Según informó la Fiscalía, la Investigación Penal Preparatoria (IPP) sustanciada en el legajo Nº 3904/2023, caratulado “Rottoli, Albano Jorge S/ su denuncia”, continúa en curso bajo la órbita del fiscal Juan Sebastián Blanc.
En la respuesta remitida se confirma que “la IPP se encuentra en trámite” y que, entre las medidas ordenadas, “se ha solicitado un informe técnico contable que se encuentra en curso”. Asimismo, se precisó que “por el momento, no existe una modificación de los hechos objeto de imputación ni se formularon imputaciones formales, aguardando los resultados de la pericia dispuesta”.
La contestación oficial ratifica que la investigación sigue en pie y que la Fiscalía todavía reúne elementos de prueba antes de adoptar eventuales definiciones procesales.
El origen de la denuncia
La situación había sido denunciada desde la oposición durante la primera gestión de la intendenta Susana Lambert, que concluyó el 10 de diciembre de 2023.El planteo se apoyó inicialmente en seis decretos y una resolución mediante los cuales se autorizaban contrataciones directas con la firma Abel Viollaz SA, “prescindiéndose de las formalidades procedimentales”.
Los actos administrativos observados fueron el Decreto Nº 51/20 del 12 de febrero de 2020, el Decreto Nº 92/20 del 10 de marzo de 2020, el Decreto Nº 616/21 del 14 de octubre de 2021, el Decreto Nº 695/21 del 24 de noviembre de 2021, el Decreto Nº 780/21 del 23 de diciembre de 2021, la Resolución Nº 93/22 del 18 de marzo de 2022 y el Decreto Nº 474/22 del 12 de agosto de 2022.
A través de esas normas se autorizaban contrataciones directas para tareas de reparación y mantenimiento preventivo de maquinaria municipal. Sin embargo, según el análisis documental efectuado por el denunciante, el entonces edil vecinalista Albano Rottoli, los siete hechos inicialmente señalados habrían derivado en un total de 89 contrataciones que fueron incorporadas al planteo presentado ante la Justicia.
El foco de la investigación
La denuncia puso bajo análisis la actuación del entonces secretario de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad, Adolfo Viollaz, quien era hijo del titular de la empresa contratada -fallecido meses después- y, además, integraba el directorio de la sociedad anónima dedicada a la reparación de maquinarias y venta de repuestos.La firma era contratada por el Estado municipal para trabajos vinculados al mantenimiento del parque vial, circunstancia que motivó los cuestionamientos políticos y posteriormente la intervención judicial.
Por el momento, y de acuerdo con la información suministrada por la Unidad Fiscal, no se han formulado imputaciones formales y la causa permanece en etapa investigativa, a la espera de los resultados del informe técnico contable solicitado por la Fiscalía.
