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El exsenador provincial Mario Alberto Yedro (PJ) es uno de los pocos políticos entrerrianos que llegó a purgar con cárcel los delitos de enriquecimiento ilícito y usurpación. En las últimas horas, el apellido del concordiense, ya en libertad, reapareció en edictos del Boletín Oficial, que dan cuenta de sus renovadas actividades comerciales al frente de su empresa, Delrubio y Humendi S.R.L., propietaria de un campo de 2.165 hectáreas, en la zona de Raíces, departamento Tala.

Uno de esos edictos, el publicado en la edición del último 6 de noviembre, refleja con claridad que las hijas de Yedro se apartaron de la empresa familiar. Fátima Yedro, Luciana Yedro y Lara Yedro cedieron “la totalidad de sus cuotas sociales” que tenían en la empresa Delrubio y Hunmendi. ¿A quién? La explicación surge de la lectura del edicto:

“En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los 25 días del mes de agosto de 2018, siendo las hs. 10:00 se reúnen los socios de Delrubio y Humendi S.R.L., y las socias cedentes Fátima Yedro, Luciana Yedro y Lara Yedro, quienes ceden la totalidad de sus cuotas sociales, atento al siguiente detalle: La socia Lara Yedro cede sus 210 cuotas sociales de un valor de pesos doscientos ($ 200) cada una; al socio Mario Alberto Yedro. La socia Luciana Yedro cede sus 210 cuotas sociales de un valor de pesos doscientos ($ 200) cada una; al socio Mario Alberto Yedro. La socia Fátima Yedro cede 130 cuotas sociales de un valor de pesos doscientos ($ 200) cada una; al socio Mario Alberto Yedro y 80 cuotas sociales al socio Gustavo Berezagá”.

De ese modo, el capital social “es de pesos quinientos treinta y cinco mil ($ 535.000), dividido en dos mil seiscientos setenta y cinco (2675) cuotas de pesos doscientos ($ 200) cada una, valor nominal y de un voto cada cuota, de las cuales suscriben el socio Mario Alberto Yedro la cantidad de dos mil quinientas noventa y cinco (2595) cuotas que importan pesos quinientos diecinueve mil ($ 519.000) y el socio Gustavo Gabriel Berezagá, la cantidad de ochenta (80) cuotas que importa pesos dieciseis mil ($ 16.000), que se encuentran integradas en su totalidad”.

Días antes, el 22 de octubre de 2018, otros dos edictos habían dado cuenta de los nuevos movimientos comerciales de Yedro en su firma Delrubio Hunmendi SRL. Por un lado, Daniel Ariel Quintana dejó su cargo de gerente de la empresa, que ahora pasó a manos del propio Yedro. La otra decisión adoptada fue la mudanza de la sede empresaria: el cambio de domicilio de la sociedad a la zona rural de Guardamonte, en el departamento Tala.
Los antecedentes
El 22 de diciembre de 2005, un tribunal de Concordia halló culpable del delito de enriquecimiento ilícito al exsenador Yedro, y lo condenó a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, el pago de una multa de 90.000 pesos, la inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso de esa propiedad que recién pasó al Estado en el año 2011. El exsenador batalló cuanto pudo para retener su propiedad, y por eso se ganó una segunda causa en su contra: por usurpación.

Un juez de primera instancia y un tribunal de alzada lo condenaron a cumplir una condena efectiva de 4 años y 6 meses en la cárcel, pero Yedro fue recurriendo esas sentencias por distintas vías, hasta que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) le cerró ese camino, y lo obligó a cumplir la condena. Pero el encarcelamiento duró hasta diciembre de 2017: desde entonces está con libertad condicional, mucho antes, claro, de que se cumpliera el plazo de la condena de 4 años y 6 meses que le habían aplicado en marzo de 2016.

En septiembre de 2010, Yedro, que siguió explotando el campo que la Justicia le había decomisado, reclamó que le devolviesen esa propiedad. Lo hizo a través de un recurso judicial que se conoce como “acción reivindicativa”, que presentó ante el titular del Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala, Gastón Agotegaray. El argumento de Yedro es que la Justicia lo condenó a él por enriquecimiento ilícito, pero terminó condenando a un “tercero”, la sociedad Delrubio y Hunmendi, propiedad del campo en litigio.

La sociedad Delrubio y Hunmendi estaba integrada entonces, además del exsenador, por sus hijas, Fátima, Luciana y Lara, quienes pasaron a formar parte del consorcio en 2003, tras la separación de Yedro de su esposa, Silvia Torres. Esta última cedió a sus hijas –en forma gratuita, claro– su participación accionaria. El 3 de abril de 2003, y ante escribano público, Yedro y Torres, hicieron el reparto de bienes; el mismo día y ante el mismo escribano, Daniel Corsini, la mujer donó a sus hijas su participación accionaria en la empresa.

Para la Justicia, la compra de aquel campo en Distrito Raíces Norte, departamento Tala, sumado a la compra de un predio de 91 hectáreas en Puerto Yeruá, departamento Concordia, y la apertura de una cuenta bancaria en la República Oriental del Uruguay, constituyeron actos de “enriquecimiento ilícito insuficientemente justificados” por cuanto ocurrieron en forma contemporánea al ejercicio de cargos públicos en el Estado. Yedro fue concejal justicialista de Concordia al inicio de la recuperación democrática, en 1983, y luego senador provincial durante dos períodos, coincidentes con la primera y la segunda gobernación de Jorge Busti: entre 1987 y 1991, y entre 1996 y 1999.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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