Desde la entidad destacaron que la institución esté al frente del reclamo y plantearon los puntos que consideran “alarmantes” de la ley: uno fue “la delegación de poderes de la Legislatura hacia el Ejecutivo para prolongar el estado de emergencia”. Y explicaron: “Esto podría generar infinitos juicios por inconstitucionalidad, como así también ocurriría con las nuevas facultades del presidente de la Caja disminuyen el papel del directorio y su influencia real en las decisiones. La emergencia no se puede prorrogar infinitamente, la Constitución dice que debe tener principio y fin, y así lo vamos a reclamar”. Los jubilados se expresaron también acerca del “desenganche” de los haberes de los jubilados con los trabajadores activos, que afectaría a varios sectores del escalafón, disminuyendo de esa manera el cálculo del 82% móvil: “Además, los jubilados cobrarían las actualizaciones en un plazo de aproximadamente tres meses posteriores a los activos, lo que en un contexto de inflación licuaría aún más sus ingresos”.
Además, cuestionaron que se eleve la edad jubilatoria en general dejando de diferenciar a mujeres y varones, “desconociendo el trabajo de cuidado que realizan las primeras; llevando la actividad laboral progresivamente casi al borde del promedio de la expectativa de vida nacional”.
“Otro de los aspectos centrarles es que el proyecto habla de aportes extraordinarios, pudiendo recaer en los jubilados y en los activos, generando un riesgo importante para los jubilados y pensionados que son los sectores de mayor vulnerabilidad”, apuntaron desde la Federación.
Para finalizar, la entidad que nuclea al sector pasivo señaló “el déficit de la Caja no puede trasladarse a los sectores más desprotegidos, la Federación seguirá insistiendo en que los recursos deben obtenerse garantizando siempre el principio de seguridad social”.
