El Tribunal Oral Federal de Paraná emitió su sentencia de acuerdo con la acusación fiscal, que fue contra Claudia Silvina Bernal, Ramón José Antonio Argañaraz, Estefanía Andrea Torres y Luciano Andrés Sacks por ser coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres personas organizadas, y el delito de lavado de activos, en concurso real. A Claudio Marcelo De Mauricio, en tanto, solo se le imputó ser coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres personas organizadas.
La causa se originó a raíz de un llamado telefónico a la Delegación local de Policía Federal Argentina, fuerza que desplegó tareas de inteligencia mediante las cuales se determinó la posible comercialización de estupefacientes en la zona de residencia de Claudia Bernal, ubicada en calle Combatientes de Malvinas, en el barrio Villa Mabel de Paraná. Por tal motivo el juez federal Leandro Ríos libró órdenes de allanamiento de diversos inmuebles, en los cuales se secuestró droga, dinero, numerosos y costosos vehículos y otros elementos.
En audiencia celebrada entre el fiscal general subrogante Leandro Ardoy y los procesados, éstos expresaron sus deseos de acogerse al beneficio del juicio abreviado y reconocieron sus responsabilidades en el hecho.
Acordaron en que se le imponga a Claudia Bernal y a Estefanía Torres las penas de cinco años y dos meses de prisión a cada una y multas de 1.086.090 pesos y de 361.500 pesos respectivamente, más las costas del juicio. A Luciano Andrés Sacks, la pena de 5 años de prisión y multa de 360.000 pesos, más las costas del juicio; a Ramón José Antonio Argañaraz y a Claudio Marcelo De Mauricio las penas de cuatro años y diez meses de prisión a cada uno y multas de 199.500 pesos y de 2.000 pesos respectivamente, más las costas del juicio.
Finalmente se acordó el decomiso de los vehículos –motos y autos– y el dinero secuestrado en autos, y que el mismo sea imputado al pago de las multas impuestas.
Para la Justicia, está acreditado que parte de las "ganancias" de la venta de droga la volcaban a la compra de numerosos moto vehículos y automóviles utilitarios y de calle, concretando de ese modo lo que se conoce como lavado de dinero.
