Entre otros planteos, los magistrados interrogaron a los fiscales respecto al corte realizado por los investigadores (se investigó hasta 2016), al modo de valuar la multa de $3.000.000 solicitada por los representantes del MPF y otras cuestiones vinculadas a la unificación de todos los expedientes que involucran al exdiputado provincial como acusado.
La audiencia en la que los magistrados comunicarán su resolución respecto al juicio abreviado será el próximo jueves 22 de octubre a partir de las 8.30 horas. Los jueces podrán homologar el acuerdo o suspenderlo y disponer que se resuelvan las acusaciones bajo la modalidad tradicional y/o por separado cada expediente.
Una extensa audiencia
Este miércoles se desarrolló la audiencia de juicio abreviado en donde el MPF expuso las pruebas a partir de las cuales se condenaría a Allende por enriquecimiento ilícito y haber cometido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Además, se expusieron los pormenores de las amenazas por las que Allende también fue acusado, tanto al periodista Martín Carboni como a la ministra de Salud de la provincia Sonia Velázquez, que estuvo presente en la audiencia. Carboni estuvo representado por el abogado Rubén Pagliotto y Velázquez fue representada por María Fernánda Vázquez Pinasco, quien se manifestó crítica con la decisión de que sea incluido en este juicio abreviado lo referido a las amenazas en contra de la titular de la cartera sanitaria."Entendemos que con los elementos probatorios que obran en el expediente del Juzgado de Transición y las evidencias recolectadas en el marco de los legajos de UFI, a las que las partes le hemos acordado valor probatorio, ha logrado acreditarse en grado de certeza los hechos imputados al encartado, como su participación en los mismos", aseguraron los fiscales Laura Cattaneo, Álvaro Piérola y Leandro Dato.
En este marco, se puntualiza en dos hechos concretos. El primero, el de enriquecimiento ilícito, según los fiscales ocurrió "durante su desempeño como funcionario público del Estado provincial (diputado) desde el 10 de diciembre del 1999 hasta diciembre de 2016, José Ángel Allende incrementó desproporcionadamente su patrimonio, utilizando para ello la intervención como interpósitas personas de Adriana Guadalupe Satler, Diana María Cristina Traverso, Julio Alejandro Allende, Victoria Allende y Carolina Allende y de la Persona Jurídica de UPCN. Ello ocurrió a partir de la adquisición de bienes inmuebles, embarcaciones, automotores, inversiones en plazo fijo y participación en sociedades por montos que no se justificaron en el ahorro disponible para inversión en un total de $4.983.146,14, lo que dolarizado equivale a la suma de U$s 1.069.841,19".
Y un segundo hecho, de negociaciones incompatibles con la función pública, "durante su mandato de diputado de la provincia, se interesó en forma directa, interviniendo en los respectivos trámites administrativos, en el otorgamiento de subsidios no reintegrables por parte del órgano legislativo que integró, en favor de la fundación Esperanza, entidad que conformó como presidente y secretario desde el 16 de noviembre del 2004 y que también fue dirigida por los coimputados Adriana Satler, en su carácter de presidente y Victoria Allende en su carácter de tesorera desde el 20 de octubre del 2007. Así, obtuvo que dicha fundación recibiera tales ayudas económicas por la suma total de $1.358.617,98 desde enero del 2008 hasta diciembre del 2011".
Entre otros elementos, Cattaneo expuso el listado de algunas de propiedades con las que contaba la familia Allende: un yate nombrado Guadalupe (cuyo valor es de U$s 49.500, siempre valor a dólar de septiembre del 2018); inmuebles en Nogoyá y dos terrenos contiguos con mejoras que implican un valor total de $21.323.890 equivalente a U$s 559.682,15; inmuebles en 3 terrenos contiguos ubicados en Quebracho, departamento Paraná, en un valor de $39.686.446 (equivalente a U$s 1.041.639); y un inmueble en la Isla Puente de Paraná valuado en $6.578.893 (equivalente a U$s 172.674,36).
Además, se ha dispuesto que debe fijar domicilio, que no realice actos violentos contra sus víctimas, que no realice actos de violencia de género ni de verse involucrado en cualquier comportamiento violento.
También se acordó el decomiso en favor del Estado de los efectos del delito cometido que recae sobre el patrimonio injustificado. Se determinó el decomiso de 2 bienes inmuebles (el de calle Laprida y la propiedad ubicada en el Parque Urquiza de Paraná sobre calle Castelli). El monto de los decomisos supera el valor del enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado. El edificio del Parque Urquiza será destinado al Consejo de la Magistratura, mientras que la propiedad de calle Laprida será destinada a ser sede de la Unidad Fiscal de Violencia de Género.
La palabra de la ministra Velázquez
En el marco de la audiencia oral y pública, el tribunal permitió a las presuntas víctimas de Allende a que se expresen. Así lo realizó la ministra Velázquez y ratificó su oposición a que su causa sea unificada con otras causas que llegaron a este juicio abreviado y puntualizó en las "naturalezas penales distintas" y que son "inconexas" unas con otras."No corresponde un acto de Justicia para quien les habla en calidad de víctima, como mujer y tampoco para el interés social de un delito de género", agregó la ministra.
A poco de cumplirse dos años de la denuncia de Velázquez, aseguró que "la misma tuvo como objetivo poner fin a una serie de amenazas que comenzaron un año antes de haber podido tomar el coraje y la valentía de poner fin a esta situación de violencia".
"En noviembre del año pasado manifesté mi conformidad a un juicio abreviado para poder poner fin a lo que significó un gran contrapeso en mi función pública y un acto de Justicia para mí y otras víctimas de violencia de género que han sido silenciadas. Pero durante la pandemia, tomé conocimiento por un medio digital que Allende había realizado con el MPF un acuerdo de reparación y condena que contemplaba varias causas. Cuando consulté al fiscal de esta situación, me informa que se había firmado el acuerdo y fijadas las pautas de conducta con el imputado. No conforme con esta situación decidí convocar a mi abogada para poder realizar oficialmente esta presentación que pudo haber sido tenida en cuenta a efectos de brindarme la posibilidad de ser escuchada", expresó la ministra.
En esa línea, aclaró que no busca el "punitivismo patriarcal" sino que una causa de violencia de género "no quede invisibilizada por el sistema", finalizó.
Pagliotto habló en nombre de Carboni que no se hizo presente en la audiencia por cuestiones personales.
Por su parte, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes también brindó su parecer pero no se logró escuchar en la transmisión online por cuestiones técnicas y eso motivó la imposibilidad de poder reflejar el relato del funcionario que valoró la recuperación del producido del delito para las arcas públicas.
