Ahora, al planteo se sumó el bloque de concejales de “Juntos por el Cambio”, que reclamó al Ejecutivo Municipal que “se informen las medidas adoptadas y el desarrollo del sumario administrativo abierto al respecto”, ante la denuncia radicada contra el titular del área municipal, Néstor Pintos.
“En virtud de la reciente nota de la Asociación de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú (ATM), en relación a los supuestos casos de la violencia laboral, acoso y abuso por parte del funcionario responsable de Defensa Civil, Néstor Pintos, contra sus compañeras y compañeros de trabajo”, presentada ante la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Gualeguaychú, los concejales de Juntos por el Cambio solicitaron a dicha área “que se informen las medidas adoptadas y el desarrollo del sumario administrativo abierto al respecto”.
Los concejales señalaron que el hecho denunciado por ATM “es de suma gravedad institucional y merece ser investigado por el Departamento Ejecutivo Municipal, sin que exista ningún tipo de dilación ni encubrimiento, ya que lo explicitado indica reiterados casos de violencia laboral, acoso y abuso por parte de un funcionario de la actual gestión comunal”.
La nota de referencia da cuenta de que los hechos relatados por las víctimas tendrían larga data y habrían sido denunciados ante funcionarios de distintos niveles y los directores de personal municipal anterior y presente, sin haberse tomado medidas de fondo que imposibiliten la reiteración de los acosos.
Los concejales Pablo Echandi, Juan Olano y Alejandra Leissa indicaron que “según consta en la denuncia elevada días pasados al secretario de Gobierno, Agustín Sosa, habría ocurrido que ante la anuencia y/o complicidad de los funcionarios municipales actuales, muchas de las víctimas no habrían encontrado otro camino que la renuncia a su trabajo o bien el pedido del pase a otras áreas. De comprobarse este accionar, se estaría ante un hecho grave y marcaría una fuerte contradicción con el relato de la actual gestión”.
“Desigualdad manifiesta”
Remarcaron, además, que “debe tenerse en cuenta que de constatarse los hechos se estaría ante una violación sistemática del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -ratificado por el Congreso de la Nación mediante la Ley N° 27.580 – que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género; entre otras normativas”. “A su vez, en el ámbito municipal está vigente la Ordenanza Nº 12.399/2020 que aprueba y pone en vigencia el Protocolo de acción para situaciones de violencia y discriminación por cuestiones de género”, recordaron.
Recientemente, también en Concordia se planteó un escenario similar. Fue en el propio seno del Concejo Deliberante de Concordia donde el edil Juan Domingo Gallo (PJ) pidió la aplicación de la Ley Micaela para el caso de Maximiliano Benedetto, que era director municipal hasta que se lo denunció ante la Justicia por violencia de género y abuso, entre otros cargos. En Gualeguaychú, los representantes de “Juntos por el Cambio” indicaron que las presuntas acciones de violencia, acoso y abuso expuestas, ubica a las y los agentes municipales “en una situación de desigualdad manifiesta por tratarse de actitudes que habrían sido ejercidas por un funcionario, que incluso acarrearía denuncias anteriores, aunque sin soluciones para las y los damnificados. En ese sentido, también se solicitó que se informe al Concejo Deliberante el detalle de las supuestas denuncias previas contra Pintos que da cuenta ATM, su respectiva evaluación y sanciones adoptadas en caso de que hubiere”.
