La operatoria buscaba la creación de un consorcio público-privado para el gerenciamiento de la tarjeta, que sin modificar el carácter estatal de Sidecreer, permitiera ampliar sus operaciones para brindar a los trabajadores estatales un mejor sistema de crédito, y fortalecer su sustentabilidad. A su vez, el proyecto se basaba en los preceptos establecidos en la recientemente sancionada Ley Nacional de Participación Público-Privada, cuya adhesión en la provincia fue promovida en la Cámara de Diputados desde la bancada de Cambiemos.
El gobernador Gustavo Bordet aseguró respecto de la decisión, que "cuando se judicializa la política, algo que no es bueno, a mi entender, hay una vía que es prácticamente muerta. Lamentablemente se pierde una gran oportunidad, de capitalizar la tarjeta de crédito; habrá que ver otras alternativas".
"No quiero que se siembre ningún manto de duda, de sospecha, sobre los actos de gobierno de mi gestión, que son totalmente transparentes. Nosotros queremos poner lo mejor para que a la provincia le vaya bien. No estoy dispuesto a que se ponga en tela de juicio nuestra transparencia", indicó.
A su vez, acotó: "Lamento que se llegue a denuncias sin ningún tipo de sentido, sin asidero, como las que se están presentando. Se verá como se hace; nosotros quisimos poner lo mejor para tener una tarjeta vigorosa".
"Habrá que ver como se capitaliza Sidecreer. Desde el gobierno no vamos a capitalizar porque no tenemos el dinero suficiente para hacerlo, porque está en una situación muy comprometida tal cual indicó la auditoría que encargamos. Hay una deuda con las mutuales que han exprimido, que han cobrado intereses usurarios a la tarjeta Sidecreer, entre 50 y 70 millones de pesos", puso relevancia el mandatario entrerriano.
