Quien habla con El Entre Ríos es el Dr. Alfredo Scheytt, presidente del Colegio de Odontológos de Entre Ríos y se refiere al reciente decreto del Ejecutivo provincial, suspendiendo la norma arancelaria de la entidad. “Tomamos conocimiento del decreto esta mañana (martes). Anoche tuvimos una reunión con autoridades de todas las departamentales de la provincia y surgió esto, pero no teníamos nada concreto. Por supuesto que todos lo repudiaban”.
“Estamos pidiendo opinión a las delegaciones. Hoy la mesa ejecutiva se va a reunir con los asesores legales y veremos los lineamientos a seguir. Somos respetuosos de las decisiones gubernamentales y creo que hay estudiar esta suspensión”.
A continuación, Scheytt hace una síntesis del conflicto y de los episodios que se fueron sucediendo.
“Esto comenzó en la presidencia anterior, cuando el Círculo de Paraná pidió al Poder Ejecutivo la intervención sobre la norma arancelaria, que todavía no estaba en vigencia. Acompañé al Dr. Ricardo García, que era el presidente del colegio en ese momento, a una reunión con la Dra. Rosario Romero (ministra de Gobierno y Justicia de la provincia), donde explicamos qué era la norma arancelaria y por dónde venía este pedido de intervención”.
“Empezamos a trabajar en la norma que sería para cumplimiento obligatorio de los odontólogos, no de las obras sociales. En 2021 el consejo directivo hizo la resolución 387/21 con las normas arancelarias mínimas y obligatorias; y el 404, donde deben presentarse los convenios para la homologación del colegio”.
“Después el Círculo de Paraná, hizo una presentación en la Cámara Contenciosa Administrativa, declarándola nula, juicio que todavía está en curso”.
“Luego tuvimos reuniones con la gente de Iosper. Siempre se culpó a la norma de no llegar a un acuerdo con las instituciones, pero en realidad el acuerdo de convenios prestacionales se viene perdiendo por parte de Iosper desde 2019, cuando esta norma surgió en 2021. O sea que culparla de no poder tener un convenio la obra social de la provincia, me parece injusto”, opina el presidente del COER.
“En diciembre hicimos una encuesta en el Colegio de Odontólogos, cuando IOSPER saca por los diarios lo que pagaría una prestación odontológica como si fuese una oferta de cualquier producto, diciendo cuánto pagaría una extracción dentaria, cuando es una práctica quirúrgica”.
“Tenemos un padrón de 1.400 matriculados, de los cuales estimamos que 1.200 ejercen la práctica activa y alrededor de 1.000 atienden a la seguridad social. Sobre 700 encuestados, el 98% dijo que no trabajaría por esos aranceles y el 94% respetan la norma arancelaria”.
“Esa encuesta la llevamos a una reunión en Casa de Gobierno con el Ministerio de Salud y gente de Iosper, pero la consideraron inválida porque no era anónima, siendo que era exclusivamente para los matriculados”.
“Después Iosper pidió un informe a la Fiscalía del Estado y llegamos a este decreto que suspende nuestras resoluciones hasta tanto la cuestión se resuelva mediante mecanismos no adversariales y conciliatorios”.
“Hemos llevado nuestra estructura de costos, nuestros honorarios al Iosper y el Ministerio de Salud para que sean evaluados y reformados si era necesario. Nunca recibimos respuesta en base a eso, ni se evaluó si estaban bien o mal”, dice cerrando el repaso del extenso conflicto.
“Estamos abiertos al diálogo. Veremos de sentarnos en una mesa, presentando nuestros honorarios y aranceles al Poder Ejecutivo para que sean evaluados”.
