Mientras se aguarda la indagatoria del licenciado Antonio Vitali, Perito Balístico del Superior Tribunal de Justicia, siguen surgiendo novedades a través de trascendidos, que transmiten además del estado de preocupación de la cúpula judicial, el desconcierto al tratar de entender que la actividad delictiva descubierta en febrero de este año y que surgiera a la luz la semana pasada, tendría una antigüedad de al menos cinco años o más, sin que nadie sospechara que esto sucedía.
Lo que viene
Esos son datos que estarían surgiendo de boca de algunos de los involucrados que permanecen detenidos y que no quieren cargar solos sobre sus espaldas con responsabilidades que habrían estado repartidas, como quizá alguna vez se repartieron las ganancias.
El doctor Ignacio Aramberry, fiscal de la causa, respetando el secreto sumarial informó sobre los pasos a seguir en esta investigación.
Así fue que, entre las novedades sobre la causa de la presunta venta de armas de los depósitos de Tribunales al mercado negro, y bajo la posible carátula de Peculado, informó que en la jornada de este miércoles se va a efectuar la indagatoria al licenciado Antonio Vitali como imputado.
"La medida se va a llevar a cabo a partir de las 10.30 en el domicilio de esta persona, ya que por razones de salud no se ha podido trasladar a la Fiscalía", expresó.
Vitali estaría convaleciente de una intervención de próstata, al margen de lo cual el día del allanamiento en su domicilio de calle Fraternidad, se lo pudo observar trasladándose por sus propios medios por el frente de su casa, incluso, charlando con ex camaradas.
El hombre, hasta ingresar como funcionario judicial, perteneció a las filas de la Policía de Entre Ríos, siendo uno de sus últimos destinos la subjefatura de la comisaría de Bajada Grande, donde la vecindad que clamaba por seguridad llegó a apreciarlo por su fama de "guacheador" de delincuentes.
Restricción
En las últimas horas, en los corrillos de los Tribunales surgieron versiones que mencionaban la tensión y la preocupación de algunos empleados con desempeños cercanos a la oficina que ocupaba el licenciado Vitali.
Al parecer, los temores tenían su fundamento, ya que se estima que estos empleados y muchas otras personas empiezan a engrosar las listas de quienes serán citados oportunamente a declarar como testigos en la causa. Eso llegó a oídos del fiscal de la causa.
Consultado sobre este hecho, el doctor Ignacio Aramberri contestó: "puedo confirmar que recibí en forma oral esa información y que inmediatamente se tomaron las medidas pertinentes del caso con una restricción otorgada por el juez de Garantías".
"Aclaro que no existen denuncias formales sobre amenazas o llamados intimidatorios, pero sí comunicaciones verbales que me pusieron en conocimiento de una situación anómala, por lo que solicité medidas al juez de Garantías y este martes se envió una resolución a través de personal policial, informando al señor Vitali de una restricción vigente, para que se abstenga de comunicarse telefónicamente con cualquier empleado de Tribunales de cualquier área y específicamente de su área laboral", informó Aramberri.
