“Porque sin la reglamentación, los alcances de la ley 10.930 no se han podido efectivizar”, dicen desde el sindicato.
“Desde noviembre del año pasado, UPCN tuvo una participación activa en la comisión de reglamentación con propuestas y es público que hemos alzado la voz para reclamar por las demoras e indefiniciones. Si bien se ha avanzado con algunos artículos, del tema central que es el salarial no tenemos novedades. Las autoridades hace meses se mantienen en silencio respecto de este punto, y no hay ninguna señal que permita pensar que en el corto plazo algo va a cambiar”, dijo la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez.
La dirigente señaló que “se van pasando responsabilidades de un ministerio a otro, pero lo cierto es que no sabemos cuál es la intención ni cuándo se va a definir este proceso”. Si bien la comisión creada por la misma Ley 10.930 para la reglamentación mantenía reuniones periódicas, Domínguez informó que “hace varias semanas no se reúne esperando, por un lado, que el área Legal del Ministerio de Salud redacte la reglamentación del articulado, pero también porque falta definir criterios y aplicación respecto del escalafón y los distintos adicionales que contempla la ley”, remarcó.
“El 27 de octubre se va a cumplir un año de la sanción; un año de aquella fecha en la que todos celebrábamos que iba a haber una mejora para Enfermería y por desidia del gobierno, aún no ha tenido impacto en la realidad de los trabajadores. Está ocurriendo lo que venimos queriendo evitar desde los primeros meses del año, con reclamos, con pedidos públicos de definiciones”, insistió Domínguez.
“Que el Ejecutivo promulgue una ley y no se ocupe a través de sus funcionarios a reglamentarla para hacerla operativa es un engaño a los trabajadores. Sin dudas, esto afecta el trabajo de buena fe, la confianza, y es una advertencia con relación a otros proyectos que tienen pendiente el trámite legislativo. Esta situación nos obliga a que cada vez que pretendamos una ley para los trabajadores evitemos la intervención del Ejecutivo en la letra chica de la reglamentación, porque evidentemente no lo hace”, lamentó.
“Al final, le vamos a dar la razón a algunos legisladores de la oposición que plantearon en su momento que esperaban que no pasara con la Ley de Enfermería lo mismo que con el Régimen jurídico, cuya reglamentación se dilató en el tiempo”, subrayó.
Sobre la ley
El 27 de octubre de 2021, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio sanción definitiva a la Ley de Enfermería. La norma establece el marco regulatorio de la carrera de Enfermería para el personal que realice actividades específicas en las dependencias que funcionan en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia.La ley, dice en su articulado, “determina el vínculo laboral entre el Estado provincial y los trabajadores y trabajadoras de enfermería regulando su ingreso, permanencia, promoción y egreso, estando su naturaleza comprendida dentro de las relaciones del empleo público provincial”. Los profesionales tendrán su estabilidad ; los enfermeros “que no integren la planta permanente se denominarán suplentes. El personal suplente estará sujeto a los mismos deberes que el personal titular y gozará de los derechos que determine la reglamentación”.
La designación del personal suplente, agrega la ley, se realizará de acuerdo a las siguientes pautas:
En los hospitales intervendrá el Departamento de Enfermería, la División de Enfermería y la Comisión Evaluadora de Suplentes.
En los centros de salud intervendrá el Supervisor o Supervisora de Atención Primaria de la Salud, enfermero o enfermera responsable del centro asistencial, director de centro de salud donde se genere la vacante. En los Centros de Salud que cuenten con más de 3 enfermeros intervendrá también la Comisión Evaluadora de Suplentes
“A tal fin –especifica–, se confeccionará en los hospitales y centros de salud un padrón en el que se contemple la antigüedad, evaluación de ingreso y evaluación de desempeño para quienes ya se encuentren ingresados en el sistema”.
Pero el punto central es la reglamentación de la ley y, sobre todo, la previsión presupuestaria para la cobertura salarial del nuevo escalafón al que se dio forma.
