de administrados y justiciables -una manera complicada de referirse a todos nosotros, o como se dice vulgarmente a “la gente”- al que obliga la dispersión de los locales donde se prestan servicios que exigen la visita de más de uno de ellos.

Es por eso que cabría pensar que autoridades y funcionarios que tienen competencia en estos temas, debieran avanzar en el proyecto de construcción de un “centro cívico” que agrupe a todos ellos.

Construcción para la que habría que encontrar un inmueble donde levantarla, y que bien -dicho esto a modo de ejemplo- pudiera ser la manzana donde actualmente funciona la estación terminal de ómnibus local, si es que nuestra municipalidad avanza en la idea de reubicarla en otro lugar.
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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