Pensado o no, el alejamiento del exsubsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación coincidió con siete allanamientos dispuestos el miércoles anterior por la Justicia.
Los procedimientos fueron efectuados en seis constructoras y en el principal despacho de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) por órdenes del fiscal Juan Malvasio, quien investiga un presunto fraude con las contrataciones hechas entre octubre y diciembre de 2014 por la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), de la que Céspedes fue nada menos que su coordinador general.
Designado el 20 de octubre de 2014 a través del decreto 3.615/14 GOB, tuvo amplias facultades para contratar en forma directa bienes, servicios y personas, una prerrogativa concedida por la Legislatura a través de la Ley 10.327, que permitió la conformación de la UOCM. Nada más que por trabajos de infraestructura la UOCM pagó 40.541.257,57 pesos a seis firmas del ramo. Las empresas favorecidas fueron Cemyc SRL (13.307.506 pesos), Caballi SA (11.722.584,57 pesos), Sczcech & Sczcech SA (9.066.678,40 pesos), Organización Integral Constructora SA (5.781.269,30 pesos), Luis Losi SA (551.565 pesos) y LyC Construcciones SA (108.654,01 pesos).
Todas las contrataciones fueron avaladas a través de resoluciones firmadas por Céspedes. Aunque no fue la única autoridad que intervino en los diferentes trámites administrativos.
Para concretar esa serie de adjudicaciones directas, tras recibir apenas un presupuesto como todo antecedente documental en cada caso, también intervinieron otras personas.
Y todas siguen cumpliendo funciones en la administración del gobernador Gustavo Bordet.
Uno por uno
Mediante la resolución 3 de la UOCM, fechada el 27 de octubre de 2014, Céspedes asignó a Benítez "las funciones de coordinadora general de las obras que promueva el gobierno provincial en el marco de la realización de la XVLII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur". Como tal quedó facultada para "suscribir los contratos, convenios y demás medidas operativas para el cumplimiento de la las disposiciones de la Ley 10.327, adoptar resoluciones técnicas y ejecutivas relativas a las obras y provisiones de bienes y servicios vinculados a la misma".
Además Benítez tuvo atribuciones para "autorizar anticipos de fondos de acuerdo a las circunstancias particulares de cada obra, aprobar y autorizar los presupuestos y aprobar los trabajos realizados a través de un informe de obra que se elevará al coordinador general de la Unidad Operativa con la factura respectiva para la prosecución del trámite correspondiente".
También fue la encargada de ejecutar el convenio de colaboración que Céspedes celebró el 28 de octubre de 2014 con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), representada por su entonces presidente, Néstor Iván Sczcech. El acuerdo sirvió, entre otras cosas, para designar a las empresas que finalmente ejecutaron las obras de infraestructura solicitadas por la UOCM. Y fue convalidado mediante el decreto 3.974/14 GOB, emitido un día después.
Las diferentes cláusulas sirvieron para detallar los derechos y obligaciones de las partes. Y respecto del sistema de contratación quedó estipulada la modalidad de "ajuste alzado" y/o "unidad de medida", lo que "se resolverá por el coordinador general según el tipo de obra o bien y/o servicio que deba ejecutarse y/o proveerse".
El colaborador inmediato de Benítez fue Julio César Arduino. El actual subsecretario de Arquitectura y Construcciones fue designado, también a través de la resolución 3, como coordinador de Construcciones de la UOCM.
En ese rol Arduino tuvo a su cargo la coordinación de "los inspectores y sobresantes como responsable de las obras a realizarse". Asimismo estuvo facultado para "autorizar en forma expeditiva las tareas necesarias durante el proceso de las obras, servicios y/o provisión de bienes y las que sean necesarias para la ejecución de los trabajos".
Arduino también debió "verificar en lo que es de su competencia, la ejecución y finalización de la obra, elevando el mismo a la Coordinadora General".
Por su parte, Gustavo Tórtul fue designado como coordinador contable de la UOCM. El nombramiento del director general del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación fue dispuesto mediante el decreto 3.615/14 GOB, el mismo por el que se nombró a su superior.
Tórtul, junto como Céspedes, fue una de las personas habilitadas para manejar la cuenta corriente que la UOCM abrió en el Nuevo Banco de Entre Ríos SA, por la que circularon decenas de millones de pesos. Y suscribió las seis rendiciones efectuadas ante el Tribunal de Cuentas de la provincia entre el 5 de febrero y el 27 de mayo de este año.
Después de varios años en la función pública, Céspedes decidió volver al Tribunal de Cuentas, en el que tiene un cargo como Personal Técnico Administrativo "A" desde el 12 de diciembre de 2011. Se legajo lleva el número 54.599, según consta en la página web del organismo de control.
Desde el gobierno se dijo que su alejamiento se debió a problemas de salud que lo obligaban a evitar el estrés. Los restantes partícipes de la UOCM fueron ratificados en sus cargos.
Sólo el curso de la investigación judicial dirá si la lista de autoridades desplazadas por Bordet se vuelve a incrementar.
