“Las provincias en general estamos presentándonos apoyando ese planteo del Estado nacional, atento a que vamos a sufrir consecuencias patrimoniales por la sentencia de la Corte Suprema”, fue uno de sus principales argumentos. El fiscal recordó que, el 24 de abril de 2022, la provincia de Entre Ríos se presentó intentando incorporarse como amicus curiae, “una figura que no significa ser parte en un proceso, porque nosotros aún no lo somos, sino que es una especie de colaborador en el sentido de que participa de la formación de la decisión del tribunal, exponiendo su punto de vista dado que tiene un conocimiento directo y técnico de la cuestión”.
A todo esto, el doctor Rodríguez Signes dejó aclarado que la Corte “no proveyó ese escrito” y que, con posterioridad, se dictó la medida cautelar por la cual “la Corte Suprema establece que cautelarmente hay que darle a la provincia de Buenos Aires el 2,9 por ciento de la coparticipación, es decir que hizo lugar parcialmente a la petición del gobierno de la Ciudad Autónoma”.
“Contra esa resolución, la procuración del Tesoro de la Nación interpuso un recurso de revocatoria in extremis, a la par que recusó a los integrantes del máximo tribunal”, añadió como dato. El fiscal de Estado entrerriano apuntó que “si bien la decisión cautelar no afecta la coparticipación secundaria, sí afecta la coparticipación primaria y al disminuir los recursos destinado al Estado nacional que a su vez se los destina a las provincias para desviarlos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indudablemente causa o va a causar un perjuicio concreto que todavía no sabemos la medida ni a qué provincia ni a cuántas, puede ser una o más le va a producir consecuencias en las prestaciones de sus servicios, obras o lo que fuere”.
Asimismo, anticipó que desde Entre Ríos “se está evaluando la posibilidad de presentarnos como parte en ese proceso”.
