Se conoció el pasado 4 de Julio un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –en la actualidad ocupa ese cargo la ex presidente chilena Michelle Bachelet- que el mismo elaborara, a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por Rocinante
No se puede dejar de señalar la importancia que su contenido reviste, dada su fiabilidad, consecuencia de la autoridad moral de quien firma el informe. A ese respecto debe señalarse que esa, su autoridad moral es consecuencia de su honestidad indiscutida y su probidad intelectual reconocida. A lo que se suma el hecho de haber sido victimizada, tal cual ahora se dice, en su país, Chile, por el régimen autoritario de Pinochet, para alcanzar luego de la reinstalación del Estado de Derecho, siguiendo a un periodo tenebroso de la historia de ese país que incluye esa dictadura. Y el de haber sido por dos veces elegida Presidenta de la Nación, en períodos no consecutivos.
Debo destacar el hecho, que al describir su trayectoria, no puede dejar de pasarse por alto la circunstancia de que también fue la primera presidenta pro tempore de UNASUR, y la primera encargada de ONU Mujeres, agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género. Actualmente, como ha quedado indicado más arriba, es Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ocupa el cargo honorífico de presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud.
El contenido del informe al que me refiero
En el mismo se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016, aunque el mismo se refiera específicamente al periodo enero 2018 a mayo 2019- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.Se han hecho así presentes un conjunto de leyes, políticas y prácticas que han reducido el ámbito democrático, han desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y han permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.
En el documento se destaca asimismo la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
También se detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. En el periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
Continúa el documento destacando que los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. Es así como se precisa que la Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.
Como si esto fuera poco, también se remarca el hecho que proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales se ha traducido en 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, y que entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2010 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.
A la vez que el 31 de mayo de ese año había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala en los últimos años el Gobierno ha tratado de gestar una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes.
Por otra parte, en el mismo informe se denuncia que el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria. De allí que la escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos.
La denuncia se extiende a la circunstancia que a pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales, amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del Gobierno.
En cuanto a la situación sanitaria, en el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros, en lo que es una señal suficiente de una realidad espantosa que el mismo minuciosamente describe.
No se olvida de hacer una referencia a lo que entre nosotros se los conoce como pueblos originarios, los cuales según el mismo informe pierden el control de sus tierras asoladas con la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados. A lo que se agreta que la extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, por parte de esas bandas y grupos, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra.
La posición del Estado Argentino, a la hora de ser tratado el informe en un organismo internacional
Con una contundencia que no había exhibido hasta ahora en los foros internacionales, el Gobierno condenó al gobierno de Venezuela "por la situación de los derechos humanos" y "por la grave crisis política, económica y humanitaria".Es así como el portavoz de la postura oficial de nuestro país, en una reciente reunión en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas destinada a la consideración del informe, fue fijada por el representante del Gobierno ante la ONU. Se trata éste del embajador Villegas, un diplomático de carrera designado por el canciller Felipe Solá y valorado en el actual gobierno por su trayectoria en materia de Derechos Humanos.
Es así como su intervención significó una contundente muestra de apoyo al contenido del informe, el que no le mereció reparo alguno. A la vez que culminó su presentación señalando que “que solo el orden constitucional, la democracia y el Estado de Derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los Derechos Humanos en Venezuela", al mismo tiempo que instó al régimen cuasi totalitario de Nicolás Maduro a encarar "una negociación política inclusiva basada en los Derechos Humanos y en la restitución de los derechos políticos" y a cooperar con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Cabe agregar que de esa manera, según analistas políticos locales, el Gobierno sostiene un camino intermedio para abordar la cuestión de Venezuela, que contempla una condena a las violaciones a los derechos humanos. Aunque no se pliega a los pronunciamientos de los países de la región para forzar las elecciones en ese país y rechaza las sanciones económicas impulsadas por los Estados Unidos y se pronuncia a favor de una salida electoral que incluya al chavismo como alternativa política.
Quiere ello decir que no se ha apartado del núcleo duro de la postura de la mayoría de los países del continente, sino que pone distancia con la postura de esa mayoría, al discrepar con el grado de presión que resultaría necesario hacer con el objeto de alcanzar la restauración del Estado de Derecho.
Se puede discrepar o no con la posición asumida, pero resulta claro que por su sensato realismo, aparece manifiestamente deslindada, de quienes entre nosotros en estos tiempos de enamoramiento, mostrando diversos grados de fervor, a la hora de poner de manifiesto ese sentimiento hacia el hijo de Chávez, sumado al entusiasmo apasionado hacia su régimen.
Es que esa restauración a la que acabo de referirme resulta de una complejidad diabólica, que se agrava por la circunstancia, la cual aunque políticamente posible resulta moralmente cuestionable, en cuanto el precio a pagar sea la inmunidad de Maduro y un gran número de los que lo vienen acompañando en sus tropelías.
Y hasta coloca en un dilema serio, la postura de quienes con el objeto de asfixiar a Maduro, le están haciendo pagar al pueblo, sobre todo a los más humildes y todos aquellos que lo integran que no están dispuestos a renunciar a su dignidad. Máxime, si se tiene en cuenta que pensar en una intervención militar internacional, aun bajo el paraguas de una decisión de un organismo internacional que la habilite, sería como despertar a todos los demonios, independientemente de lo controvertido que puede resultar una decisión de esa naturaleza.
Dicho de otro modo: no existe un dilema, sino tan solo una pregunta: ¿cómo se sale de esto?
Una interpretación, la que ha quedo expuesta, referida a la posición de nuestro gobierno respecto al estado de cosas en Venezuela, que no puede quedar desvirtuada con las ambigüedades comunes por el máximo exponente gubernamental cuando se trata de contentar a sus socios fundamentalistas, buscando disimular el sentido real de sus manifestaciones, e inclusive al tratar de aclarar, termina en ocasiones por desdecirse.
La imposibilidad de tapar el sol con un harnero
Según leí una vez en un viejo libro, cuya existencia acabo de recordar al sentarme a escribir esta nota, por lo que estimo ser una adecuada asociación de ideas, tuve un recuerdo de su existencia, y que por lo mismo paso a transcribir, un párrafo del mismo en el que se hace referencia, a la expresión ´´intentar tapar el sol con un harnero´´. La que alude a la realización de esfuerzos estériles y a la desproporción entre medios y objetivos. El harnero (cernidor, zaranda) aporta los suficientes agujeros y espacios para que la luz del astro rey pueda atravesarlo sin dificultades. Resulta, claro, completamente ineficaz para intentar anular al sol.Y ese dicho es fruto de una sabia experiencia que seguramente costó largo tiempo en plasmarse en palabras. El cual aplicado a nuestra realidad actual, viene a mostrar que no siempre la verdad es susceptible de ser sepultada, y que la misma es capaz de colarse por los resquicios más sorprendentes, ya que resultan ser los menos pensados y, por ende, hasta cierto punto, inexplicables.
Es lo que ha sucedido con la discusión en torno a la naturaleza del régimen de Maduro, respecto al cual nuestro gobierno ha asumido la verdad de lo que es en realidad, al sumarse en el apoyo al informe referido.
Y no es ese el único caso en el que se ha apelado a ese utensilio entre nosotros pretendiendo ocultar lo inocultable. Pero hasta aquí hoy he llegado. Lo que no significa que me haya olvidado del harnero…
