Desde el Ministerio Público de la Defensa, se informó que efectuaron la presentación ante el fiscal federal en turno, Martín Cabrera, secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos, dependiente del Ministerio Público de la Defensa; Marcia López, defensora del Pueblo de Paraná; Sandra Salina, representante ante el Consejo Federal de Discapacidad por Entre Ríos; Cristina Ripari, directora de Integración y Discapacidad de la Municipalidad de Paraná; Delfina Recalde, Sol Boeykens y Yasna Hamann, profesionales de la División Trabajo Social del Hospital Escuela de Salud Mental; Luisina Franco Mangioni, integrante del equipo técnico del Órgano de Revisión, y Diego Vélez, director del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).
En el comunicado oficial, se recordó: "Como es de conocimiento público, la Andis dispuso auditar las pensiones no contributivas de las que son beneficiarias personas con discapacidad, para lo cual realizó citaciones a evaluaciones presenciales. Una de ellas tuvo lugar entre el 1 y el 8 de agosto en oficinas que se montaron en un hotel céntrico de la capital provincial, para lo cual la Agencia citó a una gran cantidad de residentes en el departamento Paraná. La asistencia a esta convocatoria es condición para continuar percibiendo la pensión y para la inclusión en el programa Incluir Salud".
Y se agregó: "En aquella ocasión, representantes de los organismos denunciantes observaron que las personas con discapacidad eran atendidas por jóvenes que manifestaban pertenecer a una consultora contratada por Andis, que no eran profesionales de la Medicina y que se limitaban a registrar los datos filiatorios y los diagnósticos de los beneficiarios". Asimismo, se agregó, "emitían una constancia de asistencia en la que figuraba una firma escaneada y un sello que decía “Leandro Peñaloza, cardiólogo”, con un número de matrícula ilegible. Otras constancias tenían la firma escaneada y el sello de “Dr. Lapentina Claudio, médico”, también con número de matrícula ilegible".
Asimismo, el comunicado señala que "el cardiólogo Peñaloza, según información periodística, es oriundo de la ciudad de Pergamino, denunció la falsificación de su sello en auditorías de pensiones por discapacidad en la provincia de Misiones y ha manifestado que no posee ningún vínculo con Andis. Por lo tanto, se presume que el mismo delito podría haberse cometido en Paraná".
"En consecuencia, los organismos denunciantes solicitaron a la Justicia federal que realice las medidas que se consideren pertinentes para investigar el hecho denunciado, al tiempo que se pusieron a disposición para efectuar las ampliaciones que se consideren necesarias", finalizaron desde el Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos.
