A fin de cuentas, la frase se llevó los titulares, mientras que toda la explicación, larga y articulada, se convirtió en el complemento. La explicación de Adorni podría ser veraz, pero en el imaginario colectivo quedó como poco verosímil. Un poco por la frase desafortunada, otro poco porque al enriquecimiento a base de bitcoins será difícil seguirle el camino.
Más allá de las disquisiciones sobre veracidad y verosimilitud, lo cierto es que Adorni parece haberse convertido en un pasivo para el Gobierno. No hay una discriminación de las causas por las que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó 10 puntos porcentuales en el año, pero es razonable suponer que el affaire Adorni no fue gratis. La carga no recae únicamente sobre la imagen del gobierno, sino que ha demostrado afectar en parte su desempeño: cada visita del Jefe de Gabinete al Congreso garantiza que mucho de su tiempo se pierda en dar explicaciones, y reste del tiempo que se podría usar para promover propuestas.
Deslices como el de Adorni mantienen a un gran número de inversores institucionales extranjeros cautelosos con Argentina. Aunque reconocen los méritos de la política económica, el orden monetario y fiscal, la compra de reservas del Banco Central, los estímulos para el desarrollo acelerado de Vaca Muerte y la minería y simpatizan con Milei, no pueden evitar preguntarse: “¿esto sigue después de 2027?”. Una pregunta que a fin de 2025 no se hacían con tanto énfasis.
Esta semana, una segunda agencia calificadora de riesgo mejoró la nota de los bonos de la deuda externa argentina, y el índice de inflación en 2,1% reavivó la confianza en que la economía, tras el cimbronazo de la guerra, marcha bien. Los mercados festejaron, con subas en bonos y acciones. El riesgo-país cayó debajo de 500 puntos básicos (5%) y los bonos rinde menos de 9%, mientras el índice Merval se acercó a sus máximos históricos en dólares.
Adorni debe ser un soldado al que Milei y su círculo íntimo deben considerar fiel (¿y honrado?), pero que para la administración se ha convertido en una carga, para la gente en una fuente de sospecha, y para el mercado financiero en una razón fuerte para sostener esa duda omnipresente acerca de qué ocurrirá después de 2027.
El Gobierno tiene el derecho a decidir qué hacer con él, pero no debería especular demasiado con el efecto diluyente del paso del tiempo. Son varios meses ya los que lleva la carga a cuestas. Quizás haya mandado a sondear el costo de insistir y le haya dado bien el resultado, o quizás no quiera demostrar debilidad dejándolo ir, o quizás esté obsesionado con llevarle la contra a todo el mundo. Sea lo que fuere, mantener el statu quo no es gratis.
