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Por lo que hemos llegado a saber, por “mapa del delito” se entiende “una herramienta cartográfica utilizada por los analistas de las fuerzas de seguridad para mapear, visualizar y analizar los patrones del comportamiento delictivo en un lugar determinado, ya sea para fines estadísticos, como también para predecir y prevenir acciones criminales futuras”. Varias son las razones que sostienen que, extendiendo el alcance de ese instrumento, es una manera de llegar a elaborar un “mapa del consumo de drogas”, en cada uno de los departamentos de la provincia.

A ese respecto, se debería comenzar por recordar que ni el consumo de drogas, ni la tenencia de drogas para consumo personal, son un delito, dado lo cual no podría incluirse esta temática en un mapa de este tipo. A ello se agrega que el número creciente de operaciones de secuestro de cargamentos de drogas, o de insumos necesarios para su elaboración, si bien es importante como lo es también la labor de las fuerzas de seguridad, a las que se les ha encomendado ese cometido, solo constituyen “la punta del iceberg” de dimensión mucho mayor, que no solo puede considerar que están “en circulación” para su exportación, sino que su destino es su distribución hasta en los lugares menos imaginables de nuestro territorio nacional.

No puede por lo demás dejar de advertirse lo que sucede con el tráfico clandestino de cualquier bien destinado al consumo, o su utilización como partes de bienes que podríamos llamar semi-durables. Es decir, que “se sabe que se consume”, y esa es la respuesta afirmativa que casi con seguridad recibe quien interroga a “la gente” al respecto, pero que es seguida con otra respuesta, esta vez negativa, cuando la pregunta está referida a quién la provee.

Ello vendría a significar que una manera de poder ubicar a los “vendedores de drogas al menudeo” es a través de una paciente labor de inteligencia que permita detectar a los consumidores, su domicilio y sus contactos habituales, siempre procurando celosamente preservar el anonimato de los consumidores. Al mismo tiempo que llevar, con el mismo propósito, una campaña de concientización entre los padres con hijos menores lastimados con ese azote, para que pongan en conocimiento –aun preservando su identidad- de situaciones de este tipo en las que queden, desafortunadamente, involucrados.

Y siguiendo la novedad de que se cuenta con un número telefónico, mediante el cual se puede denunciar a los comerciantes que venden productos por encima de los precios máximos establecidos –una metodología cuando menos cuestionable, sobre todo de transformarse en una práctica habitual-, no da la impresión que resultaría inútil, aplicar esa misma práctica respecto al narcomenudeo. Todo ello supeditado a que quien reciba denuncia de este tipo, la maneje con una prudencia extrema, ya que no se trata –y ello conviene reafirmarlo- de perseguir a consumidores, que no son otra cosa que víctimas de ese flagelo, sino a quienes suministran el veneno.

Es que el combate a este vil comercio, se debe comprender que es una verdadera guerra –no hace falta la mención de ejemplos- y es por eso que, ante esa situación, el mantenerse neutral, es una forma de convertirse en un colaborador del enemigo.
Fuente: El Entre Ríos

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