Si bien las señales de alerta se venían advirtiendo desde hace tiempo, y en julio pasado se había notificado sobre la posibilidad de tener que prorratear los ingresos, la medida finalmente se concretó una vez finalizado el décimo mes del año. La decisión se adoptó en cumplimiento del artículo 55º de la ordenanza Nº 864/1994, que establece los mecanismos a aplicar cuando los fondos resultan insuficientes para garantizar el pago regular de las prestaciones a jubilados y pensionados.
Esta norma dispone que, en tales casos, la Caja debe suspender la concesión de nuevas jubilaciones y pensiones, afectar los fondos disponibles al pago prorrateado entre todos los beneficiarios y remitir las actuaciones al Concejo Deliberante para que adopte medidas tendientes a regularizar la situación. En este marco, la institución descontó los gastos de funcionamiento y procedió a distribuir proporcionalmente los recursos restantes entre las prestaciones vigentes. Es decir que al repartir el dinero se efectuó el mismo descuento porcentual a cada beneficio hasta el límite de los fondos disponibles.
La medida impacta en alrededor de 120 personas del sector pasivo, de las cuales un 70 por ciento corresponde a jubilados y el 30 por ciento restante a pensionados del régimen municipal. Frente a un escenario que califican como de extrema gravedad financiera, el Concejo Deliberante se apresta a debatir y aprobar nuevas modificaciones al régimen previsional con el propósito de sostener la viabilidad del sistema en el corto y mediano plazo.
Con la proximidad del pago del medio aguinaldo, crece la preocupación entre jubilados y pensionados sobre la posibilidad de que los descuentos se mantengan o incluso se profundicen. Además, un juicio a la Caja -que ya cuenta con sentencia condenatoria- genera un clima de tensión que podría impactar aún más en las finanzas del régimen.
