Mientras los fiscales buscan consolidar la hipótesis de una organización delictiva que sustrajo sumas millonarias de las arcas del Estado entrerriano, las defensas argumentan que se trata de información “impertinente” y “sobreabundante”.
Los representantes de la Fiscalía fundamentaron la necesidad de admitir como evidencia los informes remitidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), registros de inmuebles y automotores de la provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de documentación de diversas entidades bancarias (Banco Nación, HSBC, Hipotecario, Santander, Banco Provincia y Credicoop).
De acuerdo al planteo acusatorio, esta masa documental resulta indispensable para:
Determinar con precisión el estado patrimonial de los imputados.
Trazar operaciones de compraventa de bienes muebles e inmuebles, transacciones en moneda extranjera y movimientos bancarios.
Detectar la participación de los acusados —y sus entornos íntimos— en fideicomisos inmobiliarios comerciales.
Los fiscales rechazaron las impugnaciones defensivas al sostener que estas pruebas permiten visibilizar vínculos que van más allá de las relaciones de pareja vigentes al momento de los hechos. En esa línea, argumentaron que se detectaron estructuras de fideicomisos donde confluyen no solo múltiples imputados, sino también sus respectivas cónyuges.
Por su parte, los abogados defensores articularon un rechazo general y particular a la inclusión de estas pruebas. Sostuvieron que gran parte de los datos se centran en mujeres que actualmente no están imputadas, algunas que fueron desvinculadas formalmente en los inicios de la investigación, personas sin relación directa con la maniobra o que resultaron beneficiadas con la Suspensión del Juicio a Prueba (Probation).
El debate técnico sumó ribetes particulares en las últimas horas:
Planteo por Violencia de Género: El letrado que asumió recientemente la defensa de Jorge De Breuil argumentó que la exposición y el escrutinio de los datos financieros de la esposa de su cliente —quien fue investigada al inicio del proceso y luego apartada— configuraría un supuesto de violencia de género.
Cuentas Sueldo y Movimientos Cotidianos: Las defensas cuestionaron severamente el análisis fiscal sobre cuentas sueldo y cuentas compartidas de los matrimonios. Señalaron que los movimientos de fondos son habituales e instaron a la Fiscalía a precisar cuáles transacciones específicas revisten carácter “irregular” para sustentar la acusación.
Otro de los puntos de fricción durante la jornada fue la solicitud del Ministerio Público de incorporar documentación extraída de la investigación por presunto Enriquecimiento Ilícito que se le sigue al exgobernador Sergio Urribarri. El objetivo de Fiscalía es demostrar que uno de los imputados en la causa de los contratos legislativos figura allí como presunto testaferro de una propiedad de alto valor económico.
En cuanto a la situación procesal de los imputados, se mencionó al concordiense Juan Domingo Orabona. Su abogado defensor, Leopoldo Lambruschini, solicitó formalmente ausentarse de los tramos restantes de la audiencia de remisión tras manifestar que no formulará oposiciones a la evidencia presentada por los fiscales. No obstante, la magistrada Barbagelata notificó que el letrado será convocado de manera obligatoria cuando se traten elementos probatorios que aludan directamente a su defendido.
La resolución definitiva sobre la admisibilidad de todo este caudal probatorio quedó diferida. La jueza de Garantías dictaminará de manera integral sobre las impugnaciones al concluir formalmente la audiencia de remisión a juicio.
