La monja dirigió durante diez años el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, y la causa se originó el 25 de agosto de 2016, tras la acusación en su contra realizada por excarmelitas.
El fiscal Federico Uriburu ordenó entonces un allanamiento, durante el cual secuestró diversos elementos relacionados con las denuncias formuladas por las monjas de clausura. Al mes siguiente, Toledo fue imputada tras el análisis de “todas las pruebas y declaraciones tomadas”, entre ellas las de José Bonín, párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen de la misma ciudad.
