La iniciativa busca realizar una modificación en el modo en que el Código Procesal Penal de Entre Ríos regula los denominados “Juicios Abreviados”, a partir de la modificación de los artículos 391° del Libro Segundo, Título III, Capítulo V y 479° del Libro Tercero, Título II, Capítulo de la Ley Provincial N° 9.754, frenando la utilización de este tipo de procesos cuando el hecho investigado se trate de un delito cometido contra la Administración Pública, por determinados funcionarios públicos, en ejercicio u ocasión de sus funciones.
El proyecto indica que “no procederán los abreviados en los supuestos de los delitos de cohecho en todas sus formas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales concusión ni enriquecimiento ilícito enunciados en los artículos 256, 256 bis, 257, 258, 258 bis, 260, 261, 265, 266, 267, 268, 268 (2) y 268 (3) del Código Penal de la Nación Argentina (Ley 11.179 T.O. 1984 actualizado)- para las personas que revistan la calidad de funcionarios públicos que, en ejercicio u ocasión de sus funciones, intervengan en la comisión del delito y se desempeñan como directores/ras o equivalente cuya competencia tenga directa relación en la comisión del hecho delictivo o en niveles jerárquicos superiores, sea que hayan sido elegidos o designados para cumplir dicha función”
También el proyecto suscribe que “quienes se desempeñen como directores/as o equivalentes sólo podrán acceder al procedimiento de Juicio Abreviado si brindasen información que permita esclarecer el hecho investigado y responsabilizar a los autores que ejerzan un nivel jerárquico superior al peticionante. Lo que enfatiza la imperiosa necesidad de investigar las altas esferas del poder y no solo los escalones menores, en el Proceso Penal”
El objetivo del juicio abreviado
El denominado “Juicio Abreviado” permite que, a partir del reconocimiento del ilícito cometido, el imputado se reconozca culpable, acuerde una pena reducida con la fiscalía y evite el Juicio Oral y Público en el que se supone que la condena sería mayor.Para graficar el fin que tiene la iniciativa, Laner citó el reciente caso del Dr. Guillermo Smaldone, ex Ministro de Trabajo (2012 a 2014) y ex titular del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos (2014 a 2016), un hombre clave en la denominada “Causa Coimas”, quien cerró un acuerdo de Juicio Abreviado (acordó cumplir una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 90 mil pesos) estando comprobada la existencia de cohecho.
“Recordemos que el Dr. Smaldone paso de declararse inocente en sus extensos alegatos, a terminar reconociendo su responsabilidad en la denominada “Causa Coimas” y reconoció que cometió actos de corrupción en perjuicio del Estado entrerriano”
La legisladora explica en su fundamentación que el instituto de “Juicios Abreviados” estuvo pensado desde sus inicios con el fin de brindar celeridad a las investigaciones penales, descongestionando el sistema penal, centrando los esfuerzos del Estado en llevar a juicio a aquellos hechos delictivos que revisten gravedad, sea por los bienes jurídicos en juego y la especial calidad de sus autores. Y los delitos contra la administración pública, sin dudas, se encuentran incluidos en este grupo.
“Un alto porcentaje de las causas culminan con la aplicación del juicio abreviado, aún en causas de enorme trascendencia social (como los enriquecimientos ilícitos, peculados, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, cohecho, etc.), provocando en la sociedad un descreimiento en este instrumento valioso para nuestro Código. La gravedad institucional que revistan los delitos cometidos por determinados funcionarios públicos amerita, sin lugar a dudas, que la sociedad pueda conocer la verdad de las causas en detalle, a través del mecanismo del Juicio Oral y Público” señaló.
En los casos puntuales en los que centró su proyecto la diputada Laner, son aquellos cometidos por personas que estando en la función pública, atentan contra el mismo Estado que están llamados a administrar correctamente y que tienen el deber y la responsabilidad de ponerlo al servicio de los ciudadanos y no servirse de él.
Extractos del proyecto
“Estamos observando que la instancia del Juicio Abreviado termina funcionando como una vía para que las investigaciones no se profundicen más allá de los delitos evidentes, además, obtura la posibilidad que el Estado recupere de verdad lo robado” afirmó Laner, quien busca a través de este proyecto que en la provincia se siente un precedente en el tratamiento de los casos de corrupción.El juicio abreviado tiene y debe tener sus límites de interferencia, buscando privilegiar la calidad por sobre la cantidad de resolución de causas penales en procesos judiciales, lo que se cree resulta un gran acierto y una necesidad imperiosa.
Así entonces, mediante esta limitación, se busca recuperar la etapa de investigación, de fiscales que ejerzan su rol de acusación y que sean aplicadas las sanciones que corresponden por los delitos penales expresados, sin que ello implique, un menoscabo a los derechos constitucionales que todo ciudadano y habitante de la República Argentina mediante nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos garantizan.
La diputada sostuvo finalmente que “esta reforma al Código Procesal Penal aparece en un contexto donde la política tiene que dar señales, más allá de las ideologías o de las pertenencias políticas y superar la ola moralizadora para empezar a dar una lucha seria, profunda y esperanzadora”
La lucha contra la corrupción debe entenderse como un proceso en el que todos tenemos responsabilidades: cada uno a su nivel y con diferentes alcances. Claro está, que el deber de quienes tenemos responsabilidades institucionales, es inmensamente mayor y, más aún, cuando la sociedad, nos ha confiado la administración correcta de los bienes públicos"
“Estoy convencida que somos muchos, a los que nos une la intención de aunar todos los esfuerzos que sean necesarios para acabar con la corrupción; que es uno de los males que más debilita y amenaza el sistema democrático y socava las instituciones”
Por esta razón, reflexionó la legisladora “es indispensable que se castigue de manera efectiva, severa y ejemplar a los corruptos, sin consideraciones ni miramientos, con la igualdad ante la ley como principio constitucional”
“Todos debemos asumir un compromiso en esta lucha, que en definitiva más allá de abordar un problema específico como el de la corrupción; incluyen decisiones y compromisos que afectan a nuestros hijos, a la próxima generación y el futuro que le dejamos a muchos” concluyó Laner.
