El caso
La investigación comenzó cuando la pareja de García, luego de diez años años de explotación y violencia, confesó a su hermana el calvario que vivió. La víctima contó que el policía acordaba con otros hombres los encuentros sexuales y la trasladaba en un Volkswagen Bora. Luego, él se quedaba con la ganancia. Además, García controlaba todos sus movimientos.La hermana de la víctima hizo la denuncia por trata de personas y explotación sexual al número 145 que está a cargo del Ministerio de Justicia. De este modo, Personal de Gendarmería se encargó de hacer el rescate de la mujer. Estaba en la vivienda donde vivía con García. Se dio intervención a la Oficina de Asistencia a la Víctima que, a través del trabajo con psicólogas, detectaron que había sido sometida, que habían vulnerado sus derechos.
Posteriormente, se abrió una causa federal y las diligencias quedaron a cargo de Gendarmería. En medio de la pesquisa, el denunciado hostigó y amedrentó a la víctima, incumpliendo una orden de restricción por lo cual el juez federal Leandro Ríos dicto su prisión preventiva. Desde 2019 García está en la Unidad Penal N°1 de Paraná. La Cámara de Casación confirmó la prisión preventiva.
Condena
El juez Roberto López Arango leyó este martes al mediodía la sentencia condenatoria contra el policía García, por el delito de trata de persona con fines de explotación sexual, en la modalidad de traslado y ofrecimiento. Estuvieron en consideración los cuatro agravantes señalados por el fiscal General del Tribunal Oral Federal, José Ignacio Candioti: que se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima; que era su pareja; que es policía de la provincia; y que la explotación sexual se consumó.Asimismo, el magistrado hizo lugar a una propuesta de Fiscalía: que García ceda el Volkswagen Bora -el vehículo usado para la explotación- a la víctima, como un modo de reparar algo de la violencia económica ejercida. Además se dispuso que la víctima manifieste, en un lapso de 10 días, si quiere ejercer su derecho de dar opinión cuando en el marco de la ejecución de pena, él haga los pedidos de salidas.
El fiscal Candioti valoró la sentencia: “Este caso es muy grave. En juicio hablamos de la pérdida de subjetividad que sufrió la víctima y el daño que se le hizo. Ella firmaba sus primeras declaraciones con su apellido pero con el nombre de pila de su explotador. Escribía ‘Ángel’, esto nos pareció una pérdida de subjetividad terrible, qué más prueba que poner el nombre de él en las dos primeras declaraciones. Las psicólogas del programa construyeron un informe diciendo que ella tenía pérdida de subjetividad y no sabían la circunstancia en las que ella firmó con el nombre de él. Había también una situación de control, no estaba engrilletada, sino que había un encarcelamiento psicológico, un avasallamiento de la individualidad de la víctima”.
